ALICANTE. La Diputación de Alicante, gobernada por el PP, se ha visto obligada a reajustar las cantidades asignadas a la nueva contrata de limpieza y conservación de edificios públicos, adjudicada inicialmente a la empresa FCC, después una de las firmas que pujó por el contrato, la UTE Clece-Fissa, haya presentado un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Y desde el pasado 15 de junio, el contrato está suspendido por el mencionado tribunal hasta que se resuelva el recurso.
Por esta razón, su entrada en vigor se demorará algo más, mientras se resuelve el recurso, razón por la cual la Diputación de Alicante ha decidido reajustar las cantidades que en su momento se le deberían pagar al nuevo contratista, FCC. Hay que recordar que esta empresa releva a Enrique Ortiz e Hijos, que no ganó la renovación del contrato. Los planes que hace la institución provincial, según la documentación que ha tenido acceso Alicante Plaza, es el próximo mes de septiembre. No obstante, la fecha queda pendiente a la resolución del recurso.
Los técnicos de la institución provincial discrepan del recurso porque no se presenta sobre el acuerdo de adjudicación, adoptado por el pleno de la Diputación de Alicante, el pasado 6 de junio, sino sobre la formalización del contrato, que se produce a posteriori. Y por esa razón, lo que hace ahora la institución que preside César Sánchez es acomodar la financiación del gasto a la nueva situación: al retrasarse la formalización, la entrada en vigor es más tardía y por tanto, al menos, en la primea anualidad, la de 2018, se pagará menos al contratista. De esta manera, y a la espera de la resolución del recurso, el pago al futuro contratista queda de la siguiente manera:
Las discrepancias entre técnicos impiden a la Diputación de Alicante adjudicar la limpieza a FCC