Los operarios del servicio, en la zona ajardinada situada frente al Teatro Principal.ALICANTE. El servicio de mantenimiento y conservación de zonas verdes de Alicante cumple dos años sin contrato en vigor. La prestación adjudicada a Geamur en 2012 venció en julio de 2018, pero desde entonces la misma compañía ha seguido asumiendo su ejecución. Y, como es lógico, cobrando por ello. En concreto, en ese plazo de dos años, el Ayuntamiento de Alicante ha efectuado pagos por un importe próximo a los 7 millones de euros por el desarrollo del servicio, ya sin la cobertura legal que proporciona un contrato en vigor, mediante el mecanismo del reconocimiento extrajudicial de crédito (gastos ejecutados y no presupuestados). Se trata de una circunstancia que ya ha motivado el reproche del interventor municipal: la última ocasión, en su informe de liquidación del ejercicio de 2019, cuando alertó de la aprobación de pagos por 9,8 millones fuera de contrato.
En concreto, entre 2018 y 2020, el mantenimiento de parques y jardines de la ciudad ha supuesto un gasto de 7.846.814 euros, según datos oficiales recabados por este diario. En todo el 2018, se pagó algo más de 4 millones, además de otros 780.000 por gastos arrastrados del ejercicio precedente. En 2019, se abonó otros 3.777.000, además de otros 770.000 pendientes del año anterior. Y en los meses transcurridos de 2020, se suma 1.130.000 más, junto a otros 786.000 derivados del año pasado. Así, en su conjunto, la compañía (heredera de Viveros Albatera) acumula ingresos por un importe global de 28 millones desde el inicio de la prestación.
Como viene informando este diario, el PP impulsó la nueva licitación a finales de 2018, pero el concurso continúa sin zanjarse, después de que se haya desatado una pugna casi sin precedentes entre las empresas del sector que pujaron por asumir el servicio. Entre ellas, la propia Geamur, que había quedado apeada del proceso después de que se considerase que su oferta incurría en baja anormalmente desproporcionada no justificada.
Esa disputa ha propiciado que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), dependiente del Ministerio de Hacienda, haya tumbado la adjudicación aprobada en favor de la empresa STV Gestión. Fue el resultado del recurso presentado, precisamente, por Geamur. Con esa resolución, el equipo de Gobierno compuesto por PP y Cs quedaba abocado a retrotraer la licitación al momento de valoración de las ofertas con la incorporación de Geamur. Sin embargo, el proceso permanece bloqueado tras el registro presentado por otra empresa.
Entre tanto, el grupo municipal del PSPV-PSOE persiste en desarrollar su labor de fiscalización sobre la prestación del servicio, después de que representantes sindicales alertasen de supuestas irregularidades. Así, en enero de 2020, el PSPV-PSOE solicitó un informe específico al interventor municipal sobre los pagos efectuados. En ese mismo mes, se reclamó información sobre los trabajadores adscritos al servicio y las actas elaboradas por los inspectores municipales.
Sin embargo, el pasado 10 de junio decidió presentar una queja ante la Sindicatura de Greuges en la que exponía falta de transparencia por parte del equipo de Gobierno, después de haber conseguido la entrega de "un pen drive", el pasado 15 de mayo, "facilitado" por la empresa Geamur, según el escrito de queja, en el que no se incluía "la documentación solicitada".
