Barrachina y Pérez Llorca (PP) junto a Llanos y Muñoz (Vox), en la rueda de prensa de la pasada semana. Foto: PPCVVALÈNCIA. Días atrás, el PP y Vox, socios en el Gobierno valenciano, dieron un golpe de efecto en Les Corts con la presentación de cinco proposiciones de ley que suponían una importante enmienda a distintas iniciativas políticas que había impulsado el anterior Govern del Botànic.
Una de las leyes reformadas, en este caso por los populares en solitario, es la de la Agencia Antifraude, donde se modifica entre otras cuestiones la fórmula para elegir al director de la misma: se pasa de tres tercios a mayoría absoluta, una maniobra que permite que los votos de los grupos de la oposición no sean necesarios para designar a la persona que se sitúe al frente.
Sin embargo, otra de las cuestiones que ha pasado más desapercibida es la modificación en lo que se refiere a las retribuciones del director. En la anterior ley, se le asignaba al responsable de la agencia el rango de director general de la Generalitat, lo que implicaba un sueldo anual de unos 64.000 euros brutos.
Ahora, en cambio, el redactado reza lo siguiente: "El director o directora tendrá la condición de autoridad pública y sus retribuciones serán determinadas por acuerdo de la Mesa de Les Corts. En caso de que ostente la condición de funcionario de carrera, sus retribuciones no podrán ser inferiores a las del puesto de trabajo que venía desempeñando en su administración de origen".
Un cambio que abre la puerta a que el nuevo titular del órgano, pendiente de renovación, pueda percibir un salario más alto que el actual. Ya sea porque la Mesa de Les Corts, controlada por PP y Vox, así lo decida, o porque el nuevo responsable de la agencia sea un funcionario de carrera de larga trayectoria, lo que podría suponer que su sueldo en la administración de procedencia sea superior. Una situación esta última en la que, por ejemplo, se encontraría el candidato a dirigir la agencia -considerado próximo al PP-, Eduardo Beut, inspector de la Agencia Tributaria.
A todo ello en la ley se añade una reserva de dos puestos discrecionales en el Gabinete de la agencia. No tendrán que ser ejercidos por funcionarios sino que podrá ser personal eventual -asesores- que cese junto con el director.
Tal y como ha venido informando este diario, los órganos estatutarios atraviesan una situación de bloqueo por la falta de acuerdo entre los dos grandes partidos. En una situación similar se encuentra la Agencia Antifraude. El PP, con esta maniobra del cambio de ley, tendrá manos libres para designar a quien considere oportuno siempre y cuando Vox le preste su apoyo. De esta forma, consideran que mejoran su posición a la hora de forzar que la oposición, formada por PSPV y Compromís, pueda abrirse a consensuar un perfil.
Los populares se escudan en que fue el propio Joan Llinares, actual director, quien en la legislatura pasada se dirigió a los partidos del Consell para pedir ese cambio en la mayoría. De hecho, Llinares se mostró a favor de este cambio legislativo el pasado martes en Les Corts. Quería evitar una situación de bloqueo en la renovación cuando finalizara su mandato, algo que ocurrirá este verano. El Botànic comenzó a impulsar la modificación, pero la acabó aparcando. Ahora hay un nuevo Gobierno que la ha retomado pero, además, podrá guardarse el as en la manga de una mejor retribución a la hora de tantear los perfiles que considere idóneos.
