El Botànic se rompe por las fotovoltaicas y la capacidad de decisión de los alcaldes

VALÈNCIA. Fractura. PSPV, Compromís y Unides Podem no irán de la mano para reformar la ley de Acompañamiento de 2023 y condicionar a través de esta la implantación de fotovoltaicas en la Comunitat Valenciana. Los tres partidos sellaron un acuerdo político en mayo para que así fuese, pero los socialistas finalmente se han desmarcado de aquel pacto y no firmaron este jueves el texto registrado.

La división, sin embargo, no pilla por sorpresa a nadie. Valencianistas y morados, de hecho, daban por sentado que este escenario podía producirse. Incluso, que era el más previsible. Y así ha sido. El PSPV advirtió a última hora de este jueves que se habían desmarcado porque su intención es seguir "la hoja de ruta marcada por la Unión Europea". "Modificar ahora las bases sería cambiar las reglas de juego a mitad suponiendo un retroceso en los expedientes que están ya en tramitación", concluían en un mensaje de difusión. 

En su lugar, Compromís y Unides Podem registraron 25 enmiendas conjuntamente para poner negro sobre blanco aquel acuerdo. Entre ellas, crean la Agencia Valenciana de la Energía, pero también dan mayor poder a los ayuntamientos cuando una empresa presenta un proyecto para instalar renovables en el municipio y establecen una prelación de suelos para las instalaciones. Es decir, ponen condiciones a su implantación. 

En este sentido, han establecido un ranking de suelos sobre los que se instalarían las plantas de forma prioritaria: en primer lugar, los tejados de zonas urbanas; si no fuese posible, lo harían en suelos urbanos; estos irían seguidos de suelos degradados o que no tengan protección; y en última instancia, si ninguna de estas opciones fuera viable para un proyecto concreto, lo harían en suelo no urbanizable. 

Respecto a los ayuntamientos, las enmiendas registradas establecen que durante la tramitación de los expedientes, cuando un proyecto pretenda desarrollarse sobre suelo no urbanizable y no requiera tampoco de declaración de interés comunitario, "el órgano territorial competente requerirá de manera preceptiva" de un informe de los ayuntamientos que se encuentren en el término municipal donde se solicite implantar la actuación. En él los consistorios deberán incluir cualquier cuestión que considere relevante "en el ejercicio de su autonomía y de las competencias que le son propias", pero también si el proyecto cumple con "criterios de localización e implantación". 

Para elaborar estos informes dispondrán de 3 meses y si los informes son desfavorables, esto conllevará el archivo del expediente de forma "definitiva". Si el informe, no obstante, fuera favorable "condicionado", los reparos que pongan serán "vinculantes" y no podrá resolverse los expedientes si no se resuelven las salvedades que el ayuntamiento haya impuesto. 

Compromís y Unides Podem proponen que el "órgano competente en energía" resuelva las autorizaciones de instalación "en el plazo máximo de 10 meses desde que la solicitud sea admitida a trámite". Y, además, que los proyectos con una potencia de generación "menor o igual a 10MW" tengan un carácter prioritario y se tramiten "por procedimiento de urgencia". 

¿Qué decía el acuerdo previo?

Con el decreto ómnibus que aprobó el Consell en mayo se modificó un amplio abanico de normas para hacer frente a la crisis generada por la guerra de Ucrania y se incluyeron una serie de medidas para agilizar la instalación de plantas de energía fotovoltaica. Los cambios no generaron consenso desde el principio en el tripartito, pero para no dinamitar la convalidación del decreto -que incluía normativa variopinta de muchos otros ámbitos-, las tres fuerzas lo secundaron. 

Eso sí, a su vez, como adelantó Valencia Plaza, firmaron un acuerdo político en el que se comprometían a modificar las leyes que permitían esa agilización para instalar renovables en el territorio. En él se concretaban varios aspectos a reformar y dos resultaban especialmente clave: por un lado, el papel que juegan los ayuntamientos de la Comunitat cuando una empresa busca implantar energías renovables en su municipio. 

Por otro, PSPV, Compromís y UP se comprometían a establecer una "prelación de suelos y espacios para la instalación de plantas de energías renovables, priorizando la instalación de centrales fotovoltaicas y parques eólicos en zonas urbanas, industriales y suelos degradados o de nulo valor medioambiental, agrícola o patrimonial, comportando esta priorización la reducción de permisos e informes asociados, para ganar eficiencia y evitar el impacto de infraestructuras de transporte en nuestro territorio". 

Lo que buscaban, con ello, era evitar que se instalaran grandes plantas en espacios agrícolas productivos para, más tarde, tener que trasladar la energía generada a zonas urbanas, que es donde existe una mayor demanda energética. Un traslado que comportaría, según explican a este diario, una huella de carbono "innecesaria". Un objetivo que finalmente tan solo ha sido recogida a través de enmiendas de Compromís y Unides Podem, pero no del PSPV. 

UP pide reforzar el personal de ayuntamientos

Además de las enmiendas pactadas de forma conjunta entre Compromís y Unides Podem, los morados también han registrado otras en solitario. El grupo parlamentario pide que se refuerce el personal de ayuntamientos para tramitar expedientes y realizar los informes, dado que al suponer una carga más de trabajo y nuevas funciones, creen que esto debe ir acompañado de aumento de personal. También piden que se se revisen las licencias ambientales de los proyectos que ahora mismo están en tramitación. 

Unides Podem, además, propone que el 30% de la energía generada en plantas fotovoltaicas sea consumida en la misma comarca en la que se produce y crear un órgano de participación en la gestión de energía de las plantas. 

Por su parte, huelga recordar que además de la división respecto a las renovables, el tripartito también se ha dividido por la bonificación del 99% en el Impuesto de Sucesiones que el PSPV ha ampliado a las empresas familiares. Un planteamiento al que tanto Compromís como Unides Podem ya advirtieron que se opondrían. Los primeros, de hecho, aseguraron que esta reforma era "un gran error que rompía los acuedos del Botànic".