Foto: JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANESVALÈNCIA (EP). El Consell Jurídic Consultiu ha emitido 923 dictámenes en 2023, especialmente para la Conselleria de Sanidad, con 354, y los ayuntamientos, con 274. La presidenta del organismo, Margarita Soler, ha celebrado que "en el 99% de las ocasiones" la administración les hace caso.
Así se ha pronunciado Soler en declaraciones a los medios tras entregar la memoria de actuaciones de 2023, en la que se destaca que la mínima cantidad reclamada fue de 10.000 euros y la máxima, de 54,99 millones.
El CJC emitió más de un tercio de sus dictámenes para la Conselleria de Sanidad, algo que Soler ha señalado que es habitual y ocurre "en todos los consejos de España" puesto que en este área se incluyen los dictámenes sobre responsabilidad patrimonial en el ámbito sanitario, el más común que gestiona este organismo.
Después de Sanidad, están los diferentes ayuntamientos, con un total de 274 dictámenes; la Conselleria de Justicia, con 76; Educación, con 50; Servicios Sociales, con 37; Hacienda, con 32; el consorcio del Hospital General de Valencia con 23, la Conselleria de Medio Ambiente, 17 y la de Agricultura, 11. Industria solo tuvo siete requerimientos; Presidencia, cuatro y Cultura, dos.
La mayoría de otras entidades tuvieron menos de cinco dictámenes, entre los que destaca uno para el Tribunal de las Aguas. En el caso de las universidades, se emitieron cinco para la de Alicante, cuatro para la de València y uno para la Miguel Hernández de Elche.
Soler ha explicado que la función del organismo es analizar, con carácter preceptivo y solicitado por la administración. Según ha señalado, el mayor número de dictámenes son en Sanidad porque se incluyen "todas aquellas cuestiones en las que los ciudadanos consideran que no han estado bien atendidos o que las consecuencias de esa atención no han sido las esperadas y las reclamaciones son de más de 30.000 euros".
La presidenta ha destacado que, en el 99% de las ocasiones, las administraciones hacen caso de sus resoluciones. "Lo tenemos contabilizado y la verdad es creo que eso es una cosa buena de nuestra institución".
Entre las observaciones que recoge la memoria, están las relacionadas con la revisión de oficio del impuesto al incremento de los valores del terreno; el restablecimiento del equilibrio económico y el alcance del riesgo y ventura del concesionario de servicios públicos. También se hacen sugerencias para evitar la omisión de trámites de consulta previa.
