MADRID/VALÈNCIA. El Tribunal de Cuentas ha acordado este miércoles abrir expediente sancionador a una decena de formaciones políticas, entre ellas Ciudadanos, PNV, Convergència, Izquierda Unida y Bildu, por supuestas infracciones detectadas en el último informe de fiscalización de sus estados contables.
En ese informe relativo a 2015, aprobado en diciembre, el Tribunal de Cuentas se negó a dar su conformidad a la contabilidad de nueve partidos, entre ellos Ciudadanos, Izquierda Unida (IU), Compromís, Convergencia (CDC, socio de la nueva Junts per Catalunya) y EH Bildu, al detectar demasiadas incidencias, deficiencias y discrepancias que limitan de examen.
A partir de ahí, el Tribunal de Cuentas tramitó para cada una de las correspondientes formaciones políticas un periodo de información previa para recibir sus alegaciones, pero en sus dos últimas reuniones del Pleno de la institución se ha acordado abrir los expedientes sancionadores.
Según fuentes del tribunal que preside Ramón Álvarez de Miranda, a Ciudadanos se le achaca una falta por la posible asunción por terceras personas, de gastos del partido.
En el caso de Ciudadanos, se le achaca una falta por la posible asunción por terceras personas de gastos del partido en 2015. En concreto, el informe cuestionada que el partido de Albert Rivera computara como donaciones en especie determinados pagos, por importe acumulado de 14.371,16 euros, efectuados por terceras personas, de determinadas facturas electorales emitidas a nombre del partido, y señalaba que no se habían identificado los donantes que han abonado
facturas que ascienden a un importe de 2.036,74 euros.
Por la posible falta de un sistema de auditoría o control interno se va a abrir un procedimiento a Convergència Democrática (CDC) y a su antiguo socio de Unió Democràtica (UDC), así como a Izquierda Unida y varias marcas de EH Bildu (incluyendo la coalición Amaiur de 2011).
También se expedienta a Convergència, Unió e IU por la posible percepción de donaciones contraviniendo las limitaciones o incumpliendo los requisitos establecidos en la Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos. En informe aludía a un millón de euros de donantes no identificados en el caso de UDC, otros 300.000 euros de IU y 240 euros de CDC.
Al PNV, por su parte, se le achaca haber participado de forma indirecta, a través de sociedades mercantiles, en los rendimientos procedentes de la realización de actividades de carácter mercantil,
lo que vulnera la ley de Financiación de los Partidos Políticos.
Por último, se expedienta a UPyD por incumplir el deber de colaboración con el Tribunal de Cuentas en 2015, cuando ya era extraparlamentario.
Una vez notificada la iniciación de los correspondientes procedimientos sancionadores, el Pleno del Tribunal de Cuentas designará un instructor del procedimiento que acordará la apertura de un periodo probatorio, si así lo solicitara el partido o si, de oficio, lo considerase necesario.
Pasado ese plazo, y practicadas las actuaciones legalmente previstas, el instructor ha de elevar al Pleno una propuesta de resolución en la que deben calificarse las infracciones cometidas y proponer la sanción que resulte aplicable; si considera que no existe infracción, efectuará una propuesta de absolución.
La decisión final corresponderá al Pleno del Tribunal de Cuentas, que debe resolver el procedimiento y dictar las resoluciones, imponiendo, en su caso, la correspondiente sanción.