En 2025, junto a Dinapsis
Nuevo piloto en Benidorm: una red de agua depurada para uso de edificios residenciales
Por
BENIDORM. El Grupo Municipal Socialista de Benidorm ha pedido amparo al Síndic de Greuges para obtener respuesta a sus consultas planteadas al Ayuntamiento de Benidorm. Desde el principal partido de la oposición apuntan directamente al gobierno del popular Toni Pérez, al que acusan de no darle respuesta en tiempo y forma a sus solicitudes para poder hacer una labor fiscalizadora desde su posición. A su vez, la entidad valenciana ha recordado al Consistorio el deber de responder a los requerimientos del propio Defensor del Pueblo valenciano después de constatar que tampoco se les ha respondido para resolver la queja.
La portavoz de los socialistas, Cristina Escoda, acudió a la entidad para reclamar amparo al no recibir contestación a sus consultas. Según recoge el escrito del Síndic, se refieren a las formuladas en el registro municipal "desde hace varios meses". Así, reseñan que solo se les responde en persona durante las comisiones informativas, sin estar acompañado de informes técnicos municipales ni la documentación que les solicitan. A su juicio, y a la del Síndic, esta es una forma de no resolver sus dudas.
Así, el pasado 23 de octubre la entidad admitía a trámite la queja, al tiempo que se le requería al Ayuntamiento de Benidorm el envío en un plazo máximo de un mes los informes solicitados y la respuesta a las preguntas formuladas los días 2, 16 y 23 de septiembre, y el 7 de octubre. Sin embargo, el Defensor del Pueblo confirma en su resolución del pasado 4 de diciembre que no había obtenido respuesta del Consistorio.
Es por esto que en sus consideraciones, recomiendan a la administración local que resuelvan estas consultas "de conformidad con el silencio administrativo positivo producido". Y recordaron el "deber legal de contestar motivadamente las solicitudes de acceso a la información pública presentadas por los concejales en el plazo legal máximo de cinco días naturales". De igual modo lo remarcaron con respecto a la colaboración con el Síndic.
Para los socialistas, este es un "nuevo tirón de orejas" para el PP "por entorpecer la labor fiscalizadora del Grupo Municipal Socialista y por no colaborar con la institución". El portavoz adjunto, Sergi Castillo, ha explicado que la resolución de consideraciones emitida remarca que “si las preguntas que plantean los concejales no se responden de forma rápida, clara y congruente, este procedimiento de transparencia y control no sirve para nada, puesto que resulta imposible fiscalizar y participar en la gestión de asuntos públicos, ya que se impide injustificadamente el ejercicio del derecho fundamental de ejercer el cargo para el que han sido democráticamente elegidos por la ciudadanía (artículo 23 de la Constitución Española)”.
En este sentido, recuerda que si los representantes elegidos por sufragio universal encuentran trabas para el desarrollo ordinario de su función, “no solo se vulnera directamente su derecho fundamental al ejercicio de su cargo público, sino que también, aunque sea de manera indirecta, se ponen obstáculos improcedentes a la plena efectividad del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, piedra angular de nuestro sistema democrático”.
Además, la institución señala que, aparte de los casos graves de una falta absoluta de respuesta, “una contestación genérica que evita pronunciarse sobre todas y cada una de las concretas cuestiones planteadas en las preguntas que aborda otras distintas, no es una auténtica respuesta y no puede ser aceptada como tal, ya que es incongruente e imposibilita el control de los asuntos públicos. Hay preguntas que pierden todo su sentido si se contestan con meses de retraso”.
Con todo, Castillo ha lamentado ha criticado "la actitud hostil y la falta de colaboración del Partido Popular con la entidad que ya llevó al Ayuntamiento a aparecer en el Informe Anual de 2023 como ejemplo destacado de consistorios de la Comunidad Valenciana en donde se está limitando el acceso a la documentación que pide la oposición".
El representante socialista ha denunciado que, "junto a esta dura resolución, hoy en la Junta de Gobierno Local se ha dado cuenta de otras tres resoluciones de cierre de quejas emitidas por el Síndic de Greuges que han terminado con el mismo común denominador que no es otro que la falta de colaboración del Ayuntamiento de Benidorm con esta institución". Así, Castillo ha señalado que "el comportamiento del gobierno de Toni Pérez impidió alcanzar de manera efectiva la satisfacción de los derechos reclamados por los promotores de las quejas lo que llevará, otra vez, a la inclusión del Ayuntamiento en la relación de administraciones no colaboradoras con el Síndic".