El 'procés', el 'caso Bankia' y el primer juicio con el PP como acusado marcan la agenda judicial de 2018

MADRID (EUROPA PRESS). La investigación del proceso independentista en Cataluña que se sigue en el Tribunal Supremo, el juicio de la salida a Bolsa de Bankia y la instrucción de las grandes causas de corrupción en la Audiencia Nacional marcarán la actualidad judicial del año 2018, después de un 2017 ya de por sí muy convulso en lo que respecta a los tribunales.

La 'macrocausa' que instruye el magistrado Pablo Llarena contra la organización del conocido como 'procés', en el que a día de hoy hay 28 imputados --muchos de ellos diputados electos tras el 21D-- por rebelión, sedición y malversación será sin duda el centro de la actualidad a lo largo de los próximos meses.

Para empezar, Llarena ha citado a declarar el 11 de enero a tres de los cuatro investigados que continúan en prisión provisional, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, después de que pidieran su comparecencia al ser los únicos, junto a Oriol Junqueras, a los que el juez ha mantenido esta medida cautelar.

Y unos días antes, el 4 de enero, la Sala Segunda del Supremo celebrará la vista de apelación solicitada por la defensa de Junqueras precisamente para revisar la prisión provisional y a la que asistirá el propio exvicepresidente.

Declaración de Artura Mas, Marta Rovira y Anna Gabriel

Aún está por ver cuándo llama a declarar el instructor a los nuevos imputados en la causa que se conocieron justo un día después de las elecciones: el expresidente Artur Mas; la número dos en la lista de ERC Marta Rovira, las dirigentes de la CUP Anna Gabriel y Mireia Boya; la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal; y la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Neus Lloveras.

En total, 28 imputados en esta 'macrocausa' que el juez Llarena acumuló en el Supremo, llevándose las que ya estaban abiertas en la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Al margen del alto tribunal, las causas que quedan 'vivas' aún son, por un lado, la que investiga la jueza central de instrucción número 3 Carmen Lamela sobre la participación de los Mossos d'Esquadra en el 'procés', en la que está imputado el exmayor Josep Lluis Trapero; y la del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona sobre la organización del referéndum del 1 de octubre.

Y mientras, el Tribunal Constitucional deberá resolver los recursos presentados por Podemos y por la Mesa del Parlament contra la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno de Mariano Rajoy que se puso en marcha como consecuencia de la declaración unilateral de independencia de Cataluña.

Además, Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega están pendientes aún de conocer si la inhabilitación impuesta por el TSJC por la organización de la consulta del 9-N de 2014 es confirmada por el Tribunal Supremo.

Dos procedimientos contra Rodrigo Rato

Al margen del 'procés', la actualidad judicial continúa con otros casos también muy conocidos, como el juicio que sentará en el banquillo a la antigua cúpula de Bankia, incluido su expresidente Rodrigo Rato, por los delitos de falsedad en las cuentas anuales de los ejercicios 2010 y 2011 para facilitar la salida a Bolsa de la entidad.

Por todo ello, el fiscal anticorrupción Alejandro Luzón pide cinco años de cárcel para Rodrigo Rato. Junto a él se sentarán en el banquillo el consejo de administración que dio luz verde a las cuentas, entre los que están el exministro Ángel Acebes y el exconsejero de OHL Javier López Madrid.

Este no será el único procedimiento en el que aparezca el nombre de Rodrigo Rato, pues en los Juzgados de Madrid se está investigando desde hace dos años el origen de su patrimonio por posibles delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares.

2018 también será el año en que se sabrá la fecha del juicio contra el presidente de Ausbanc Luis Pineda y el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, por delitos de organización criminal, extorsión, estafa, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional reclama una condena de 119 años de prisión para Pineda y de 25 años para Bernad en un caso que tiene otros nueve acusados, entre ellos la que fuera abogada de Manos Limpias Virginia López Negrete, quien ejerció la acusación popular en el caso Nóos, y para la que se piden 12 años de cárcel.

La agresión de Alsasua

Uno de los juicios que también se esperan para 2018 --y que ya tiene fecha, del 16 al 27 de abril-- será el que se seguirá en la Audiencia Nacional contra los ocho jóvenes acusados de agredir a dos guardias civiles y sus parejas en octubre de 2016 en Alsasua (Navarra).

La Fiscalía atribuye a siete de los imputados cuatro delitos de lesiones terroristas, con una condena de doce años y medio por lesión. Además, imputa a uno de ellos el delito de amenazas terroristas por el que pide igualmente doce años y medio de cárcel.

Y ya hay fecha también para el segundo juicio del 'caso Gürtel', concretamente la pieza relativa a la presunta financiación ilegal del PP de la Comunidad Valenciana, que sentará en el banquillo a 20 acusados, entre ellos ex altos cargos del partido como Ricardo Costa y Vicente Rambla. El juicio comenzará a mediados de enero y se alargará hasta el mes de abril a lo largo de 22 sesiones.

Otro caso en el que el PP se ve implicado, y en el que se sentará en el banquillo por una acusación penal, es el relativo a la destrucción de los ordenadores del extesorero Luis Bárcenas. El pasado 1 de diciembre, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Rosa María Freire, dictó apertura de juicio oral contra la formación política, su tesorera Carmen Navarro, el informático José Manuel Moreno y el abogado Alberto Durán.

La jueza les considera responsables de los delitos de encubrimiento y de daños informáticos --al PP sólo de éste último-- por borrar los documentos de Bárcenas "a conciencia mediante el sistema de borrado más drástico, el de sobreescritura de 35 pasadas y rallado hasta su destrucción física".

Paralelamente a todos estos procedimientos, en la Audiencia Nacional continuarán instruyéndose otros casos de corrupción abiertos en los últimos años, tales como Púnica y Lezo, que supusieron la caída de Francisco Granados e Ignacio González, respectivamente, quienes fueran 'manos derechas' de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre.

Declaración de los antiguos colaboradores de Gallardón

La investigación del 'caso Lezo', que estalló en abril de 2017, está aún en una fase muy incipiente en algunas de sus piezas, por lo que a lo largo de 2018 irán conociéndose más detalles. No en vano, el año comenzará con las declaraciones de nuevos imputados en esta causa, concretamente la cúpula del Canal de Isabel II del año 2001, cuando el Gobierno madrileño de Alberto Ruiz-Gallardón aprobó la adquisición presuntamente irregular de la sociedad colombiana Inassa.

En la Audiencia Nacional también se conocerán nuevos avances en la investigación abierta contra el presunto origen ilícito de la fortuna de la familia Pujol, cuyos nueve miembros están imputados. Precisamente, el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, salió de prisión en los últimos días de 2017 después de ocho meses.

Por otro lado, en el Tribunal Supremo se espera para 2018 la condena definitiva contra el exDuque de Palma Iñaki Urdangarin y el que fuera su socio, Diego Torres, por el conocido 'caso Nóos'. La Audiencia Provincial de Palma condenó en febrero de 2017 a seis años y tres meses al marido de la Infanta Cristina --quien fue absuelta--, mientras que penó a Torres con ocho años y medio de cárcel.

Y en la Audiencia Nacional, otras sentencias que se conocerán próximamente serán las de la primera época de la trama Gürtel, cuyo juicio acabó en noviembre de 2017 tras más de un año de sesiones, y el de la trama Pretoria de corrupción urbanística en Barcelona.