ALICANTE. La empresa Promociones e Iniciativas Municipales de Elche, SA (Pimesa) surgió en el año 1990 como sociedad 100% pública a modo de brazo ejecutor de la política de promoción urbanística en Elche. Es una sociedad mercantil local, con forma jurídica de sociedad anónima unipersonal, que se rige por el ordenamiento jurídico privado y que forma parte del sector público institucional, según recoge su propia carta de presentación, difundida en su sitio web oficial. Ahora, 26 años después, es el espejo en el que Generalitat y Ayuntamiento de Alicante pretenden mirarse para desarrollar el suelo del sector de Rabasa y dar cabida a la tienda de Ikea y a un hospital, entre otras dotaciones.
El principal cometido desde su creación ha sido la compra y desarrollo de suelo para facilitar la instalación de empresas en una de las ciudades con mayor actividad industrial de la Comunidad. A esa filosofía se debe la creación de Elche Parque Industrial, un polígono que acoge ya a 575 compañías en el que trabajan cerca de 11.000 personas. Y esa misma filosofía es la que se va a seguir aplicando para llevar a cabo su expansión, en otros 600.000 metros cuadrados que deben "atender la creciente demanda de suelo que venimos percibiendo en Elche y en el conjunto de la provincia", según señala el alcalde de la ciudad, Carlos González (PSOE).
En ese camino se van a seguir los mismos pasos dados hasta ahora: Pimesa debe asumir las gestiones necesarias para adquirir la propiedad de esa gran bolsa de suelo, ahora repartido entre varios propietarios, para urbanizarlo y poder ofrecérselo, después, a los clientes que estén interesados en ellos. El proceso ya está en marcha. Pimesa ha adquirido recientemente 90.000 metros cuadrados que hasta ahora eran propiedad de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR).
Con los terrenos en la mano, Pimesa será la encargada de promover el instrumento urbanístico necesario para que admitan su uso industrial, bien como Plan Parcial o como Plan de Actuación Integrada. Ambas fórmulas deben pasar necesariamente por el pleno municipal, en el que el equipo de Gobierno (PSOE, Compromís y Partido de Elche) está a un voto de la mayoría absoluta. Después, llegará a manos del Consell para someterse a los informes sectoriales que resulten necesarios.
Con el plan aprobado (siempre que se apruebe), Pimesa ejecutará las obras de acondicionamiento y buscará clientes para venderles las parcelas finales, listas para la instalación de naves. Entre ellos se entiende que figurará Tempe: la firma que había llegado a plantear inicialmente la ampliación de sus instalaciones actuales bajo la fórmula de tramitación exprés creada por el PP, la Actuación Territorial Estratégica (ATE).
En principio, la posición de partida de Tempe en Elche se asemejaría a la de la instalación de Ikea en Alicante. Según las fuentes consultadas, en la actualidad la sociedad participada por Inditex no cuenta con terrenos en esa zona de ampliación. Sólo dispone de la necesidad de suelo que ya habría canalizado a través de Pimesa como cualquier otra empresa interesada en asentarse en el parque industrial. De hecho, ese fue el modus operandi seguido por la propia Tempe en su propio nacimiento, cuando adquirió 60.000 metros cuadrados de suelo urbanizado en la primera fase del parque.
La firma participada por Inditex ya compró 60.000 metros a la promotora pública en su 'aterrizaje'
¿Es ese modelo exportable al caso de Ikea? Podría serlo si para el caso de Alicante se contase con un operador público similar. El ayuntamiento capitalino no tiene a su alcance ni presupuesto ni una Pimesa que pueda impulsar el plan, urbanizar los terrenos y comercializar las parcelas ya dotadas de servicios en Rabasa. Quien sí dispone de un instrumento público similar es el Consell. Se trata de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), sucesora del IVVSA, entre cuyas funciones figuran precisamente la promoción, construcción, gestión y explotación de suelo.
Si la EIGE tomará las riendas del proceso para urbanizar Rabasa, como Pimesa lo hace en Elche, se abriría, además, todo un nuevo escenario lleno de posibilidades. Entre ellas, una que Pimesa también está facultada para ejercitar: la opción de acudir a la vía expropiatoria para adquirir terrenos -previa declaración justificada de su necesidad- en el caso de que no hubiese acuerdo de compra directa con los propietarios del sector. ¿La ventaja? Que el coste se acabaría ciñendo a criterios marcados por la propia administración, se entiende que objetivos. En caso de disputa, el recorrido de la expropiación acaba bien en la determinación de un justiprecio, que delimita el Jurado Provincial de Expropiaciones; o bien, en caso de que ese justiprecio se recurra en la jurisdicción contenciosa, en un coste final corregido por un juez en base a peritajes independientes. Es decir, sin dar pie a maniobras especulativas que multipliquen el valor del suelo.