BENIDORM. El pleno de la Corporación de Benidorm ha aprobado hoy por mayoría los precios públicos del aparcamiento subterráneo de l’Aigüera, que contemplan bonificaciones de hasta el 60% para residentes y clientes de establecimientos comerciales, hosteleros y hoteleros de la zona Centro. La concejal de Hacienda, Aida García Mayor, ha explicado que estos precios públicos se recogen “en la ordenanza fiscal” y se fijan en base “a la memoria elaborada por el área de Ingeniería”.
García Mayor ha recordado que “una vez finalizado el contrato actual, el aparcamiento pasará a gestionarse de forma directa por parte del Ayuntamiento”, y de ahí que sea necesario aprobar esta ordenanza fiscal, que fija “el precio por minuto en 0,0317 euros”.
Tal y como recoge la ordenanza, la nueva gestión prevé bonificaciones de hasta el 60% para los “titulares de la tarjeta Residente” de aparcamiento de Benidorm, así como con la presentación del “tique de compra en comercios, bares, restaurantes del centro de Benidorm” o “justificante de estancia” en alojamientos turísticos también de la zona centro”. García Mayor ha indicado que “la intención es que estas bonificaciones alcancen el 60%”, una cuestión que “se irá modulando durante el primer año” en función de “cómo evolucione económicamente la gestión del aparcamiento”.
La edil de Hacienda ha señalado que “esta ordenanza y la gestión pública de este parking dinamizará la movilidad del centro de Benidorm, ya que contribuirá a facilitar el aparcamiento a las personas que quieren acceder al centro de la ciudad ya sea para pernoctar en algún establecimiento hotelero céntrico, hacer gestiones, compras, etcétera”. “Todo ello redunda –ha agregado- en un importante beneficio para la ciudad desde los puntos de vista económico, ambiental y social”.
También en el ámbito económico, por amplia mayoría el pleno ha dado luz verde a unamodificación presupuestaria por importe de 59.025,92 euros para hacer frente al convenio expropiatorio que va a permitir al Ayuntamiento obtener 60 metros cuadrados de suelo en la calle La Garita; un suelo que actualmente ocupa la finca número 37 y que se destinará a ampliar esta vía pública.
Tal y como se acordó en el convenio de expropiación, la propiedad se encargará de la demolición del actual inmueble, tras lo cual el Ayuntamiento tomará posesión de esos 60 metros cuadrados de suelo en la calle La Garita, Posteriormente, el Ayuntamiento realizará la obra de urbanización, con la que se ampliará la anchura de este tramo de la vía dejándola con la misma estética y dimensiones que el resto de la calle.
Con el voto unánime de la Corporación, se ha aprobado someter a información pública la modificación puntual número 22 del Plan General que atañe a la implantación de medianas superficies comerciales y a los denominados ejes comerciales. Según ha explicado la edil de Urbanismo, Lourdes Caselles, esta modificación puntual actualizar y adaptar las normas urbanísticas a la legislación comercial, permita incrementar la superficie de venta en pequeñas y medianas bandejas comerciales, y “ampliar la calificación de ‘eje comercial’ a calles de fuerte demanda comercial” facilitando así la implantación de actividad en las primeras plantas.
Caselles ha informado que esta modificación “cuenta con informes ambientales favorables” y con el visto bueno del “Servicio Territorial de Urbanismo y de la Conselleria” competente que “dan la razón al Ayuntamiento sobre cómo estamos regulando la planificación urbanística y comercial”.
La edil ha indicado que en base a esta modificación “la superficie de venta en pequeñas y medianas bandejas comerciales se incrementa a 2.000 metros cuadrados para alimentación y a 2.500 metros cuadrados para el resto”; mientras que se propone la calificación como ‘ejes comerciales’ a las calles Mercado, Gerona, Alameda, Ametlla del Mar y Alicante, en las que en los últimos años “se ha potenciado la peatonalización”.
