El presupuesto ya es una cuestión ferroviaria

Los presupuestos generales del Estado para el año en curso suelen generar reacciones de todos los gustos. El partido del Gobierno los suele defender con vehemencia; la formación política que los respalda desde fuera defiende lo que le interesa; no suele hacer todas las cosas suyas, y la oposición, lo critica todo. De lo sucedido esta semana, hay dos conclusiones: las cuentas del Gobierno no han tenido sorpresas: incluyen todo lo que el PP, con buena dosis de propaganda, nos ha ido anunciado a lo largo del año, y dos, la gran asignatura, y la más costosa, que tiene el Ejecutivo es la cuestión ferroviaria.

En parte, ese sea el problema de la Comunitat Valenciana, y de la provincia de Alicante: no ha generado flujos económicos con el tren; si no más bien, ha sido a base de trayectos y circuitos viarios, en algunos casos, con pagos de peaje muy elevados, los que han permitido el desarrollo de sus comarcas. Pero en resumidas cuentas, los presupuestos, si acaban ejecutándose las obras en carreteras que incluyen, habrán solventado esa cuestión en mayor medida. Pueden quedar proyectos, pero singulares y que pueden tener su solución con el cariz que tome la futura liberalización de la AP7.

Las cuentas también han saldado, o al menos, pretenden, la asignatura pendiente de las desaladoras. La inversión llega tarde, casi a regañadientes, y motivada por la sequía y la demanda que han hecho los regantes. Pero llega, y poca gente, la ha puesto en valor, ni siquiera para reprocharle al PP los retrasos.

Y la otra cuestión es el tren, en tres proyectos: los enlaces con el aeropuerto de El Altet; la conexión con Torrevieja y el tren de la costa Alicante-Dénia-Gandia. En definitiva, la mejora de las cercanías. A ello habría que añadir el Corredor Mediterráneo, que al tratarse de un proyecto intercomunitario dejamos para otro artículo, aunque sería importante que el macroproyecto ferroviario despejara, de una vez por todas, la conexión de AVE con Murcia y el nudo de La Encima: son los grandes cuellos de botella de proximidad que arrastra la provincia y que resta mucha competitividad a un sector como el turismo y las sinergias entre ciudades. 

Y para hablar del tren, vista la escasa voluntad inversora que ofrece el presupuesto general del Estado -ahí sí que podrían incidir en las críticas PSPV y Compromís-, hay que hablar de la liberalización de la autopista AP7, la cual hemos pagado los ciudadanos de esta Comunitat y sus visitantes en varias ocasiones. Tener una idea clara de lo que queremos sobre el futuro de la AP7 podría despejar mucho el desarrollo de otras infraestructuras de su área de influencia, más allá del facilón eslogan de exigir liberalización total.

De lo expuesto el otro día por el profesor Armando Ortuño, en el acto de Ineca, me quedo con la opción de los peajes blandos puede reportar beneficios colectivos: para los propios usuarios, que siguen teniendo un vía premium; para los residentes de las zonas centrales, que por un módico precio pueden llegar antes a las capitales o zonas vecinas, y para la financiación de otras infraestructuras, como la propia N-332 o la conexión ferroviaria de aeropuerto (El Altet) a aeropuerto (Manises) -o ya puestos, con el nuevo de Corbera, en Murcia-. La clave está en que la Generalitt asuma la gestión de esa vía y la utilice como fórmula de financiación. Pues según expuso el propio Ortuño, con la fórmula del peaje 'blando' con bonificaciones a los residentes se seguiría obteniendo un superávit con la explotación de la vía y, descontado el gasto de mantenimiento, se liberarían hasta 270 millones de euros para destinar a inversiones en infraestructuras.

Y ojo sin descartar otro elemento: la posibilidad de implantar peajes altos específicos en un periodo del año; una especie de tasa de alta temporada, como ya se hace en la Autopista de la Costa del Sol, que une Málaga con Fuengirola, para que el mayor uso repercuta en una mayor recaudación, que finalmente pagan los usuarios, y no todos los ciudadanos. Por ejemplo, en esa autopista, hay dos precios, según el tramo de la temporada. En los meses de verano y la temporada de Semana Santa, cuando el viaje desde la capital hasta Estepona cuesta 12,50 euros. En concreto, desde junio hasta septiembre, más los 17 días que van desde el Viernes de Dolores hasta el domingo siguiente al de Resurrección, ambos inclusive, el trayecto desde Fuengirola, donde arranca el peaje, hasta Marbella tiene un coste de 7,45 euros, y 5,05 euros, hasta Estepona. Mientras, desde octubre hasta mayo (salvo los citados 17 días de Semana Santa) el precio es de 4,60 euros hasta Marbella, y de 3,10 euros hasta Estepona.

Pues quizás no es una mala solución para la AP7, que puede hacer más justicia para los residentes de los municipios que residen en los tramos intermedios -y no tienen la opción de la Autovía Central- y que puede generar beneficios para financiar otras infraestructuras, entre ellas, el tren, el medio más necesitado para la zona litoral y su conexión con el aeropuerto, y la red de cercanías. Sin embargo, este asunto, ni está en los presupuestos del Estado, ni en el debate político. Y es la gran asignatura.