ELCHE. El pasado mes de agosto, CCOO volvía a recurrir el pliego de condiciones del servicio de mantenimiento de la Universidad Miguel Hernández (UMH), por partida doble, presentando un recurso especial por la supervisión de las vacaciones, y para pedir la subrogación de la plantilla en caso de cambiar de contrata. Aunque el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) había accedido a la suspensión cautelar para estudiar el caso, el pasado mes de octubre levantaba la medida, activando la universidad de nuevo el trámite. Por su parte, el sindicato sigue exigiendo las "cláusulas sociales" y subrogar la plantilla.
El sindicato pedía como ya se mencionó retrotraer las actuaciones ampliando el plazo de presentación de ofertas conforme a la fecha que se indique en el anuncio de licitación, incluyendo la subrogación de la plantilla (la cuestión de la supervisión de las vacaciones por la universidad ya se había echado para atrás), invocando una resolución de 2021 de la Subdirección General de Relaciones Laborales de la Dirección General de Trabajo. Sin embargo el Tribunal recuerda que en la anterior resolución (por el recurso especial de 2022), ya apuntaba que "la Resolución invocada por el recurrente no tiene el alcance que este le atribuye [...] no obliga al órgano de contratación a incluir en los pliegos ninguna obligación de subrogación de trabajadores".
Sobre el supuesto control que denunciaba la central sindical que pretendía la universidad sobre la plantilla, el Tribunal esgrime que arguye que de acuerdo al pliego presentado "en ningún caso la Universidad registrará datos de carácter (biométrico) personal", especificando que "la finalidad de este registro no es el control laboral de los empleados de la empresa contratista sino el control efectivo de los servicios que presta la empresa adjudicataria". Ello para poder justificar el pago del precio del contrato. Así pues, el órgano entiende que no hay razones para considerar que la facultad de control que se concede a la Universidad exceda de los límites que se permiten al órgano de contratación.
Se acuerda desestimar el recurso especial y levantar la paralización del trámite, de cuyas plicas empezaron a abrirse el 19 de octubre, y se remite al fallo del año pasado, incidiendo en que se consideraba temeraria "la interposición de recursos carentes manifiestamente de fundamento o de viabilidad jurídica y también se ha dicho que actúa con temeridad quien interpone un recurso sin ningún tipo de apoyo argumentativo o en aquellos casos que haya una carencia manifiesta de fundamentación, o sin viabilidad jurídica".
CCOO insiste en incluir las "cláusulas sociales" para garantizar "certidumbre" y los puestos trabajo en cuanto a la subrogación del servicio. Piden a la universidad que recapacite para que incluya esas "cláusulas sociales" establecidas en la Ley 18/2018 de la Generalitat para el fomento de la responsabilidad social. Apuntan a que en su desarrollo reglamentario posterior se regulaba la inclusión de cláusulas de responsabilidad social en la contratación pública y que "han sido consensuados en diferentes órganos de participación como el Consejo Valenciano de Responsabilidad Social y es de obligado cumplimiento a los entes licitadores del sector público, como es el caso de la UMH". El sindicato argumenta que el servicio de mantenimiento, como otros externalizados es esencial para el correcto desarrollo de la actividad de la universidad.
Tras la resolución del órgano de contratos públicos, universidad y sindicato se reunieron, donde CCOO señala en un comunicado que "se puso encima de la mesa estás reivindicaciones para la defensa de los puestos de trabajo de 40 personas en el caso del servicio de mantenimiento, obteniendo por parte de la UMH la negativa a contemplar lo que se recoge en la ley". Además de un acuerdo con la CEV para la subrogación de los trabajadores en el ámbito público. El sindicato por último recuerda que seguirá aspirando a la misma, y exige a la universidad que cambie de postura. Consideran que "un servicio esencial como el mantenimiento de la Universidad no puede dejarse al libre albedrío de la voluntad de una posible nueva adjudicataria que quiera o no mantener esos puestos de trabajo".
La resolución, no obstante, permite interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
