Mónica Lorente, exalcaldesa de OrihuelaALICANTEn (EFE). El juzgado de Primera Instancia 3 de Orihuela ha remitido a la Audiencia de Alicante, para la celebración de juicio, la causa que dio origen al 'caso Brugal', relativa a la adjudicación del contrato para recogida de residuos en esa ciudad del sur de la provincia alicantina, según fuentes del TSJCV. En el banquillo de los acusados se sentarán 34 personas, de las que quince han tenido o tienen en la actualidad la condición de autoridad o funcionarios públicos, como los exalcaldes oriolanos José Manuel Medina y Mónica Lorente, ambos del PP, y siete exediles de la corporación municipal.
El principal implicado es el empresario Ángel Fenoll, para el que la Fiscalía Anticorrupción solicita penas que suman 37 años y 8 meses en el escrito de acusación provisional que presentó en mayo del año pasado. Los 34 procesados son sospechosos -bien como autores, bien como cooperadores o cómplices- de delitos de prevaricación, fraude, cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, tráfico de influencias, revelación de secretos y de información privilegiada, delito electoral, asociación ilícita, extorsión e intento de coacciones.
La investigación se inició en 2006 y se centró, al principio, en la adjudicación del contrato de recogida y tratamiento de residuos de la ciudad oriolana, pero se extendió con posterioridad a otros hechos que derivaron en una veintena de causas judiciales bajo la denominación genérica de 'Operación Brugal'.
Entre esas piezas separadas destacan la referente a las supuestas irregularidades detectadas en el plan zonal de residuos de la Vega Baja, por la que deberán ser juzgados, entre otros, el expresidente de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll, y la que investiga una presunta trama de corrupción en torno al urbanismo de la capital alicantina. En esta última ya han sido procesados y están pendientes del correspondiente escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción el empresario Enrique Ortiz y los exalcaldes populares de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, entre otros.
En el caso de la contrata municipal de Orihuela sobre la recogida de basuras, el ministerio público sostiene que Fenoll y su entorno conformaron presuntamente una trama mafiosa que extorsionó a cargos públicos con la amenaza de revelar grabaciones con información relevante para "doblegar su voluntad". Así lo hicieron supuestamente con la entonces candidata del PSPV-PSOE a la alcaldía, Antonia Moreno, en las elecciones de 2007, o el del Centro Liberal Renovador (CLR), el ya fallecido Joaquín Ezcurra.
Además, el empresario oriolano habría pagado presuntamente sobornos a otros políticos para seguir monopolizando la recogida de basuras en la comarca o financiado "fuera de los cauces legales" al PP y al Partido Socialdemocráta. En concreto, según Anticorrupción, aportó dinero para una nueva sede del PP en la costa oriolana y sufragó el coste del material publicitario para la campaña de ese partido en las municipales de 2007, en las que Mónica Lorente era la candidata popular.
La tramitación de esta causa judicial está considerada de "extraordinaria complejidad", tiene una relevancia económica que ha sido cifrada en 6 millones de euros e incluye 34 piezas de responsabilidad civil que continúan en el juzgado de Primera Instancia oriolano. Los 81 tomos del sumario correspondientes a la parte penal fueron trasladados en cajas selladas esta misma semana con escolta policial a la sección séptima de la Audiencia de Alicante, con sede en Elche y encargada de celebrar el juicio, según el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV).
Este tribunal ha incoado ya el correspondiente rollo de sala y designado a un magistrado ponente antes de fijar las fechas para la celebración de la vista oral.
