ITV. Foto: AECOVAVALÈNCIA (EP). Los grupos del Botànic (PSPV-Compromís-UP) han pedido a la oposición que respalde el decreto-ley que autoriza la creación de una sociedad de inspección técnica de vehículos para asumir la gestión de las ITV a partir de 2023, tras 25 años de privatización y en sustitución de las siete empresas concesionarias actuales.
"Ponemos fin a una etapa oscura", ha aseverado la consellera de Transición Ecológica, Mireia Mollà, en el pleno de Les Corts a un día de la votación de la convalidación. Precisamente la semana pasada, un juzgado de Valencia procesó al 'expresident' Eduardo Zaplana por el 'caso Erial', que investiga el supuesto cobro de más de diez millones en comisiones derivadas de concesiones de ITV y parques eólicos de la Comunitat.
El contrato de las ITV expira el 31 de diciembre de este año y la Generalitat prometió que el proceso de reversión sería "amable", mediante un grupo de trabajo con las concesionarias. Estas empresas se quejaron y avanzaron que pedirían una prórroga y presentarían alternativas mixtas de gestión.
En el pleno de Les Corts de este miércoles, Mollà ha presentado el decreto en sustitución del titular de Economía, Rafa Climent -de viaje institucional en una feria comercial de Milán-, y ha garantizado que el objetivo de la Generalitat es poner fin a 25 años de privatización, en cumplimiento del pacto de gobierno y en "contacto directo" con las empresas concesionarias.
"Nos hemos arremangado para superar una etapa oscura", ha dicho en alusión a la "corrupción" de las ITV durante el anterior gobierno del PPCV. Ha asegurado que todavía hay documentación relacionada "precintada por la Guardia Civil" y ha acusado a los 'populares' de privatizar la gestión sin ningún documento que lo avalara.
Por contra, Mollà (Compromís) ha prometido que el gobierno del Botànic trabajará a partir del próximo año para ofrecer un servicio de ITV "de calidad, moderno y seguro", con la intención de abrir nuevas estaciones y reducir las tarifas.
Entre la oposición, el diputado del PP Felipe Carrasco ha afeado al conseller Climent que esté "ausente" en el debate y al Consell que vaya "en contra de la colaboración público-privada" y no tenga "un plan" para los más de mil contratados por las concesionarias. "Retiren este decreto porque faltan al respeto a los valencianos", ha urgido, ya que cree que el texto está hecho "deprisa y corriendo".
Yaneth Giraldo (Cs) ha dicho que los del Botànic son "los socios aventajados del PP" por impulsar la reversión "sin estudios", mientras Ana Mª Cerdán (Vox) se ha preguntado "dónde está la urgencia", ha recordado que solo cuatro autonomías tienen gestión directa y ha alertado que el decreto implica el cierre de la estación de Villena.
En sus réplicas, Paco García (Compromís) ha sostenido que la reversión cuenta con los informes necesarios y con respaldo jurídico para no desarrollarla "al tuntún". También del Botànic, el socialista José Chulvi ha reiterado que la desprivatización es uno de los "grandes objetivos" del tripartito y Ferran Martínez (UP) ha señalado que privatizar o "saquear" no es lo mismo que colaboración público-privada.
Por otro lado, la DGT ha anunciado que cuenta desde este miércoles con sesenta nuevos examinadores interinos en toda España (de los que cinco corresponden a la Comunitat Valenciana), aunque un tercio de ellos ya está ejerciendo sus funciones desde el pasado 9 de mayo al haber realizado con anterioridad el curso de cualificación obligatorio para ello.
A esta cifra hay que sumarle además los 47 funcionarios de carrera correspondientes a la oferta de empleo público de 2021 que tomaron posesión de sus puestos el pasado mes de abril y que se encuentran ya plenamente incorporados a la plantilla de examinadores.
Todas estas incorporaciones van a suponer que la plantilla de examinadores tenga una mayor capacidad para afrontar la alta demanda en los meses de mayor demanda de esta pruebas, en torno al verano.
