Lucía Izquierdo, nuera de Miguel Hernández, junto al alcalde de Elche, Carlos González y la concejala de Cultura, Patricia Maciá durante la inauguración del Centro de Estudios Hernandiano.La sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Elche obliga al Ayuntamiento de Elche a pagar 118.000 euros más 22.392 euros de intereses por romper en la anterior legislatura el acuerdo suscrito en 2010 para que el legado del poeta permaneciera en Elche.
ELCHE. La sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Elche cifrada en 118.000 euros más los intereses acumulados desde el 21 de octubre de 2011 al 22 de noviembre de 2016 elevan a 140.392 euros la cantidad total con la que el Ayuntamiento de Elche tendrá que indemnizar a la familia del poeta Miguel Hernández.
Este fallo responde a la sentencia dictada por el recurso que interpuso la nuera del poeta, Lucía Izquierdo, después de que en la anterior legislatura del Partido Popular se rescindiera el acuerdo que se suscribió con la familia durante el mandato del socialista Alejandro Soler en octubre de 2010. Ese acuerdo, garantizaba la permanencia del legado de Miguel Hernández durante 20 años por un importe de tres millones de euros.
Tras la sentencia, la Junta de Gobierno Local de Elche celebrada este viernes ha aceptado la propuesta para la ejecución de esta decisión judicial que, además, incluye restituir las copias digitalizadas del legado.
La portavoz de la Junta de Gobierno Local, Patricia Maciá, ha señalado que “gracias a la gestión del anterior equipo de gobierno con la alcaldesa Mercedes Alonso, el Ayuntamiento de Elche tiene que pagar estos costes por una sentencia que condena al Ayuntamiento de Elche”.
En noviembre del pasado año, cuando se conoció la sentencia, el Gobierno Local ya mostró su predisposición a hacer frente al pago y no recurrirla “al considerar que el resultado de interponer ese recurso sería incierto, supondría incrementar los gastos judiciales que tendría que soportar el consistorio y un riesgo de una hipotética condena de costas”, según comentó la portavoz de la Junta de Gobierno Local.
Además, se resaltó que el fallo estima parte de lo que piden los demandantes y no accede a la totalidad de la indemnización “que es sensiblemente inferior” a lo que pretendían los herederos que eran 1,6 millones de euros.
Maciá también puso el acento en recordar que “la política debe ejercerse desde el respeto a la ley y los contratos que se firman entre la administración y los particulares o empresas deben estar respaldados por la ley de contratos. La corporación anterior, según esta sentencia, vulneró la ley al no respetar los contratos firmados por el ayuntamiento con una serie de compromisos adquiridos y amparados por la legislación”.
