El alcalde de La Nucía, Bernabé Cano. Foto: PEPE OLIVARES.LA NUCÍA. El Tribunal Supremo ha dictado sentencia firme: la homologación y el Plan Parcial del Sector Pie del Monte queda anulado. De este modo, la Conselleria de Medio Ambiente ejecuta la sentencia fechada el 18 de junio de 2018, a través de una resolución firmada el 21 de diciembre del pasado año. En dicho plan, aprobado en 2013, se preveía la construcción de 3.538 viviendas. Según ha podido saber este diario, la recalificación del terreno tras el incendio que sufrió no estaría del todo justificado a pesar del visto bueno del anterior Consell.
Según aclara la sentencia, los requisitos exigidos para poder llevar a cabo la recalificación de los terrenos incendiados no estarían justificados. Es necesario, en garantía del principio de integridad forestal, ofrecer alguna razón por la que la supresión del uso forestal es ambientalmente admisible. Es decir, hace falta justificar la no necesidad de proceder a la restauración ambiental de los terrenos incendiados. Y tampoco basta constatar que la actuación urbanística estuviese prevista con anterioridad al incendio.
Hay que tener en cuenta que La Nucía contaba con un informe medioambiental favorable, sujeto a la certificación de la disponibilidad de agua suficiente para este sector, que se concretó el 17 de noviembre de 2012. Esto es, tres años después del incendio que según quedó constatado, se debió a la caída de una torre de alta tensión.
Pero nada se había vuelto a hablar desde que en 2014 el pleno aprobara el desprogramación del suelo "con el objeto de racionalizar el crecimiento en esta zona a través de la Revisión del Plan General", según afirma el documento que aún está en tramitación.
El agente urbanizador de este PP era desde 2003 Montemar La Nucía -una sociedad formada por Murcia Puchades y Construcciones Valencia Constitución (CVC)-. Según apuntaron en su momento, habría servido para un pelotazo urbanístico de la trama Gürtel. Un correo electrónico recogía los planes: Francisco Correa se quedaría con el 50% de 72,1 millones de euros de beneficios, con el fin de repartirlos entre sus socios y presuntamente con el alcalde.
Todavía en pesetas, la intención era comprar a Murcia Puchades los terrenos del PAI del que disponían de información privilegiada, invirtiendo 10.000 millones de pesetas para obtener más del doble.
