Miguel Zaragoza.SANTA POLA. Además de las causas judicial abiertas en la actualidad, una nueva denuncia se podría sumar a las investigaciones abiertas sobre la etapa anterior en el Ayuntamiento de Santa Pola, con Miguel Zaragoza, del PP, como alcalde. Así, según ha podido saber Alicante Plaza, el Juzgado de Instrucción número cuatro de Elche ha requerido a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional que concluya la investigación del presunto fraccionamiento de contratos de balizamiento plazas, entre 2007 y 2015.
La Udef ha recabado documentación sobre los contratos sobre el balizamiento de las playas de Santa Pola. Al parecer, el modus operandi podría ser el mismo al detectado en los contratos de los uniformes de la Policía Local: contratos menores adjudicados a una misma empresa, pero a cuyo concurso se presentaban mercantiles con relaciones entre sí y con la misma identidad de cargos societarios. Otra de las anomalías que se han denunciado es que tampoco habría constancia efectiva del cumplimiento de los contratos y existe la sospecha de que ciertas prestaciones que debían ir a cargo de la empresa se hubieran realizado por agentes de Policía Local de Santa Pola. En esa etapa, era responsable del área de Playas, Loreto Serrano -actual candidata a la Alcaldía- y de de Hacienda y Contratación, José Pedro Martínez González. Ambos figuran en la candidatura del PP para las elecciones locales del próximo 26 de mayo.
En la denuncia inicial, se puso de manifiesto que estas labores fueron llevadas a cabo por miembros de la plantilla de Policía Local y, en concreto a los integrantes de la Unidad Marítima de Santa Pola, creado bajo el mandato de Zaragoza. En 2016, el consistorio santapolero acordó disolver esa unidad, pues misma ejercía competencias que no eran propias de los municipios, sino de Capitanía Marítima, dependiente del Ministerio de Fomento.
En esa misma denuncia se aportaron justificantes del elevado gasto económico detectado en su funcionamiento, en concepto de constantes reparaciones de la embarcación -que se usaba para ello- y con el elevado pago de horas extras que únicamente percibían los dos agentes integrantes de la Unidad Marítima. Hay que recordar que durante esa etapa el jefe de la Policía Local era José Miguel Zaragoza, investigado en dos causas relacionadas con la trama de los uniformes.
Este requerimiento del Juzgado a la Udef vendría motivado por la dilación y pasividad en las investigaciones dado que la denuncia que ha dado pie a las mismas fue presentada en marzo de 2016, es decir, hace más de tres años. Fuentes de la Udef indican que el retraso vendría justificado por la falta de medios personales y la reducción de plantilla desde 2017.
