El cambio de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, es decir, cómo se gestiona la llegada del agua del trasvase a sus regantes en función de la cantidad embalsada, ha disparado algunas alarmas y nos ha retrotraído durante estos días a la manoseada “guerra del agua” de principios de siglo. El barullo de números y hectómetros cúbicos parece tremendo pero lo que sí se ha dejado claro por boca de muchos es que es un “recorte” y un paso más en el anunciado cierre del trasvase. “Nos” cierran el trasvase, viene el lobo.
Que las reglas de explotación no varían la cantidad de agua que llega -ésta se mantiene estable más allá de la que se pierda por evaporación- sino las tandas en las que viene para así aumentar su regularidad y capacidad de previsión entre años húmedos y secos, es algo que no aparece en ningún lugar. De lo que se trata es de que quieren cerrarlo y hay que defenderlo (defender “Alicante”, añaden algunos).
La crispación y el golpe de pecho parece la única manera de actuar sobre todo lo que implica obras hidráulicas en España (primer país de Europa en grandes embalses y quinto del mundo). Desde los partidos, si los que intervienen no son del mismo signo el ejemplo es claro, como ya se vio en las guerras del agua 1.0. Incluso asumiendo, como ahora, un discurso prácticamente similar con manifiestos y comunicados conjuntos, hay golpes para ver quien es el que “defiende” más fuerte. Cuando sí lo son (el PP firmó el famoso memorándum de 2014 gracias a que gobernaba en CCAA afectadas y el Estado y ha sido el partido que más tiempo ha mantenido cerrado el trasvase, 11 meses seguidos durante 2017 de trasvase cero) entonces se apela a la falta de poder político territorial, porque no se respetan los “intereses de Alicante” o, sorprendentemente, que “los ecologistas tienen demasiado poder”.
La formula por la cual se ha llegado a asumir que los intereses del lobby del trasvase (muy lícitos, pero los suyos) son los intereses “de Alicante”, es una exitosa campaña en la que han colaborado partidos políticos, distinguidas universidades y medios de comunicación, contribuyendo a crear un clima irrespirable que impide abordar el problema real y urgente de la gestión de las necesidades hídricas, algo que se aprecia en los posicionamientos y -falta de- propuestas.
Que la huerta de la Vega Baja, tan en boca de muchos estos días, sea fundamentalmente de riego tradicional del Segura y tenga sus problemas propios de cantidad y calidad de agua, parece no tener la más mínima importancia: todo se asimila al trasvase. Esto es justo lo que han hecho consultoras tan “prestigiosas” como PwC, autora de un manido informe que argumenta números de empleo generados y % de PIB con una contabilidad “creativa” englobando números de aquí y allá, sea trasvase, del Segura o de secano, que muy pocos han leído, pero que jamás se pone en duda para defender, con otro barullo de números, la importancia del trasvase.
Y que el trasvase crea riqueza es obvio -cómo está repartida ya no tanto- pero no es necesario plantear números inflados de supuesto retorno social en una práctica habitual de grandes inversiones que venden humo. Éste ha sido uno de los principales problemas del trasvase como infraestructura y herramienta política, disparar una serie de expectativas que, desde su creación, nunca se han podido cumplir, generando más necesidad de agua que capacidad de riego. La conversión de enormes superficies de tierras al regadío -más rentable pero más insostenible que el secano-, el desarrollo urbanístico aparejado, las hectáreas de regadíos ilegales (nunca claramente calculadas) y su posterior amnistía por parte de la Confederación Hidrográfica, han seguido reclamando más y más agua cuando el agua disponible no ha hecho más que menguar por efectos naturales y el aumento de la demanda.
Esta es la verdadera cuestión, que aunque se lleve repitiendo 40 años por cuestiones políticas, un día el lobo sí que vendrá. La acción del cambio climático que alarga las sequías en la cabecera del Tajo, la sobreexplotación de acuíferos, la aplicación de caudales ecológicos con cinco sentencias incumplidas acumuladas y otras demandas aprobadas que tienen prioridad sobre el riego como es el agua potable para zonas de Madrid y Castilla la Mancha sí serán un golpe casi irreparable para el trasvase, al menos para regadío.
Igual que estas situaciones eran conocidas, las alternativas también lo son: inversión para reutilización de mayor calidad, agua desalada y, sobre todo, control de extensión de regadíos y cultivos más sostenibles. No obstante, en determinados sectores agroindustriales existe una falta de colaboración y victimismo incomprensible respecto de esta cuestión (al igual que pasa con inspecciones laborales), algo que no hace sino empeorar la situación y perjudicar a muchos, pero coherente con la estrategia de tensión. Que en plena fiebre de promesas y proyectos sobre fondos europeos ligados a la transición ecológica, ni el sector ni ninguna administración sea capaz de plantear algo tan obvio como es usarlos para un caso claro de transición ecológica como ésta, dice mucho del callejón sin salida del estado del “conflicto”.
Porque el “conflicto” no es, como se plantea de manera simplista, únicamente territorial o partidista. Desde luego que otros lugares tampoco hacen sus deberes y que los intereses electorales pesan, pero esto es un conflicto, fundamentalmente, entre intereses enfrentados sobre recursos públicos que como tales hay que analizar y potenciar, como en cualquier otra actividad que los use, en función de su utilidad social y ambiental.
De esta forma, a los regantes de riego tradicional, los mayoritarios, les benefician unas reglas de explotación del trasvase que sean estables y eviten situaciones de sequía. Cuando estuvo cerrado durante 11 meses muchos regantes de trasvase seguían teniendo a su disposición una “red de seguridad” con agua que no les pertenecía, decretos de sequía mediante. Algo que ocasionó quejas por parte de juzgados de agua de la Vega Baja porque los pozos de sequía constituyen un robo, tanto en cantidad (la subterránea del Segura) como en calidad, salinizando todavía más aguas que ya están en un estado lamentable. Pero también pequeños y medianos regantes de trasvase, que no tienen los recursos de los grandes y han sido conscientes de lo mucho que les han perjudicado las promesas y engaños del “agua para todos”, también necesitan unas reglas claras y no vivir en una tensión permanente.
Igualmente, muchos ciudadanos, a los que también nos pertenece el agua lo que nos interesa es modelo de gestión transparente, responsable y a muchos habitantes del sur, defender un modelo de huerta tradicional por su patrimonio natural, social y paisajístico, que los ríos, tanto el Segura como el Tajo, sean lugares de vida antes que “autopistas del agua” o cloacas. Y tenemos exactamente el mismo derecho, pocas veces atendido.
