SANTA POLA. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha estimado parcialmente del Ayuntamiento de Santa Pola y de la empresa adjudicataria de la piscina cubierta -Centro de Salud del Agua-Deportivo de Santa Pola- y ha cifrado en 1.869.410 euros la cantidad que el consistorio deberá pagar a la firma heredera de esa adjudicación para la resolución del contrato. El ayuntamiento santapolero ha anunciado que recurrirá el fallo ante el Supremo. Actualmente, el edificio lleva paralizado de 2009 y tiene el 82% de la obra ejecutada, aunque muy deteriorada. La pretensión del equipo de gobierno del PP es, de manera paralela, iniciar los trabajos para finalizar la obra y poner en marcha la instalación. La oposición, en cambio, sostiene que es un pufo más de los anteriores gobiernos 'populares'.
El fallo judicial, dado a conocer en la Junta Local de Gobierno de este miércoles 29 de julio, corrige uno anterior del juzgado de Elche , de 2017, que estimó en había un saldo a favor del ayuntamiento de 541.000 euros. Todo arranca en 2006, cuando el equipo de gobierno entonces liderado por Miguel Zaragoza adjudica la obras de construcción y explotación de la piscina municipal por valor de 4,7 millones a cambio de una explotación de 40 años. Las empresas adjudicatarias eran: Midascon SL, Colaboradores de la Administraciones Públicas SL, Altius Levante SL, Altius Gestión de Instalaciones Deportivas SL y Altius Mediterráneo.
Las obras se paralizaron el 8 de enero de 2009 y el motivo fue que Midascon SL, que era la encargada de la ejecución material de las obras, entró en concurso de acreedores. Pese al compromiso de reiniciarlas, la obra quedó definitivamente paralizada en septiembre de 2019. En septiembre de 2013, la junta de gobierno aprobó las modificaciones realizadas en el proyecto y elevó el presupuesto total de la contrata en 6,1 millón de euros. Entonces, la obra ya estaba ejecutada al 82%. El 2014, se inició el proceso de resolución del contrato ante los incumplimientos del contrato y se incautaron las garantías de la empresa. De esta manera, en 2015 se inició el proceso de liquidación con un cantidad resultante de 540.000 euros en favor del consistorio. Entonces, la empresa interpurso recurso que en principio, dio la razón al Ayuntamiento de Santa Pola.
En este periodo de tiempo, el fondo Chian Holding Incorporated se hizo con la titularidad de la empresa y reclamó que se eliminara de la liquidación final -favorable al consistorio- la cantidad de 1,1 millón de euros, que sería la cantidad pendiente de ejecución. La empresa admitió que la obra ejecutada ascendía a 5 millones de euros, pero que los trabajos pendientes debían repartirse al 50%, entre el concesionario y la administración local. El consistorio, por su parte, reclamó los daños y perjuicio generados por la paralización de la obra.
Después de analizar todos los informes y valoraciones, el TSJ llega a la conclusión de que la obra ejecutada tiene una valor de 4.630.780,06 euros., del que habría que descontar 2,7 millones por incumplimientos de la concesionaria, por lo que la cantidad resultante es de 1.869.888 euros, que es el total que finalmente deberá pagar el consistorio para dar el contrato por resuelto y liquidado.
El grupo Compromís, que es quien ha hecho público el fallo, ha recordado que el equipo de gobierno del año 2009, formado por el Partido Popular, "actuó con negligencia" por no haber resuelto el contrato cuando se paralizaron las obras e intentó "engañar a la Generalitat Valenciana y a la Diputación de Alicante para cobrar subvenciones".
La coalición lamenta que una infraestructura beneficiosa y necesaria para Santa Pola se haya convertido en un nuevo "pufo" de los gobiernos del Partido Popular, y denuncia que ahora se tiene que pagar con el dinero de la ciudadanía santapolera la compra de un edificio inservible que se tendrá que derribar. En palabras de la portavoz de Compromís per Santa Pola, Anna Antón: "La sentencia judicial sobre la piscina cubierta es el último ejemplo de una larga lista de problemas provocados por la nefasta gestión de los 12 años de gobiernos de Miguel Zaragoza, en los que participaron la actual alcaldesa, Loreto Serrano, y dos de los tenientes de alcaldía".
El PSOE también se ha sumado a las críticas. "En el 2009, gobernado, el Ayuntamiento, gobernado por el PP, a la vista de que la empresa había parado las obras, debía haber rescindido el contrato con la empresa, y haber buscado otra que lo terminara", lamentan los socialistas, quien responsabilizan al entonces concejal de Hacienda, José Pedro Martínez. "El Concejal de Hacienda del momento (que también, y casualmente, es el de ahora) se dedicó a mandarle un par de cartitas de amor, entre el 2009 y el 2013 a la empresa, sin resolver el contrato hasta mayo de 2015, es decir, en plenas elecciones", critican.
Martínez, en cambio, considera que el anterior equipo de gobierno, formado por PSOE, Compromís, Podemos y EU, debió ser más diligente en la liquidación, que la dejó preparada el PP para su ejecución. El actual responsable de Hacienda sí que ha negado que hubiera pretensión en el litigio de engañar a nadie con las ayudas que iban a recibirse -de Diputación y Generalitat- para la ejecución del proyecto. La sentencia del TSJ lo que viene a decir que se deniega cualquier petición relativa a este concepto, ni se recoge en la liquidación final.
