Foto: EDUARDO PARRA/EPVALÈNCIA (EP). El Congreso de los Diputados debatirá y votará el próximo martes los dos decretos leyes relativos al último paquete de medidas económicas para paliar la crisis derivada de la guerra en Ucrania y de los nuevos incentivos para la contratación laboral.
El decreto de medidas anticrisis se aprobó en Consejo de Ministros en diciembre, mientras que el de las nuevas bonificaciones en los contratos y que también introduce una nueva prestación por desempleo para el sector cultural se aprobó en enero.
Ambos decretos leyes están en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero en los 30 días siguientes deben ser examinados por el Congreso para decidir si los convalida o los deroga. Esta vía legislativa, que otorga al Gobierno todo el protagonismo, se reserva para asuntos de urgencia y permite al Ejecutivo ahorrarse la petición de informes a órganos consultivos.
Por un lado, el paquete de medidas anticrisis incluye una serie de prórrogas de rebajas fiscales en el área energética, ayudas directas a familias vulnerables y la eliminación del IVA en determinados alimentos.
En concreto, el decreto suprime el IVA del 4% en los alimentos básicos y reduce del 10 al 5% el mismo impuesto en el aceite y la pasta, elimina la bonificación generalizada a los carburantes -que pasa a beneficiar solo a conductores profesionales- y aprueba ayudas de 950 millones de euros a la industria gasintensiva. A su vez, el paquete incluye un cheque de 200 euros a familias de renta baja.
El Gobierno indicó que las rebajas fiscales incluidas en el decreto provocarán que el Estado deje de recaudar 10.909 millones de euros. Entre los impactos más cuantiosos se encuentra la prórroga del IVA en un 5% para determinados suministros de energía eléctrica, con una pérdida de recaudación de 2.890 millones al año. De su lado, el Estado perderá 604 millones por rebajar el IVA del aceite y la pasta y suprimir el de alimentos básicos.
En lo que se refiere al cheque de 200 euros, que prevé beneficiar a seis millones de personas en 4,2 millones de hogares, la Agencia Estatal de Administración Tributaria estimó un coste de 1.200 millones de euros.
En principio, la convalidación de este decreto no corre peligro para el Gobierno de coalición, porque el PP ha avanzado que no se opondrá, ya que asume buena parte de las medidas o, en todo caso, las considera insuficientes.
El otro decreto ley reordena los incentivos a la contratación, introduce nuevas bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social e incluye una nueva prestación de desempleo para los empleados del sector cultural.
Las nuevas bonificaciones que se incluyen en la ley oscilan entre los 55 y los 366 euros mensuales a favor de la empresa y se refieren principalmente a contratos indefinidos. Además, se introducen dos bonificaciones para trabajadores autónomos. Una primera del 50% de la cotización en contingencias comunidades para trabajadores de Ceuta y Melilla y otra del 100% de los trabajadores del mar en caso de nacimiento o adopción.
Este nuevo decreto ley supondrá un ahorro de 48,1 millones de euros de gasto público, según consta en la memoria económica de la norma. El apartado destinado a desglosar el impacto presupuestario de la norma indica que, en conjunto, las nuevas medidas y novedades contempladas en el real decreto ley suponen un mayor gasto de 197,8 millones de euros. De su lado, las medidas que se suprimen con la entrada en vigor de la norma suponen un ahorro público de 238,93 millones euros anuales.
De este modo, el conjunto de las medidas previstas en el texto conlleva una disminución estimada del gasto público de 36,13 millones de euros al año. A esta cantidad habrá que sumar otros 12 millones de ahorro una vez transcurran los dos años de vigencia de bonificación a la transformación en contratos fijos discontinuos temporales suscritos por trabajadores por cuenta ajenas agrarias.
La nueva prestación para artistas viene de un acuerdo alcanzado en la Comisión de Cultura, por lo que no debería tener problemas para ser convalidado, pero desde el PP ya han criticado la forma elegida por el Gobierno, el decreto ley urgente, pues algunas de sus medidas no van a empezar a aplicarse hasta dentro de seis o nueve meses, tiempo más que suficiente para haberlo tramitado por el procedimiento normal. Es más, los 'populares' no descartan la presentación de un recurso de inconstitucionalidad para dejar en evidencia lo que consideran un abuso del mecanismo del decreto ley.
Los dos decretos leyes deberán ser presentados al Congreso por un miembro del Gobierno, pero en todo caso, a partir de las cuatro de la tarde, en la misma sesión plenaria comparecerá el presidente Pedro Sánchez para informar de todas las medidas para paliar los efectos de la inflación y también de los acuerdos adoptados en los dos últimos Consejos de la Unión Europea.
