El TC admite el recurso de la Diputación de Alicante contra la Ley de Mancomunidades del Consell
19/02/2019 -
ALICANTE (EFE). - El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Mancomunidades de la Comunitat Valenciana que presentaron el pasado 17 de enero cincuenta diputados del PP en el Congreso, a petición de la Diputación de Alicante.
Según la providencia dirigida por el TC con fecha el pasado día 12 a la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, se admite a trámite el recurso contra la Ley 21/2018 de 16 de octubre de Mancomunidades de la Comunitat Valenciana, en los artículos 2.3, 12, 13 a 17, 36 y 50 en los apartados 2, 3, 4 y 5, así como la disposición transitoria única del párrafo segundo y anexo.
A partir de ahora, el alto tribunal pide que en el plazo de 15 días los recurrentes se personen en el proceso y formulen las alegaciones que estimen convenientes.
La portavoz adjunta del grupo parlamentario popular en el Congreso, Belén Hoyo, acudió el 17 de enero al TC para presentar el recurso y, a las puertas del Constitucional, consideró que la norma recurrida utiliza la educación "como arma" para "extender el separatismo catalán" a la comunidad.
También adujo que, con esta norma que cree que incumple la Constitución en sus artículos 137, 141 y 149, el PSOE valenciano y Compromís-Podem no respetan el Estatuto de Autonomía de la Comunitat y fuerzan a los municipios a formar mancomunidades.
El presidente de la Diputación alicantina, el popular César Sánchez, ha manifestado este martes en su perfil de Twitter que en su día dijo que "plantaría cara al nacionalismo" y que "no permitiría el proceso de catalanización del Botànic". "Y no descansaré hasta que sean desalojados del Consell", ha proseguido el dirigente del PP.
La Ley de Mancomunidades fue aprobada el 27 de septiembre de 2018 con el apoyo del PSPV-PSOE, Compromís y Podem, que calificaron la nueva norma como un "gran avance" en el municipalismo valenciano, y el voto contrario de PP y Ciudadanos, que opinaron que se trataba de "un proceso de comarcalización encubierta".
