BENIDORM. El Grupo Municipal Socialista de Benidorm ha presentado una propuesta de Ordenanza municipal para abolir la prostitución que se "fundamenta en proteger a las mujeres víctimas de la prostitución y en sancionar a quienes demanden sexo pagado", dicen en un comunicado. Esta propuesta, que el grupo socialista ha ofrecido a la Junta de Portavoces y "el equipo de Gobierno del PP ha rechazado sin ningún de motivo de fondo, se debatirá en el próximo pleno de junio".
El portavoz socialista, Rubén Martínez, ha explicado que “la finalidad de esta ordenanza es promover, dentro del ámbito de las competencias municipales, la erradicación de la prostitución y otras formas de explotación sexual, con el objetivo de proteger los derechos de las víctimas del sistema prostitucional”.
Asimismo, ha destacado que esta ordenanza articula una serie de medidas de carácter jurídico, así como recursos psicosociales, “para defender y proteger a las mujeres víctimas de prostitución y de explotación sexual, y para garantizar la convivencia en el espacio público de manera que toda la ciudadanía pueda ejercer libremente sus derechos”.
En este sentido, ha detallado que el modelo de ordenanza reconoce a las mujeres en situación de prostitución como víctimas de violencia de género. Por ese motivo, argumentan que no se sancionará en ningún caso a las personas prostituidas y promoverá políticas de ayuda para sacarlas de su situación. “La ordenanza prevé la aprobación de planes municipales de acción integral, que contengan medidas para que las mujeres en situación de prostitución accedan a servicios y recursos que les permitan salir del sistema prostitucional. Estos planes incluirán acciones de apoyo social, laboral, formativo y habitacional”, ha remarcado.
El portavoz socialista ha recalcado que “desde los ayuntamientos, tenemos competencias para impulsar medidas que vayan encaminadas a frenar esta lacra de la prostitución”. “Tenemos la capacidad jurídica para sancionar la prostitución como una forma de violencia sexual y considerarla una actividad ilícita y vulneradora de derechos en el espacio público, sancionar a las personas que consuman o soliciten servicios sexuales y en ningún caso sancionar a las personas prostituidas, que serán consideradas como víctimas”, ha indicado.
Así, entre otros puntos, la propuesta de ordenanza recoge en su articulado la prohibición de la demanda de prostitución, a la que considera como infracción grave, y la sanciona con multas de hasta 1.500 euros.
Además, si esta demanda se produce a menos de 200 metros de un centro educativo, de lugares con afluencia de público infantil o de la celebración de un acto festivo o deportivo la considera como infracción muy grave y la sanciona con multa de hasta 3.000 euros.
De igual modo, podrán ser sancionados quienes colaboren con los demandantes de sexo pagado como intermediadores (proxenetas) o personas que alerten de la presencia de agentes de la autoridad.
Por otra parte, también prohíbe la publicidad que promueva el consumo de prostitución, que considera como infracción leve, y la sanciona con multas de hasta 750 euros. En este caso, sería responsable tanto quien ejecute materialmente el acto de publicidad (como repartir folletos) como el anunciante.