El PP tendrá el control de la gestión y del bipartito de Alicante desde la Junta de Gobierno

ALICANTE. El nuevo equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante, un bipartito compuesto por 9 representantes de PP y 5 de Ciudadanos (Cs), estrenó este lunes el mandato 2019-2023 con el reparto de competencias entre sus 14 integrantes (13 en realidad, tras la reserva estratégica de Carlos Mazón para que pueda centrarse en presidir la Diputación). Con esa distribución ya formalizada en los términos detallados por Alicante Plaza, PP y Cs prevén mantener este martes la primera reunión de la Junta de Gobierno para formalizar su constitución oficial. Y ahí es donde se evidenciará cuál es el peso proporcional que ostentará cada formación a la hora de fijar el rumbo de la gestión municipal, en función del número de representantes obtenidos tras las municipales del 26 de mayo. 

Así, fuentes del PP precisaron que ese órgano de representación política en el que se adoptan la mayor parte de las decisiones municipales estará compuesto por los 14 concejales de ambos partidos. Todos tendrán capacidad de intervenir y de expresar sus posiciones, en aras de facilitar el consenso en un bipartito que parte con el reto de trabajar realmente como un único equipo, según vienen sosteniendo sus representantes incluso desde antes de que se desbloquease el acuerdo de gobierno. 

Ahora bien, sólo 10 de esos 14 concejales tendrán realmente capacidad de voto, en función del límite en el número de miembros que recoge la denominada Ley de Grandes Ciudades (Ley 57/2003 de medidas para la Modernización del Gobierno Local). Según esa ley, la Junta Local estará constituida por el alcalde y un número de concejales no superior a un tercio del número de concejales del conjunto del pleno (29). Es decir 9 más el primer edil. 

Según las mismas fuentes, la distribución de esos 10 representantes no deja espacio para las interpretaciones: el PP contará con 6 miembros, además del propio alcalde, Luis Barcala, mientras que Cs dispondrá de los 3 representantes restantes. O lo que es lo mismo, en el caso de que exista disparidad de opiniones entre PP y Cs, los populares siempre tendrán en último término la capacidad de decidir. 

La consecuencia: no habrá espacio para el equilibrio ni capacidad de veto que pueda obligar al alcalde a ejercer su voto de calidad para deshacer un hipotético empate en las deliberaciones de la Junta, como sí existía cuando se conformó el tripartito de Alicante, en junio de 2015. En aquel momento, la Junta de Gobierno quedó integrada por 4 representantes del PSOE (incluido el alcalde, Gabriel Echávarri); 4 de Guanyar y 2 de Compromís. Así, los ediles de la coalición valencianista podían jugar una función decisiva para decantar acuerdos en el caso de que existiese diferencia de criterios entre los tres partidos. 

No habrá espacio para los equilibrios, como sí sucedía con el tripartito constituido en 2015: el PP decidirá siempre en caso de disparidad de criterios    

Lo cierto es que disponer del control de la Junta de Gobierno es una potestad más que relevante si se tiene en cuenta que la gran mayoría de los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento de Alicante emanan de su Junta de Gobierno, como sucede en los ayuntamientos de las ciudades que se rigen por la citada Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno local. El pleno de la corporación, en el que se incluye a los ediles de la oposición, solo es competente para aprobar cuestiones relacionadas con el planeamiento urbanístico, sobre reglamentos y ordenanzas o sobre el propio presupuesto municipal.

Nada trascendió hasta este lunes sobre el nombre concreto de los ediles que tendrán esa capacidad de voto, al margen de la propia presencia de Barcala y de la edil del PP Mari Carmen de España en funciones de secretaria de la Junta. Por parte de Cs, se da por segura la presencia de la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez. 

Sea como fuere, al margen de la constitución de la Junta Local, el bipartito todavía debe concretar el resto de cuestiones organizativas pendientes, como la asignación de asesores (cargos de confianza) entre los grupos que componen el bipartito y el resto de grupos de la oposición (PSOE, Unides Podem EU, Compromís y Vox) y el régimen retributivo de todos los concejales. Hasta el momento, no se ha confirmado si se pretende seguir la misma política de distribución de dedicaciones exclusivas a los 29 ediles del pleno, ya sea totales o parciales, que se instauró en 2015.