BENIDORM. El 23 de octubre de 2007 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana falla en contra del Ayuntamiento de Benidorm y la UTE formada por Enrique Ortiz e Hijos y Autobuses Playa de San Juan. Así, el juez declara nulo el acuerdo por el que el pleno aprobaba una modificación al proyecto que aumentaba la zona comercial y hotelera. Un mes después se le notifica a las partes. Pero el 4 de diciembre de 2008, el PP autorizaba a Enrique Ortiz una hipoteca sobre la concesión de la construcción de 21 millones de euros. Es decir, un año después que que el TSJ la declarara nula en una sentencia firme.
Ahora, el PSOE de Benidorm entregará nueva documentación a Fiscalía, que investiga todo su procedimiento de adjudicación, construcción y explotación. Unos documentos que no habían sido aportados hasta ahora a la causa y que al parecer, estaban olvidados en un cajón.
Entre otras cosas, cuentan con una certificación sobre la propiedad, en la que consta el escrito del aval con todos los detalles del mismo. La entidad, Bancaja; el crédito: 21.379.000 de euros, a razón de 177.533,37 euros mensuales que se irían actualizando cada año, desde marzo de 2009 hasta diciembre de 2023.
La hipoteca la pide en base a la concesión por 40 años que tiene sobre la estación, y cuya adjudicación se presupuestó en 11 millones de euros. Sin embargo, el empresario pone sobre la mesa la tasación de la construcción, valorada en 30.542.370 euros, según consta en el escrito hipotecario.
LA MINUTA DE QUE PRESENTA LA EMPRESA AL AYUNTAMIENTO ES 54.000 EUROS INFERIOR A LO QUE LE CONCEDE BANCAJA
Tal y como aparece en la escritura, el objetivo de este préstamo es utilizarlo para "la construcción y explotación de la Estación de Autobuses de Benidorm". No obstante, la minuta de escritura que presenta la empresa al Ayuntamiento es de 21.325.303 euros, y por tanto, 54.000 euros inferior a lo que le concede Bancaja. Es decir, minuta y escritura no son coincidentes según esta documentación avalada por un notario.
Hay que tener en cuenta además, que en la hipoteca recoge en un apartado que la Caja puede declarar vencida anticipadamente la obligación y exigir el inmediato pago entre otros motivos, "si concurre causa de caducidad de la concesión administrativa que se hipoteca o cualquier otra circunstancia que sea causa de extinción de la misma". Es decir, estaría en peligro teniendo en cuenta que tras la sentencia, se hablaba de liquidar el contrato para sacarlo de nuevo a licitación ya que el juez estimó que había sido una adjudicación nueva "encubierta" y no sólo una modificación del contrato por la cantidad de aportaciones nuevas al proyecto.
Para que la empresa pudiera conseguir el aval, tenían que pasar por el aro del Ayuntamiento. Ahí entra en escena el alcalde de Benidorm, en ese momento, Manuel Pérez Fenoll. Hay que recordar que en las comunicaciones interceptadas por la Policía en el caso Brugal, aparecían conversaciones entre el empresario y el equipo de gobierno en el que les insistía para que le autorizaran el préstamo.
Cabe destacar que en aquellos años ya había concejales que ahora gobiernan en la ciudad, es el caso de Toni Pérez, quien es a día de hoy alcalde de Benidorm y que en ese momento era el portavoz del PP; así como el actual portavoz del PP en el gobierno, José Ramón González de Zárate, que ostentaba el cargo en Urbanismo.
Finalmente, el acuerdo llegó y pasó por pleno como un "dar cuenta", en el que los concejales no tuvieron ningún tipo de poder de decisión, como así obliga la ley. Al parecer, sólo pasó por la firma del concejal de Hacienda y Contratación del momento, es decir, Francisco Saval, tal y como consta en un decreto del 4 de diciembre de 2008. En la documentación aparece el "visto bueno" del alcalde ese mismo día.
Según recoge el escrito notarial mencionado, un informe externo pedido por el Ayuntamiento para autorizar dicha hipoteca, solicitaba que "el clausurado del contrado de hipoteca debería hacer expresa mención a: 1º.- El conocimiento del banco hipotecante de las circunstancias jurídicas que recaen en torno a esta concesión, como consecuencia de la Sentencia dictada por el TSJCV nº 1546/07 que anuló el Acuerdo Modifcativo de la Concesión".
No obstante, no hay constancia de este término ni en el Clausurado del Contrato de Hipoteca ni en la Inscripción del Registro de la Propiedad.
Ante todo esto, hay que tener en cuenta que en aquellos momentos aún estaba pendiente de admisión un Recurso de Casación para Unificación de Doctrina planteado por el Ayuntamiento de Benidorm, que deducían que no tenía visos de prosperar por su "extemporaneidad" en su presentación.
Con el tiempo, la hipoteca a Ortiz llama más la atención sabiendo que el Tribunal Supremo avaló la sentencia del TSJCV años después. Ahora, el Ayuntamiento de Benidorm, con el PP de nuevo en el gobierno y algunos de ellos de la etapa en la que se gestó esta adjudicación, tratan de dar respuesta a este fallo intentando liquidar el contrato con el empresario.
Con esto, contemplarían la posibilidad de indemnizar al empresario. Algo llamativo ya que en la propia sentencia el juez dejó claro que no podía considerarse que se hacía una modificación porque les habían sobrevenido "causas imprevistas" ni razones de interés público.
Dos meses llevan los técnicos municipales tratando de darle una solución que parece haber enfrentado al secretario municipal y al departamento de Intervención del Ayuntamiento.
Haciendo memoria, el caso de la hipoteca es más alarmante si se tiene en cuenta el informe de Intervención dos años después de autorizarlo. En él aseguraba que la misma era "nula de pleno derecho" porque el firmante, el concejal de Contratación, no tenía competencias para firmarlo, y sólo se podía realizar a través de un acuerdo plenario.