ALICANTE. El PSOE no se da por satisfecho con el cese del asesor del PP que ha participado en una licitación del Ayuntamiento de Alicante a través de una de sus empresas y que iba a convertirse en adjudicatario del contrato en cuestión. Los socialistas han anunciado este sábado que darán traslado del expediente sobre la licitación del servicio de mantenimiento de las zonas verdes de las Escuelas Infantiles municipales al que había concurrido Avanza Serveis Integrals, la compañía de la que el cargo de confianza del PP, Jorge Crespo, había sido administrador único hasta hace poco más de tres meses y de la que seguía siendo socio con más de un 10% de las participaciones de la empresa. Así lo han confirmado este sábado fuentes del grupo municipal a través de un comunicado en el que se pide la dimisión inmediata del alcalde de Alicante, Luis Barcala, y de la edil Mari Carmen de España, por su vinculación con el intento de adjudicación del contrato municipal a uno de sus asesores "incumpliendo la legislación vigente que impide que un empleado de estas características, con más de un diez por ciento en una sociedad, acceda a un contrato". Según ese comunicado, los socialistas presentarán el lunes la correspondiente denuncia en Fiscalía para que sea la justicia la encargada de determinar las consecuencias de lo sucedido en el Ayuntamiento. La decisión de dar traslado de los hechos a la Fiscalía se debatió en la permanente del partido este viernes a propuesta del grupo municipal.
El PSOE insiste en la información ya publicada por Alicante Plaza, tras la denuncia pública formulada por Ciudadanos, al relatar que la propuesta favorable que permitiría a la empresa del asesor asumir el contrato de mantenimiento, cuidado y conservación de las distintas especies existentes en las zonas ajardinadas de las Escuelas del Patronato, se dictaminó favorablemente con la participación de la edil de Educación, Mari Carmen de España, que en ningún momento decidió inhibirse del proceso, ni alertar de lo que estaba sucediendo, por lo que a juicio de los socialistas existía una clara intención incumplir la ley. "Nadie puede creerse que la señora de España y Barcala no supiesen lo que estaba pasando, parece más probable que ambos, que han formado parte de gobiernos anteriores de la época más oscura de Alicante, pensasen que pueden seguir actuando como lo hacían antes, con total impunidad", denuncia la portavoz socialista, Eva Montesinos.
El PSOE recuerda que Barcala ha tenido que prescindir en menos de un mes de los dos únicos asesores que tenía contratados a jornada completa, con un sueldo de 2.500 euros al mes, adscritos ambos a la concejalía de Infraestructuras. "Primero descubrimos que un asesor realizaba tareas para la tránsfuga que le permitió acceder a la alcaldía y ahora otro incumple la ley y se presenta a un contrato cuando no puede. En ambos casos la respuesta del alcalde es que desconocía los hechos. Si eso es cierto, no puede seguir siendo alcalde ni un día más, porque demuestra que ha perdido totalmente el control del Ayuntamiento y ha permitido que el desgobierno se instale en la casa consistorial", denuncia Montesinos.
Los socialistas esperan que el resto de grupos políticos, en especial Ciudadanos, "responsable junto con la tránsfuga Belmonte de la llegada de Barcala a la alcaldía", reaccionen ante la gravedad de los hechos y tomen medidas antes de consentir que una vez más, por su inacción, Alicante vuelva a convertirse en el ejemplo de los males de la Comunidad Valenciana. "El último pleno, con todos los grupos a excepción del PSOE, votando a favor de desatar las manos al PP para que pueda volver a endeudar esta ciudad", en relación al plan de ajuste, "cuando hay sospechas cada vez más claras sobre su conducta, demuestra que todos debemos reflexionar sobre lo que está sucediendo. En ocasiones hay que ser valiente y dar un paso al frente", explica Montesinos.
Por último, los socialistas recuerdan que Barcala consiguió la alcaldia denunciando al anterior alcalde por un supuesto fraccionamiento de contratos en el que no había ninguna empresa beneficiada, mientras que él ha incumplido la legislación para intentar adjudicar un contrato municipal a uno de sus asesores, lo que debería provocar su dimisión inmediata.
Hasta ahora, al margen del cese del asesor socio de la empresa a la que se le iba a adjudicar el contrato, el PP ha anunciado la revisión del expediente para dilucidar si debe anular la propuesta de adjudicación a dicha empresa, como parece probable. Sin embargo, no ha anunciado ninguna medida adicional sobre la participación de ediles del equipo de Gobierno en la valoración de esa propuesta, ni si eso pudo suponer una vulneración de su deber de inhibición.
