España, que es el primer país de Europa en superficie de regadío, con 3,725 millones de hectáreas, que aunque sólo suponen un 20% de nuestro suelo agrícola cultivado, generan el 60% del PIB agrícola, se está enfrentando a un cambio climático con una ostensible falta de pluviometría –principalmente en estos tres últimos años– que nos obliga a ser mucho mayores eficientes en el uso del agua. Es evidente que hemos de considerar el agua un bien escaso, vital, renovable, de dominio público y uso privativo; en fin, hemos de gestionarla como un bien económico globalizado.
Si bien las tierras de regadío –frente a las de secano– seguirán siendo una prioridad, no debemos –haciendo un mal uso de los fondos /ayudas proporcionadas por la PAC– aumentar las superficies regadas, destinándolas hacia cultivos de baja productividad y alta ineficiencia en su riego. Hemos de ir a una "agricultura climáticamente inteligente" incluyendo conceptos como "agua virtual" (nos indica la cantidad de agua consumida en la fabricación de bienes y servicios tanto agrícolas como manufactureros) y "huella hídrica" (otro indicador que relaciona el consumo de agua que hace una persona, una industrial o un tipo de cultivo agrícola). Todo ello supone una revolución intelectual en el uso agrícola del agua.
Consideremos que para producir 1 kg de carne de vacuno son necesarios 15.000 litros de agua; 1 kg de pollo consume 6.000 litros de agua; consumimos 1.000 litros de agua para producir 1 kg de naranjas, y 2.000 litros de agua para producir 1 kg de papel; o, por ejemplo, gastamos 2.700 litros de agua para producir una camisa de algodón. Una persona, con nuestro nivel de vida, consume entre 2.700 y 3.200 litros de agua, entre comida, bebida y vida diaria; parte proporcional de aseo, limpieza vivienda y ciudad y parte proporcional de vestido, calzado, vehículos, etc.
Queda claro que no sólo 'comemos agua', sino que también consumimos agua, cuando compramos una camisa, un mueble, o un automóvil.
Así pues y en virtud la huella hídrica, el agua consumida puede ser interna –agua consumida procedentes toda ella, de nuestra Región o País– o externa cuando los productos finales o intermedios (cereales, pienso, madera, o algodón, por ejemplo) los importamos… Estamos implícitamente 'importando agua' en favor de nuestros escasos recursos hídricos. Teniendo en cuenta que somos un país árido, mas no un país seco en cuanto a abundancia de lluvia, no así en cuanto a su desigual distribución, resulta cuanto menos poco racional que en España, para la gestión de un bien escaso y global como es el agua, haya caminado hacia la centrifugación de sus competencias.
¿Sería posible políticamente, imaginar un sistema por el que se conecten las cuencas excedentes –Norte, Duero, Tajo y Ebro– con las sedientes –Pirineo Oriental, Júcar, Segura, Guadalquivir y Sur–? ¿Es esto hoy un imposible autonómico? ¿Os imagináis si esta territorialidad –fuente de duros enfrentamientos– la aplicáramos a la energía eléctrica… y sólo pudiéramos consumir en una Ciudad, Provincia o Comunidad Autónoma la producida en esa área geográfica? Pues esta irracionalidad la estamos aplicando en la España del siglo XXI al uso eficaz y eficiente del agua.
Para impulsar este uso racional del agua se creó el Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia, dándole fuero el rey Jaime I año (1239) para dirimir los conflictos derivados del uso y aprovechamiento del agua de riego entre las Comunidades de regantes de Quart, Benages i Faitanar, Tormos, Mislata, Mestalla, Favara, Rascanya, Rovella y Xirivella, o en Alicante, el Juzgado Privativo de aguas de Orihuela, en la Vega Baja, al que dio carta de naturaleza Alfonso X (año 1275).
Más recientemente, se le atribuye a J. F. Kennedy la frase "quien fuere capaz de resolver los problemas del agua, será merecedor de dos premios Nóbel, uno por la paz y otro por la Ciencia". Gran parte de las migraciones humanas, tienen un trasfondo de hambruna y medioambiental. Actualmente tenemos disputas persistentes entre Israel y Palestina por los recursos hídricos de Cisjordania y franja de Gaza; en Turquía, Siria e Irak por las aguas del Éufrates y el Tigris; Mali y Nigeria por la presa de Akosombo en el río Volta; Bolivia y Chile por el Lago Silaba, etc.
Siendo nuestra capacidad de Embalses y Presas de 56.069 Hm3, el agua a 8 de mayo 2023 tan solo alcanza el 48,9% (27.417 Hm3). Ante la situación de sequía, principalmente en las cuencas mediterránea y andaluzas, ¿qué hace el Ministerio de Transición Ecológica (MITER) para gestionar con rigor lo que hemos venido a denominar, Ciclo Integral del Agua?
