La toma de posesión del alcalde de El Campello, Benjamí Soler. Foto: APEL CAMPELLO. La ordenación urbanística del municipio de El Campello vuelve al pasado. En concreto, nada menos que a 1986: la fecha del único Plan General que ahora sigue siendo válido 30 años después. El Tribunal Constitucional (TC) acaba de tumbar el último intento del Ayuntamiento para tratar de salvar el último planeamiento, que se aprobó en 2011 (con un gobierno del PP), después de que el Tribunal Supremo (TS) acordase su anulación a principios de este año. El alto tribunal consideró que ese documento adolecía de vicios de nulidad en un proceso iniciado por la demanda presentada por los propietarios de un conocido restaurante situado en primera línea de la playa del Carrerlamar.
Los propietarios del establecimiento solicitaban que se retirase la nueva catalogación del suelo en el que se asentaba su negocio: de urbano pasaba a dotacional como zona verde y, por tanto, se abría el camino hacia su expropiación. Tras analizar esa reclamación, el TS no se limitó a anular ese cambio de calificación, sino que invalidó todo el documento, ya que consideró que no se había incorporado el preceptivo estudio económico financiero que demostrase la viabilidad de las expropiaciones a las que se iba a dar lugar con las desclasificaciones de suelo, ni se aportaba un estudio de sostenibilidad que valorase gastos de gestión y mantenimiento de las infraestructuras que se preveían desarrollar.
El actual equipo de Gobierno, un tripartito en situación de minoría compuesto por Compromís, Demòcrates y Partido de El Campello (la marca local de Podemos), acudió al Constitucional con el propósito de mantener la última ordenación municipal, no perder el trabajo elaborado y no tener que aplicar las normas urbanísticas que regían hace 30 años. En su resolución, notificada el 7 de noviembre, el TC considera que no hay motivo de trascendencia constitucional para que pueda tomar en consideración el recurso.
El alcalde, Benjamí Soler (Compromís), confirmó ayer que a partir de ahora "ya no hay excusas para comenzar a trabajar cuanto antes en la redacción de un nuevo Plan General". A priori, el objetivo es procurar un crecimiento ordenado en torno al casco urbano ya consolidado, sin grandes expansiones ni desarrollos diseminados como los que se daba cabida en algunos sectores en el documento de 2011.
El tripartito campellero, por otro lado, podría volver a convertirse en un cuatripartito (dejó de serlo tras la expulsión de EU) a partir del próximo lunes. Es la fecha en la que está prevista la celebración de la asamblea del PSPV local para votar una propuesta de incorporación al equipo de Gobierno que ya se ha rechazado en dos ocasiones. El PSPV respaldó la toma de posesión de Soler pero decidió permanecer en la oposición, tras las municipales de 2015. Ahora, todo apunta a que la militancia podría estar predispuesta a que los tres concejales pasen a tomar delegaciones. Según pudo constatar Alicante Plaza, el PSPV pasaría a controlar las áreas de Hacienda, Servicios Económicos, Contratación, Participación Ciudadana, Comercio, Fiestas, Cultura y Deportes.
Su posible entrada en el gobierno se produce, además, en plena polémica sobre la composición de la coalición electoral Demòcrates, al parecer constituida de manera verbal por El Campello Demòcrates y Los Verdes. Este último partido notificó el martes el acuerdo de supuesta expulsión del concejal de Fiestas y teniente de alcalde, David Alavés, por no haber dado cuentas al partido (no haber informado sobre el uso de la subvención municipal recibida para gastos de funcionamiento del grupo). Alavés alega que nunca ha sido militante de Los Verdes y que por lo tanto no pueden acordar su expulsión.
El alcalde valoró el miércoles que el escrito registrado por Los Verdes "no tiene otro objetivo que buscar la inestabilidad del equipo de gobierno y del concejal David Alavés". "Mi posición y la del resto de miembros del gobierno, es la de total confianza con el señor Alavés, de la misma manera que él depositó toda su confianza en nosotros", añadió. En esta línea, sostuvo que "esto no es más que una artimaña a la desesperada de la que fue en su día la número dos de El Campello Demòcrates y personal de confianza del equipo de Gobierno. Y con esta operación no ha hecho más que ratificar la pérdida de confianza sobre su persona que provocó su salida", explicó. Con todo, Soler ha solicitado un informe jurídico para evaluar la validez de ese escrito de expulsión y evaluar posibles consecuencias.
El Síndic de Greuges insta al Gobierno campellero a dar acceso a los informes solicitados por EU-UP sobre la reforma del spa.
