GUARDAMAR. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha estimado el recurso contencioso-administrativo presentado en su día por los vecinos de Guardarmar contra la decisión del ayuntamiento de cerrar la playa de la Babilonia, la que tiene las viviendas en primera línea del mar en una situación muy deterioriada, y por tanto, ha anulado la decisión que acordó el consistorio de impedir el paso a las personas de esos inmuebles mediante vallado. La decisión no es firme, el alcalde de Guardamar, el socialista José Luis Sáez ha anunciado que la recurrirá, pero tampoco supone la apertura inmediata de la playa. Lo que viene a decir la sentencia es que el procedimiento que se eligió para cerrar la playa es contrario a derecho por no dar audiencia a los vecinos y, por lo tanto, hay que iniciar un nuevo proceso.
Lo que ha dirimido el TSJ es si la asociación de Guardamar playa tiene legimitación para presentar el recurso, algo que sí estima la sala, al considerar que entre sus finalidades está interesarse por todas las medidas que afectan a la playa y que su ámbito de actuación es público.
La otra cuestión era dirimir si ha habido infracción procedimental ya que el ayuntamiento, al adoptar la medida de cierre, no ha oído a los particulares interesados, ni les ha dado audiencia. Y el TSJ entiende que a los vecinos les fue comunicado el procedimiento de la clausura de la playa, pero no fueron llamados al procedimiento ni se les dio trámite, pese a que la decisión afectaba a sus viviendas. Añade el tribunal autonómico que la medida no tenía ninguna limitación temporal, imponiéndoles restricciones de uso, acceso y utilización de las viviendas. Por ello, el TSJ estima que la resolución que acordó el consistorio es nula por falta de audiencia, sin prejuicio de que, de ser necesario, la administración puede adoptar las medidas provisionales y temporales de policía que este necesario, e incluso de mayor consistencia con la finalidad de prevenir riesgos y asegurar la salubridad de las aguas y la salud de la población. En definitiva, la finalidad estaba amparada por la ley, pero el ayuntamiento debió dar audiencia a los vecinos afectados.
En declaraciones a Alicante Plaza, el alcalde de Guardamar, José Luis Sáez, ha insistido en la necesidad de aplicar esa medida y de que existen informes técnicos que avalan que esa playa no reúnen las medidas de seguridad para estar abierta al baño. Por su parte, el presidente de los vecinos, Manuel López, ha insistido en la idea de que el procedimiento está anulado y por lo tanto, tiene que retrotraerse al principio. "Si el alcalde quiere mantener la playa cerrada, deberá iniciar un nuevo expediente y darnos audiencia", la comentado López, quien ha añadido que "las más de 100 familias afectadas valoramos muy positivamente la sentencia, y especialmente, la concreción de su contenido, pues legitima a nuestra asociación para continuar con el trabajo y acciones que dan a conocer la realidad de la pésima gestión que se está haciendo de la zona". La playa está cerrada desde el 28 de agosto de 2015.