El alcalde de Alicante, Luis Barcala, en un acto de toma de posesión de nuevos agentes, en imagen de archivo.ALICANTE. El bipartito al frente del Ayuntamiento de Alicante, compuesto por PP y Cs, deshoja la margarita sobre el futuro de las oposiciones a la Policía Local que afectan al turno de movilidad, con 30 plazas en juego. Los dos partidos aliados al frente de la gestión municipal han decidido ya repetir las pruebas de esa parte del proceso, por el que se da cabida al traslado de agentes en activo en otros municipios, tras renunciar a recurrir en apelación las siete sentencias acumuladas hasta ahora, que anulaban distintas decisiones adoptadas por el tribunal de esa oposición, y conminaban a retrotraer el proceso para abordar una nueva valoración de los aspirantes recurrentes.
En esas siete resoluciones judiciales, dictadas por varios juzgados de lo Contencioso de Alicante, se daba la razón a los opositores al apreciar errores en la baremación de las pruebas que inducían a su exclusión, pese a que sí cumplían los requisitos para ocupar las plazas convocadas. Esos errores se encuadraban en alguno de los tres ejercicios de los que constaba la convocatoria: un test psicotécnico, el reconocimiento médico y la evaluación de méritos.
Como informó este diario, en una de esas sentencias se concluía que el tribunal había tenido en consideración de manera indebida el título de diplomado en Criminología aportado por seis aspirantes cuando esa titulación en realidad no podía computarse como merito. En otras sentencias, se daba por anulada la puntuación asignada a los recurrentes en la prueba psicotécnica, tras apreciar la existencia de arbitrariedad en los parámetros que el tribunal de la oposición había decidido baremar, frente a los que se aplicaron en las convocatorias del turno libre y del turno de consolidación. En suma, se concluía que en la prueba psicotécnica de las tres convocatorias debía haber existido un equilibrio de todos los conceptos a evaluar.
Y, por último, en otras sentencias se dejaba sin efecto las conclusiones de los reconocimientos elaborados por el centro médico con el que el Ayuntamiento había concertado la práctica de esa prueba, tras aplicar el principio de especialidad y conferir mayor validez al reconocimiento elaborado por un médico especialista que aportaron los opositores recurrentes respecto a sus capacidades visuales o auditivas. Es más, en esas sentencias también se apuntaba que no se había seguido el principio de igualdad, en la medida en que en algunos casos, tras la reclamación de los aspirantes, el tribunal accedió a repetir la realización de la prueba de reconocimiento médico, y en otros no.
Ante el dictado de esas resoluciones judiciales, el equipo de gobierno había encomendado un informe al departamento de Asesoría Jurídica Municipal con el fin de que se analizasen y se evaluase si resultaba preceptivo recurrir. No obstante, según fuentes consultadas, en ese dictamen se concluye que no procede acudir al Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) en apelación. La recomendación se apoyaría en la conveniencia de evitar nueva litigiosidad al Ayuntamiento que pudiese retrasar la incorporación efectiva de los 30 agentes, así como en la apreciación de dudas sobre el éxito que pudiesen llegar a tener esos hipotéticos recursos, en el caso de presentarse.
Así, según las mismas fuentes, PP y Cs han acordado seguir la recomendación del informe y asumir las sentencias, lo que conlleva volver a activar la convocatoria de esa parte de las oposiciones (la que atañe al turno de movilidad) con voluntad de aportar "la máxima transparencia" al proceso de selección. De este modo, la pretensión del bipartito es volver a poner en marcha la convocatoria de manera inmediata, por lo que ya se habrían dado instrucciones para una nueva realización de las tres pruebas. Todo con el objetivo de que la selección de los 30 agentes desplazados de otros municipios pueda quedar cerrada a lo largo del mes de junio, sin generar retrasos adicionales que puedan demorar su adscripción al servicio.
Al margen de ese proceso, sigue en curso el desarrollo de la comisión de fiscalización sobre el conjunto de las oposiciones, que las seis fuerzas políticas representadas en el Ayuntamiento aprobaron constituir después de que trascendiesen denuncias sobre la existencia de anomalías y de un supuesto nepotismo en la evaluación de los candidatos que concurrieron a la convocatoria del turno libre. La próxima sesión de esa comisión está convocada para este miércoles día 18, en cuyo orden del día se ha vuelto a incorporar una segunda comparecencia del comisario principal, José María Conesa, y del responsable del departamento de Prevención de Riesgos Laborales, Andrés García Trillo (pendientes de su aceptación, ya que las comparecencias son voluntarias), además de la presencia de dos miembros que formaron parte del tribunal que tuteló la convocatoria de las oposiciones sobre el turno de consolidación. No obstante, no se ha tomado en consideración la solicitud de comparecencia del alcalde, Luis Barcala, ni del edil de Recursos Humanos, José Ramón González, como ya ha informado este diario.
