Toni Such y Carlos Mazón,Mi compañero de tribunas Jorge Brugos suele insistir en la idea del desprestigio de la clase política. Sobre todo, por la facilidad que tienen los partidos de no aplicar el sentido común y intensificar la burocracia para dificultar el bien común. Podríamos decir que el denominado Fondo de Cooperación Local es una muestra de ello. Es una idea que puso en marcha la Generalitat Valenciana durante el primer mandato de Ximo Puig y que viene a generar una cuenta común de recursos económicos, aportados por la propia Generalitat (40 millones) y las tres diputaciones (otros 40 millones), que se reparte en función de la población (con efectos correctores para intentar primar a los más pequeños) y que los ayuntamientos pueden hacer uso de manera indeterminada. Desde pagar deuda a contratar una reparación urgente pasando por iniciar una obra nueva.
Desde que se pusiera en marcha, en 2016, las diputaciones de Valencia y Castellón siempre se sumaron, la de Castellón también con el PP. Pero la de Alicante nunca. Primero con César Sánchez y después con Carlos Mazón. A cada institución le correspondía aportar una cantidad, en función del peso poblacional de la provincia, y debía destinar ese dinero de forma indeterminada a los ayuntamientos. No debía aportarlo a la Generalitat y ésta lo distribuía. No, cada institución repartía su parte. Aquí lo básico es que el fin del dinero era indeterminado. Creo recodar que la Diputación de Alicante debía aportar 13,5 millones.
César Sánchez lo dejó pasar; Carlos Mazón hizo batalla de ello, en el momento en el que la Generalitat decidió convertir ese fondo en una ley y presentó un recurso al Constitucional. Discrepaba en dos asuntos: la obligatoriedad de las diputaciones en ese fondo: defendía que la participación debía ser voluntaria; y en el reparto de los fondos: la institución provincial era partidaria de un reparto que en teoría beneficiaba mejor a los municipios pequeños respecto a cómo lo hacía el de la Generalitat. El verdadero padre de esta ley, Antoni Such, entonces director territorial de Administración Pública, se cansó de negociar. Hubo múltiples reuniones y nunca hubo acuerdo. Mazón, incluso, fue a las Cortes a defender su postura. Such optó finalmente por convertir el fondo en una ley y que obligara a todos -Generalitat y diputaciones por igual-. Las negociaciones no dieron su fruto, así que la batalla se ha dirimido en los tribunales. Y mientras, el TSJ lo suspendió cautelarmente, lo que ha permitido a la Diputación de Alicante no aplicarlo durante este 2023 y seguir haciendo su política.
Mientras ha estado bajo análisis judicial, la Diputación de Alicante puso en marcha instrumentos parecidos a los del Fondo de Cooperación. El denominado Plan + Cerca es una especie de fondo en el que los ayuntamientos puede pedir obras o proyectos concretos o dinero, si lo necesitan, con uso indeterminado. El PP siempre lo defendió porque aportaba más fondos y repartía mejor. PSPV y Compromís siempre optaron por el instrumento común con la Generalitat porque era simple y llanamente un ingreso para el ayuntamiento sin tener que dar explicaciones o justificación posterior de dónde iba la inversión.
La cuestión es que esta semana el Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso del PP y ha dicho que la Ley del Fondo de Cooperación Municipal de la Generalitat es constitucional, a excepción de dos artículos. El Alto Tribunal viene a reforzar la “función de asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica” de las diputaciones provinciales a los municipios, con el fin de proceder a su coordinación. "Con esta obligación de contribuir a la dotación financiera del Fondo que se impone en la ley impugnada a las diputaciones provinciales no se estaría obligando a estas a hacer algo distinto de aquello a lo que están obligadas constitucional y legalmente", dice la resolución de la sala, que después debe traducirse en una sentencia, que tendrá votos particulares de tres magistrados (Enrique Arnaldo Alcubilla, Concepción Espejel Jorquera y César Tolosa Tribiño). Estos consideran que la ley "impone la participación forzosa de las diputaciones provinciales en un fondo autonómico y era contraria a la autonomía provincial constitucionalmente garantizada, ya que no se toma adecuadamente en consideración sus intereses".
Una de las advertencia que hace el Constitucional a la función coordinadora de la Generalitat debe disponer de límites a la hora de ejercitar esa facultad de coordinación; unos límites que se encuentran en la prohibición de privar a las diputaciones provinciales de esa competencia de asistencia y cooperación a los municipios de su ámbito territorial, hasta el punto de colocarlas en una posición de subordinación jerárquica o cuasi jerárquica, agotando así su propio ámbito de decisión en la materia”.
Posiblemente, la victoria electoral del PP el pasado 28M haya borrado la incidencia política de este fallo. Pero es una derrota a todas luces. Ahora veremos que hace el nuevo Gobierno valenciano y la Diputación de Alicante con la resolución. Si aplican la ley tal cual o la modifican. Los socialistas ya han solicitado que se aplique y con carácter retroactivo: los 141 ayuntamientos de la provincia de Alicante dejaron de percibir 13,5 millones durante cuatro años.
Pero la gran decepción, como ciudadano, es como unos matices, porque al final son unos matices (quién se apunta la autoría del reparto del dinero), han convertido un proyecto que en principio parece beneficioso para todos, se haya convertido en una batalla legal, con mucha tinta derramada, y en una oportunidad perdida para la mayoría. Por razón que creía que tuviera, el PP se la tendrá que envainar. Todo por el capricho político de pregonar "Lo he hecho yo", darse golpes en el pecho y vanagloriarse de que nadie debe dictar la coordinación con buenas intenciones que tuviera. Seguro que ahora se ve todo muy diferente. Le cambiarán el nombre (y alguna cosa más), y el Fondo de Cooperación será magnífico, fruto de una excelsa relación entre la Generalitat y las diputaciones.
