ELCHE. El Síndic de Greuges ha abierto un nuevo expediente al equipo de gobierno por vulnerar el derecho fundamental de acceso a la información pública, de la oposición. En este caso, a cuenta de una denuncia realizada por el grupo socialista, denunciando que llevan desde febrero seis solicitudes de información que no han sido respondidas por parte del Ejecutivo local en tiempo y forma. Desde el PSOE entienden que no se cumpla con los cinco día que exige la Ley para responder, pero entienden que tantos meses, sobre todo para responder a documentos de fácil consulta, consideran que es un "bloqueo" a la información, y señalan directamente a la pata del Partido Popular, incidiendo en que "acumulan 8 recursos en tres años, de los cuales 6 han sido resueltos a nuestro favor, evidenciando un uso partidista de los medios municipales y la inactividad en responder a solicitudes de información", explica la concejal Patricia Macià.

En este sentido, la concejal explica que las dos quejas inadmitidas lo fueron "porque ya se habían resuelto con el mismo objeto previamente, el uso indebido de las herramientas de comunicación de forma partidista". Hechos que aluden a comparecencias realizadas desde la sala de prensa o redes institucionales en las que atacaban al PSOE, subraya la edil, situaciones en las que el Síndic exige un uso apartidista y con rigor, limitándose a cuestiones de ámbito estrictamente municipal.

De actividades en colegios por el año jubilar a informes municipales

Sobre el expediente actual abierto, el grupo socialista preguntaba a qué colegios se fue a hacer difusión del año jubilar, destinando 22.000 euros, a lo que Macià entiende que no responden "porque creemos que no fueron colegios públicos"; el informe de tráfico de cara a la propuesta de reordenación en el entorno de L'Aljub; el informe de Patrimonio que justifica unas bases más restrictivas para solicitar bonificaciones al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI); si la reforma de la plaza de Santa María tiene posibles afecciones a la basílica por la obra; también los informes que justificaban la retirada y cambio de lugar del monumento de Salvador Soria; y por último, qué transferencias de dinero ha realizado la Generalitat a la administración local por San Antón. Todas las cuestiones planteadas desde febrero hasta ahora.

La denuncia fue recogida y tramitada por el órgano fiscalizador el 10 de junio a ambas partes, y ahora el Consistorio tiene un mes para responder, aunque la concejal insiste en que el asunto siempre funciona igual: "El Síndic recomienda el buen uso de las redes sociales y la web, evitando la descalificación de la oposición, utilizando siempre las herramientas de forma neutral y pide que se responda motivadamente. El gobierno dirá que están en vías de solución y después volverán a las andadas". 

Asimismo, Macià critica que siempre sea un asesor de Alcaldía quien responda, y no los concejales interpelados. En este caso, Antonio Luis Martínez-Pujalte, adjunto del gabinete de Alcaldía. Asevera que esta situación "impide la labor de fiscalización de la oposición" y que cuando son temas incómodos para el bipartito, no se responde, como es el caso. El grupo socialista recuerda que en su día a ellos también les tiró de las orejas el Síndic, pero después cumplieron, y considera que PP y Vox en este caso son reiterativos con estas actuaciones, unas por esta falta de acceso a la información, otras por el uso partidista, que también se han aceptado por el Síndic.