ALICANTE. El tripartito de Alicante (PSOE, Guanyar y Compromís) cuadra números para tratar de lanzar una auténtica lluvia de inversiones municipales justo cuando se cumple el ecuador de su mandato (2015-2019). Se trata de una larga lista de proyectos que deberían ponerse en marcha en lo que resta de 2017 y a lo largo de todo 2018 con cargo a tres vías de financiación distintas: las llamadas inversiones sostenibles, la contratación de un préstamo y los presupuestos municipales del próximo año 2018.
El primer paso en esa dirección podría concretarse este mismo jueves en una Junta de Gobierno convocada con carácter extraordinario. En esa sesión (además de abordar la contratación de emergencia del servicio de salvamento en playas -cuya concesión actual expira el viernes- y de retomar la licitación del servicio de recogida de animales) se espera aprobar dos decisiones económicas: una segunda modificación de crédito del presupuesto de este año para recoger la subida salarial del 1% para los funcionarios municipales, promovida por el Gobierno Central, y la relación de obras a ejecutar como inversiones sostenibles.
No ha trascendido aún un importe cerrado sobre la cuantía global a la que ascienden esas actuaciones, pero sí algunos de los proyectos de mayor calado que se pretenden incluir en esa batería de obras. Entre ellas, según pudo conocer Alicante Plaza, figura la construcción de la plaza ajardinada frente al Palacio de Justicia de Benalúa, con un presupuesto ligeramente superior al millón de euros. Ese primer lote, podría incluir también la remodelación de la segunda fase del Paseo de Niza, con un importe de unos 3 millones; o la ampliación de las áreas deportivas sobre la arena de la Playa de San Juan, entre otras intervenciones.
El ayuntamiento dispone de un remanente de casi 29 millones (superávit o suma no gastada de los presupuestos de 2016) para acometer ese tipo de obras que deben adjudicarse antes de que finalice 2017, aunque -tras el acuerdo incorporado en los Presupuestos Generales del Estado- sin la obligación de que deban quedar terminadas en ese ejercicio. Esa limitación condicionaba hasta ahora la planificación de obras con periodos de ejecución largos. Con todo, el tripartito no prevé agotar esos 29 millones disponibles (el sobrante se usará para amortizar deuda), ya que no todos los proyectos en cartera cumplen los requisitos exigidos para ser consideradas estrictamente inversiones sostenibles: es decir, que no generen gastos adicionales y que tengan una vida útil de más de cinco años, entre otras condiciones básicas.
Los tres socios prevén lanzar el primer paquete de proyectos este jueves, al aprobar las llamadas inversiones sostenibles
De ahí que los tres socios trabajen ya en una segunda vía de obtención de fondos: la previsible contratación de un crédito. En principio, ese acuerdo podría adoptarse en octubre. Tampoco ha trascendido la cuantía que se solicitaría a los bancos, pero sí algunos de los proyectos a financiar con ese dinero. Entre ellos, destacarían dos: la construcción de un pabellón deportivo en Playa de San Juan y la reconversión del antiguo matadero en un centro para el emprendimiento y la instalación de startups.
Y en tercer y último término, figurarían las obras a incluir en el presupuesto de 2018. La concreción de los proyectos a sufragar en ese ejercicio está supeditada a dos condicionantes: el techo de gasto, que se prevé que se mantenga en torno a los 10 millones, como en este 2017, y la necesidad de incluir nuevas actuaciones vinculadas al proyecto de reurbanización del área de Las Cigarreras, cofinanciado por al Unión Europea como estrategia DUSI. En las cuentas de este año ya se incluyó una partida de 2,9 millones básicamente para la redacción de proyectos y alguna actuación puntual en el edificio del Centro Cultural de Las Cigarreras propiamente dicho. En las de 2018 se deberá incorporar otra partida superior, ya que el Ayuntamiento está obligado a invertir 11 millones para recibir otros 11 de Bruselas. Y todas las obras deben estar terminadas en 2022.
¿Cuál es la consecuencia de esa condición? Que habrá menos margen para invertir en otros proyectos que no estén relacionados con la DUSI. Esa limitación justificaría, precisamente, la intención del tripartito de concertar un crédito. ¿Qué obras se reservarían para las cuentas de 2018? Entre ellas, algunas de las principales serían la dotación de una partida de 1,4 millones para el proyecto de ampliación del paseo peatonal de La Explanada o la prolongación del carril bici desde la EUIPO hasta Urbanova.
