El proyecto de apartamentos de l'Alfàs no tenía la compatibilidad turística, según el PP

ALICANTE. El proyecto de 158 apartamentos turísticos promovido por Clavealbir en l'Alfàs del Pi no tenía el certificado de compatibilidad turística de la Generalitat, según la portavoz del PP en el municipio, Maite Huerta. La portavoz popular señala que existe un informe del jefe de área de Urbanismo que destacaba este extremo en noviembre de 2016, en el que concluía que había que iniciar la caducidad de la licencia, tal como ha hecho ahora el Consistorio. La renuncia al proyecto, que lleva 10 años coleando, ha llegado envuelta en la controversia política entre los socialistas, en el gobierno, y los populares en la oposición.

Como contaba este lunes Alicante Plaza, el concejal de Urbanismo, Toni Such, firmó el 20 de junio una providencia para iniciar el procedimiento de declaración de caducidad de la licencia urbanística. El motivo no es otro que "la demora injustificada para el inicio de las obras, concediendo trámite de audiencia al interesado para alegar". Una decisión que se adoptaba tras las críticas de la popular Huerta, quien expresó sus sospechas de que se estaba moviendo el proyecto al observar una tala en la parcela donde se iba a construir. Según Such, en una inspección del 19 de junio se constató que no había movimiento.

Sea como fuere, el informe de Urbanismo que recomendaba iniciar la caducidad de la licencia porque el proyecto no iba a cumplir con el requisito de obtener la compatibilidad turística se llevó a la práctica, y según explica la portavoz popular se notificó en mano a la hermana del promotor, ante la imposibilidad de localizarlo.

El proyecto de Clavealbir ha tenido problemas desde el principio. La mercantil presentó el proyecto básico del edificio el 5 de junio de 2007, y desde entonces no ha hecho más que apagar fuegos. En noviembre la junta de Gobierno Local denegaba la licencia de obra mayor solicitada, a lo que contestó la promotora con un recurso de reposición, que se terminó denegando también por el mismo ente. En diciembre de 2010, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Alicante estima el recurso interpuesto por la mercantil y declara nulos los acuerdos municipales respecto a la denegación de la licencia de obras. 

Finalmente, en febrero de 2014 el arquitecto municipal redacta un informe en el que establecen los plazos necesarios para la ejecución de la obra. A pesar de que la promotora cumplió los plazos para presentar la documentación requerida, los técnicos concluyen desfavorable el informe de viabilidad respecto al proyecto técnico. En 2015 vuelven los tira y afloja entre la junta de gobierno local, con alegaciones por parte de la mercantil y la desestimación por parte de este ente. Con nuevas alegaciones que dan por fin con otros nuevos plazos para el inicio de las obras, acotando esta vez un plazo máximo de 30 meses. 

No obstante, el 3 de mayo de 2016 el gobierno local acuerda estimar el recurso de reposición que se basaba en la sentencia de 2010. Tras esto, el inspector de Obras y Servicios Técnicos emite acta de inspección en la que hace constar la nula actividad edificatoria en noviembre de 2016 (el informe al que alude Huerta), por lo que daban por incumplidos los plazos. Acto que se volvía a repetir en junio de este mismo año, esta vez por el jefe del área de Urbanismo, por lo que inician el procedimiento de caducidad de la licencia urbanística y que aún no se ha resuelto.