También por unanimidad se ha aprobado el Reglamento regular del servicio de teleasistencia domiciliaria, cuyo coste ha asumido el Ayuntamiento y que se va a prestar a través de Cruz Roja. La concejal de Bienestar Social, Ángela Llorca, ha explicado que este servicio permite que “las personas mayores y solas de nuestro municipio que no son dependientes puedan seguir protegidas, potenciando su autonomía y facilitando que residan en su domicilio el mayor tiempo posible”.
Llorca ha indicado que, a través de una línea telefónica y herramientas informáticas, las personas usuarias contactarán “con personal especializado”. La teleasistencia se incluye los servicios de Custodia de llaves y Unidad móvil que permiten al equipo de profesionales autorizados acceder al domicilio en caso de caída o emergencia, agilizando la atención y minimizando los posibles daños.
El reglamento aprobado hoy establece el funcionamiento de la teleasistencia, así como los requisitos que deben cumplir las personas beneficiarias.
Con idéntico resultado, se ha aprobado el Plan Municipal de Atención a la Enfermedad Mental 2021-2024, con el que se “organiza el funcionamiento” del nuevo Servicio de Atención y Seguimiento a la Enfermedad Mental creado la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. Esta Plan “incluye también los principales objetivos, acciones y recursos” que “están orientados a la recuperación psicosocial de las personas con enfermedad mental, mediante la prevención, promoción de la autonomía e inclusión”, según ha detallado Llorca.
La edil de Bienestar Social ha indicado que a través de este servicio “se va a realizar una atención integral” que incluye “el contexto familiar, social, económico, de ocio y laboral” y con el que se trabajará “no solo con la persona afectada, sino también con su familia”. Llorca ha recalcado que “el fin último es el finmejorar la comprensión social de la enfermedad mental y eliminar el estigma, permitiendo visibilizar y normalizar la enfermedad mental”, dando “respuesta a las necesidades de un colectivo olvidado”.
Por mayoría, se ha expresado “el rechazo a la el rechazo a la nueva distribución para el ejercicio 2020 de los fondos destinados a las Entidades Locales para el cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género” tras constatarse “un recorte” en los recursos transferidos a la Comunidad Valenciana respecto al año anterior. En el caso de Benidorm, el recorte es de “casi el 55%”, según ha manifestado la concejala de Igualdad, Ángela Zaragozí, quien ha recalcado que “no se puede retroceder en la lucha contra la violencia de género”.
Por ello, se ha instado al “Gobierno de España a aumentar las transferencias, como mínimo, a las cifras anteriores a la pandemia” para “evitar que los programas implantados para la lucha contra la violencia de género, e incluso el propio Pacto de Estado, no se vean afectados”
En la misma sesión, se ha ratificado y dado cuenta de la designación del secretario municipal como secretario del Consorcio del Plan Zona de Residuos 6; y del acuerdo adoptado por la Mesa de las Cortes Valencianas de trasladar a los grupos parlamentarios de la Cámara los acuerdos del pleno de Benidorm del pasado febrero de apoyo a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de la solicitud de declarar como ‘actuaciones estratégicas’ en materia sanitaria la construcción del nuevo centro de salud del Rincón de Loix y de la ampliación del Hospital comarcal de La Vila Joiosa.
Con el voto de todos los miembros de la Corporación ha prosperado una propuesta del grupo municipal Cs para realizar los trámites que sean necesarios para ampliar el plazo vigente de bonificación del ICIO hasta el 30 de junio de 2021”.
Acto seguido, la Corporación al completo ha aprobado una moción de la concejal de Hacienda para modificar la ordenanza fiscal número 5 y de este modo viabilizar esa bonificación del ICIO hasta el 30 de junio. García Mayor ha indicado que con este medida se trata de “fomentar la actividad empresarial y el empleo en estos primeros meses del año”.
También por la vía del despacho extraordinario y con idéntico resultado, ha salido adelante una propuesta de la Junta de Portavoces para adherirse a la declaración de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en la que se establece la idoneidad de que los Ayuntamientos participen en la gestión de los fondos europeos del Plan de Recuperación.
