El 'Supermartes' del tripartito de Alicante

ALICANTE. No será el día clave que da inicio a la carrera electoral, como sucede en el caso del proceso de primarias para elegir candidatos en doce estados de los Estados Unidos, pero el próximo martes, día 15, será todo un 'Supermartes' para el tripartito que gobierna en el Ayuntamiento de Alicante. Pocas fechas serán tan trascendentales para el devenir de su gestión política, para sus relaciones con algunos de los colectivos claves de la ciudad (las asociaciones vecinales y las agrupaciones de comerciantes y los grandes operadores del sector) y para tratar de mantener un equilibrio con los grupos de la oposición, de cuyo apoyo depende para sacar adelante determinadas propuestas que deben pasar necesariamente por el salón de plenos. Sin ir más lejos, los presupuestos municipales.

¿Qué sucederá ese martes? Salvo cambio de planes de última hora, PSOE, Guanyar y Compromís deben aprobar entonces en Junta de Gobierno -el foro en el que se adoptan la mayor parte de las decisiones municipales- dos de los acuerdos que más debate social han suscitado en los últimos dos mandatos: la adaptación del callejero a la Ley de Memoria Histórica y la delimitación de una nueva zona de libre apertura para los comercios.

En principio, el acuerdo para renombrar hasta 46 calles de la ciudad que hasta ahora tenían rótulos relacionados con la dictadura franquista prosperará con el respaldo de las tres formaciones, que ya dieron su voto a favor en la comisión mixta creada al efecto. La decisión de actualizar esa nomenclatura seguirá, así, el cauce establecido en la ordenanza municipal que regula el proceso de rotulación de calles, en cuyo artículo 9 se deja constancia de que el órgano competente para asignar nombres de vías públicas es la Junta de Gobierno. 

Con todo, esa decisión ya ha levantado en armas a PP y Ciudadanos (C's). Los dos grupos de la oposición rechazaron el listado de nuevos nombres propuesto en esa comisión después de que se rechazaran sus alegaciones. En el debate, exigieron que la votación se trasladase al pleno, donde el tripartito no cuenta con mayoría desde la expulsión de la exconcejal de Guanyar, Nerea Belmonte, cuando se conoció que había adjudicado contratos menores a personas afines de manera directa. El grupo municipal del PP, cuando menos, ya ha anunciado que si la actualización del callejero se aprueba en Junta de Gobierno, impugnará el acuerdo en los juzgados. Los cambios propuestos tampoco han acabado de satisfacer plenamente a los vecinos de todos los barrios, pese a que en la comisión mixta sí se evidenció el respaldo de los colectivos sociales, culturales y vecinales representados.  

El segundo acuerdo, el de la aprobación de la nueva Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) sólo para el Centro Tradicional, no figura expresamente en el orden del día de la Junta de Gobierno. Sin embargo, según las fuentes municipales consultadas, se abordará con toda seguridad como asunto de urgencia. Esta vez, todo parece indicar que en el debate no habrá unanimidad. A priori, la propuesta debería quedar aprobada con el apoyo de PSOE y Compromís, que ya se manifestaron a favor en el Consejo Local de Comercio, el pasado 25 de octubre, como la mayor parte de los miembros puros del sector comercial representados en el consejo. Se da por seguro que Guanyar votará en contra, como hizo en el Consejo, ya que se opone a permitir la apertura en domingos en cualquier otra zona que no sea la franja marítima (la propiamente turística, según sus representantes). 

Compromís, que rechazó la última propuesta de delimitación de ZGAT para extender la libertad comercial a toda la ciudad en el pleno de marzo, mantiene ahora que la nueva ZGAT es la opción menos mala, ya que incluye condiciones de contratación y de conciliación laboral (los comercios a los que se autoriza abrir, los del Centro y El Corte Inglés, se comprometen a limitar a once los festivos que deberán trabajar sus empleados). En todo caso, los nacionalistas insisten en su rechazo a la figura de la ZGAT. La última prueba de ello es que este viernes, tras mantener una reunión con su diputado Ignasi Candela, acordaron volver a reclamar en el Congreso la derogación de la Ley que impone la implantación de al menos una zona de libertad horaria en las grandes ciudades como Alicante.    

La propuesta se debatirá en los términos en los que se aprobó en el Consejo Local de Comercio (es decir, sólo para el Centro) pese a que, este lunes, trascendió la sentencia que da la razón a Plaza Mar 2, Gran Vía y Puerta de Alicante y les reconoce el derecho a poder abrir los domingos en el mismo régimen del que dispone el comercio del Centro y El Corte Inglés desde 2013, cuando el PP aprobó la primera ZGAT, excluyendo al resto de centros comerciales y sin responder a sus peticiones. El alcalde y edil de Comercio, Gabriel Echávarri, insistió este viernes (tras presentar la 23 edición de los Premios del Comercio de la ciudad) en que el ayuntamiento recurrirá esa sentencia (prevé hacerlo hasta agotar todas las instancias posibles y blindar el acuerdo hasta 2019) pese a que el PP le haya instado a acatar el fallo. Señaló que el PP no confía en los técnicos municipales, como los responsables de la asesoría jurídica que, según dijo el miércoles, sí ven base para poder recurrir.

Las fuentes municipales consultadas aseguran que la asesoría jurídica aún no ha emitido su informe sobre la sostenibilidad de es recurso. El líder de Compromís, Natxo Bellido, apuntó el miércoles que respaldaba la posición del alcalde, pero que su grupo también tenía interés en conocer ese informe. Desde el miércoles, también ha habido un último ofrecimiento de la representación legal de los centros comerciales para celebrar una nueva reunión en la que llegar a una solución negociada. El alcalde dijo este viernes estar dispuesto a recibirlos y a dialogar, como ha hecho hasta ahora. Así que, aunque lo previsible es que el acuerdo de la ZGAT se apruebe, podría pasar cualquier cosa.

Por último, el mismo martes, ya por la tarde, podría quedar convocada una nueva reunión de todo el equipo de Gobierno para tratar de cuadrar los presupuestos municipales de 2017. Como ha venido publicando Alicante Plaza, el tripartito tiene un techo de 10 millones para concretar inversiones y más de la mitad de ellos ya están prácticamente comprometidos con proyectos que se consideran ineludibles: la primera fase del plan para urbanizar el entorno de Cigarreras (la llamada DUSI), con 2,9 millones; los 560.000 euros para las cámaras de videovigilancia del proyecto "Alicante se mueve"; los 600.000 euros para los presupuestos participativos; 300.000 euros para acabar con barreras arquitectónicas en la vía pública; 900.000 para ejecutar la ampliación del cementerio y otros 600.000 para Acción social. 

La edil de Hacienda, Sofía Morales (PSOE), ha venido manteniendo a lo largo de la última semana reuniones individuales con cada concejalía para conocer las prioridades de cada área. Prácticamente todos los ediles han pasado por su despacho, aunque aún no ha llegado el turno para los de Compromís. Probablemente suceda el lunes. De ser así, Hacienda tendría ya un primer borrador con las necesidades prioritarias de todas las áreas y la cita sería el martes por la tarde. En caso contrario, la reunión se aplazaría como muy tarde al miércoles, ya que el objetivo es comenzar a dialogar con la oposición (fundamentalmente con Ciudadanos, si se cumplen las intenciones manifestadas por el alcalde de obviar al PP y a los dos ediles tránsfugas) para poder llevar a pleno una propuesta definitiva en diciembre.

En definitiva, tres asuntos de calado que pueden marcar buena parte del mandato en una misma fecha marcada en rojo en el calendario. Un auténtico 'Supermartes'.