Pues bien, he aquí los números –que nunca mienten–: MITER, que dispuso entre 2018 y 2022 (legislaturas de Pedro Sánchez) de 6.018,17 Millones de euros s/ PGE, según la IGAE (Intervención General del Estado), su inversión real, sólo alcanzó 3.401,79 millones de euros. Se han dejado de invertir pues, 2.616 M€, equivalentes al 43’47 % de lo que se disponía. ¡Nadie ha dimitido, ni nadie ha sido cesado ante tal nefasta gestión!
Es más, al contrario, desde 2018, y mientras sufrimos la peor sequía de los 40 últimos años, el MITER ha demolido 108 presas, ataguías, represas y azudes… para favorecer y recuperar la biodiversidad acuática de los ríos y sus riberas, fomentando el hidromorfologismo y la dinámica de los sedimentos, y estableciendo unilateral y arbitrariamente unos caudales ecológicos mínimos, sin consenso con las poblaciones rurales, la agricultura y la ganadería, incluso pretendiendo anular el sistema de bombeo para producción hidroeléctrica (energía renovable).
De entre ellas destacamos:
Embalse de Yecla de Yeltes en el río Huebra, afluente del Duero en la provincia de Salamanca, demolida al vencer su Concesión hidroeléctrica (C.H. Duero).
Presa de San Facundo en Torre del Bierzo, en el río Argutorio, en la provincia de León, estaba colmatada de barro y no se quiso limpiar 65% (C.H. Miño- Sil).
Presa del río de la Hoz Seca o Presa de los Navajeros en la provincia de Guadalajara, afluente del río Tajo (C.H. Tajo).
Presa de Puentes Lles, río Deva, Concejo de Peñamellera, provincia de Asturias (C.H. Cantábrico).
Presa Los Toranes en Albentosa, provincia de Teruel sobre el río Mijares. Ya vencida la concesión legal de Hidroeléctrica. (C.H. Júcar).
Según David Hammerstein, presidente de Ecologístas en Acción, en la Sierra de Gudar/Javalambre, la presa de Torranes carece de escalera para que los peces puedan superar las barreras físicas artificiales de la misma y, además, no funcionan sus compuertas de desagüe de fondo… ¡No vale con repararlas! ¡Como vemos, para esta política woke que nos pretende colonizar, vale más la vida de un pez o una planta talofita que la subsistencia de la agricultura o el propio abastecimiento de agua de la España rural y/o vaciada!
Hablemos de la situación de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que gestiona 54 embalses ubicados en la Comunitat Valenciana –salvo la Vega Baja de Alicante que depende de la C.H. Segura–, parte de la provincia de Albacete, una mínima parte de la provincia de Cuenca (Alarcón 1.118 Hm3) y parte de la provincia de Teruel. Tiene una capacidad de embalse de 2.850 Hm3 y está al 59,45% de su capacidad (1.692 Hm3).
Además existen otros de menor capacidad, como: Alcora (Río Lucena – Castellón); Beties; Cirat; El Federal (Aspe – Alicante); Elda; Elche; Flora; Fco. Mira Canovas (Hondon de las Nieves – Alicante); Isbert; Onda; Paraje Galeno; Relleu; Ribesalves; San Vicente; (Seca – Salada); Tibi; Toll de Carmelo; Torre Alta- Vallat (Orihuela – Alicante).
Ante esta situación de escasez analicemos en qué situación se encuentra el Convenio de Alarcón firmado el 23 de julio 2001, en cumplimiento de la Sentencia del T. Supremo (12 de abril de 1981).
¡Valencia nuevamente ofrece nuevas glorias a España!, ya que en virtud de este Convenio, cedemos al Gobierno Central con carácter indefinido la explotación y gestión conjunta del sistema Alarcón-Contreras-Tous, garantizando a través de la C.H. Júcar los derechos/prioritarios del agua embalsada en Alarcón, a favor de USUJ e Iberdrola y dar cumplimiento al Plan Hidrológico del Júcar.
Como compensación a la Construcción del Embalse Alarcón (1942-1970) pagada su ejecución por los Usuarios del Júcar (Agricultores Valencianos y los titulares de los aprovechamientos industriales: molinos, papeleras y eléctricas). La Administración Central (AGE) se comprometió a transformar los regadíos tradicionales de la Ribera del Júcar, pasándolos a riego localizado por goteo y a modernizar las infraestructuras de riego de los arrozales. Todo ello debería ejecutarse (las obras) en 8 años. Debiendo estar todo finalizado en el año 2009.
