Una de las oficinas de promoción inmobiliaria de Profusa. Foto: PROFUSA EL CAMPELLO. El grupo Fuertes, a través de su filial inmobiliaria Profusa, fuerza la máquina para tratar de reactivar el desarrollo de su proyecto de centro comercial en El Campello. Lo hace de la mano del Ayuntamiento. Y, curiosamente, al mismo tiempo también contra él, tras haber presentado una reclamación de responsabilidad patrimonial de 1,5 millones con el propósito de preservar sus intereses, tras la anulación del proyecto por parte del Tribunal Supremo (TS).
Por partes. La propuesta de los propietarios del grupo alimentario El Pozo contempla la construcción de un complejo para medianas superficies en una parcela de unos 100.000 metros cuadrados situada en la partida de El Mesell. Profusa (principal propietaria del suelo de ese sector) adquirió la condición de agente urbanizador para su desarrollo en 2015. Sin embargo, su proyecto saltó por los aires junto al resto del planeamiento municipal en noviembre del año pasado, cuando el Tribunal Constitucional (TC) rechazó la última bala del Ayuntamiento para tratar de salvar el Plan General de 2011, después de que el Tribunal Supremo (TS) lo anulase en una sentencia conocida en abril de 2016. Como publicó Alicante Plaza, ese pronunciamiento judicial devolvió a El Campello a la ordenación urbanística aprobada en 1986, lo que bloqueó sus planes de expansión e iniciativas como la de Profusa.
El primer movimiento -el de la reactivación de ese centro comercial- comenzó a registrar avances la semana pasada tras una reunión de trabajo entre responsables del cuatripartito de El Campello (Compromís, PSPV, Partido de El Campello y un edil no adscrito) y de la Conselleria de Vertebración del Territorio. Según portavoces del cuatripartito, en ese encuentro se acordó que se impulsaría una modificación puntual del PGOU de 1986 que recalificase los terrenos (que ahora vuelven a ser rústicos) y diese cobertura al complejo de medianas superficies de Profusa, tras considerar que, cuando se conoció la sentencia del Supremo, ya se habían aprobado varios trámites para su desarrollo.
El Gobierno de El Campello, en el pleno de su constitución. El segundo movimiento, el de la reclamación patrimonial frente a la administración, se materializó a principios de este año, aunque no ha trascendido hasta ahora. La empresa alegó que debía velar por sus intereses presentando esa solicitud de indemnización en plazo ante la posibilidad de que se extinguiese toda posibilidad de reanudar su proyecto. El registro de esa petición de compensación, según las mismas fuentes, no implicaría necesariamente, que vaya a ejecutarse.
Según las fuentes consultadas, sobre la reclamación responderían al 50% tanto el Ayuntamiento como la Generalitat, ya que el Supremo tumbó el PGOU tras constatar que adolecía de un vicio de nulidad de responsabilidad compartida: en ese documento no se había incorporado el preceptivo estudio económico financiero que demostrase la viabilidad de las expropiaciones a las que se iba a dar lugar con las desclasificaciones de suelo, ni se aportaba un estudio de sostenibilidad que valorase gastos de gestión y mantenimiento de las infraestructuras que se preveían desarrollar.
Con la tramitación de una modificación puntual del PGOU de 1986 se abriría la puerta a que el proyecto pudiese ver la luz. De hecho, el alcalde, Benjamín Soler (Compromís), apuntó este martes, en declaraciones a Radio Alicante, que el Ayuntamiento estaría predispuesto a ofrecer a Ikea su participación en ese proyecto de centro comercial en el caso de que no prosperasen las negociaciones entabladas con el Ayuntamiento de Alicante.
El primer edil apuntó que no había mantenido todavía ningún contacto oficial con los representantes de la multinacional del mueble, aunque sí dijo que le constaba que la firma sueca conocía ya a través de terceros la existencia de esa voluntad municipal. Soler destacó que el emplazamiento del sector es inmejorable desde el punto de vista de sus facilidades de acceso, ya que está prácticamente conectado con la AP-7 y con la N-332.