Finalizado el riego por goteo de las 20.500 hectáreas (246.000 hanegadas) que afectan a 21 poblaciones de la Ribera del Júcar, con plantaciones de cítricos, aguacates y frutales varios –164.000 hanegadas–, otras 27.000 hanegadas de huerta, y otras 54.000 hanegadas de arrozal, circundantes al Parque Natural de la Albufera, ello supondría un ahorro de 46,22 Hm3 /año de agua, que revertirían a la Albufera y a su regeneración renovando con periodicidad anual su agua y el desagüe controlado de sedimentos al mar por las Golas de Putxol y Perellonet.
Pues bien, al 15 de mayo 2023, transcurridos 23 años de la firma del Convenio –el compromiso era finalizar las obras en 8 años– todavía quedan pendientes, 85.000 hanegadas por modernizar (el 34,5%) que suponen una inversión por ejecutar de unos 125 millones de euros.
En los 5 últimos años, el año del Gobierno de Pedro Sánchez con la complacencia del Gobierno de la Generalitat, sólo se han invertido 19,475 Millones de euros, con lo cual tan sólo se han ahorrado 56,6 Hm3 en 5 años (años 2017/2018 –2,002 Hm3 ; 2018/2019 – 4,00 Hm3 ; 2019/2020 – 4,004 Hm3 , 2020/2021 – 12,360 Hm3 ; 2021/2022 – 14,510 Hm3 y 2022/mayo 2023 – 16,170 Hm3). Cuando el objetivo era el ahorrar 46, 22 Hm3/año… Todo este maltrato, también en inversiones hidráulicas, contrasta con las inversiones del MITER a través de la Dirección General del Agua en la provincia de Albacete que ha adjudicado y está en proceso de ejecución:
Proyecto de Conducciones de Transporte de agua para sustitución de bombeos en la Mancha Oriental – Zona del Tramo medio del río Júcar (Barrax – Albacete) – 48,855 M€.
Proyecto de Conducciones 2ª fase para sustitución de bombeos en la Mancha Oriental en la Zona regable del Canal de la Fuensanta (La Roda – Albacete) – 15,853 M€.
A esta falta de inversiones e incumplimientos con los regantes y poblaciones de la Ribera del Júcar, hay que unir al pretendido recorte de 100 Hm3/año del Trasvase Tajo-Segura. La argumentación nuclear que han sostenido el Gobierno Central y la Junta de Castilla la Mancha para justificar este recorte en el trasvase a la Vega Baja, de Alicante y prov. de Murcia, es que no hay suficiente agua en el río Tajo. Pero los datos, como siempre, desmienten esta afirmación. El Tajo tiene más que suficiente para abastecer las demandas de todos los actuales usuarios. Únicamente hay que gestionarlos de forma sostenible, pero hay cantidad más que suficiente.
Hay que tener en cuenta que todos los años España ha venido cediendo a Portugal una media de 6.616 hectómetros cúbicos de agua. Una cantidad que dobla lo fijado por el Convenio de Albufeira firmado en noviembre de 1998, entre España y Portugal para la administración y uso conjunto del Miño, Limia, Duero, Tajo y Guadiana, y que establecía que nuestro país debe aportar a su vecino 2.700 hectómetros anuales.
El excedente de casi cuatro mil hectómetros cúbicos que se remiten actualmente a nuestro vecino Portugal –y que alguien tendrá que explicar (¿?)– da para mucho. Hay que tener en cuenta que la media del trasvase al Segura ha venido aportando 334 hectómetros, que sólo suponen el 5 % de la cantidad que viene llevándose a Portugal. Con estas cifras se podrían hacer casi veinte transferencias a la cuenca del Segura cada año.
La aprobación del nuevo plan del Tajo supondrá, si el Tribunal Supremo finalmente no lo detiene, sería recortar en unos cien hectómetros cúbicos anuales las aportaciones de la transferencia (un 1,5 % de los más de 6.600 que se destinan a Portugal año tras año). Recorte que supondrá la pérdida de miles de hectáreas de regadío en la zona: Huerta de Europa –con cultivos de riego localizado, eficiente y exportable– con el consiguiente perjuicio económico antes citado (unos 480 M€ pérdida patrimonial).
Castilla-La Mancha, una comunidad que mientras niega recursos a las regiones vecinas, expande sus zonas de regadío en la Mancha a expensas de los intereses de los agricultores valencianos y alicantinos, tanto del río Júcar, como recortando la dotación del trasvase Tajo-Segura. Así pretende apropiarse de las aguas superficiales del embalse de Alarcón para atender sus necesidades.
Más que nunca se vacía de sentido el término solidaridad en un tema tan espinoso como el del agua, y se hace necesaria una política de Estado que vele por los intereses de todos los españoles y no perjudique a los valencianos y murcianos.
Todo ello hace que el agua por la boca y voz de los agricultores de la Ribera del Júcar (Valencia) y de la Vega Baja del Segura (Alicante) también quiera votar por el cambio, en las próximas elecciones.