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junto a otras tres personas

El juzgado archiva la imputación de tres delitos en un desahucio al alcaldable de Podemos en Elche 

7/03/2019 - 

ELCHE. El Juzgado de Instrucción Número 1 de Elche ha acordado el sobreseimiento provisional —a falta de posibles recursos— en sus diligencias referentes a la imputación de tres delitos al alcaldable y secretario general de Podemos en Elche, José Vicente Bustamante, junto a otras dos personas, por intentar paralizar un desahucio el 15 de mayo de 2018. La Policía Nacional les había acusado de tres presuntos delitos, desorden público, lesiones a la autoridad y resistencia a la misma. Ahora, tras este sobreseimiento provisional, los acusadores pueden interponer un recurso, aunque los acusados confían en que la cosa no vaya a más. La magistrada titular del juzgado considera "no debidamente acreditados" los hechos que dieron lugar a la presentación de la causa. 

El caso tuvo lugar el pasado mes de mayo, en el que se ejecutó el desahucio de una familia con una pequeña deuda con un fondo buitre y al que acudieron cien activistas y simpatizantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Bustamante señala que la actuación de los Antidisturbios "fue bastante contundente" y que ellos se limitaron a ofrecer "resistencia pacífica, como nos indicó la PAH". Explica además que la familia, en situación vulnerable, no pudo recoger sus pertenencias después de la ejecución ya que se cambió la puerta sin que pudieran entrar antes. Además denuncia que él y otras once personas sufrieron heridas por la actuación policial y que al mes recibió junto a otras tres personas, dos activistas de la PAH y el padre de la familia, la notificación de los presuntos delitos.

La acusación denunció que los activistas rompieron varios escudos policiales, les dieron patadas y les tiraron huevos, algo que según defiende Bustamante, fue cosa de los vecinos del edificio. Así pues, fue ayer miércoles cuando recibieron la notificación del sobreseimiento por las pruebas visuales presentadas por los acusados. Se les pedían penas de hasta 7 años de cárcel. El alcaldable ha aprovechado para cargar contra la concejalía de Bienestar Social al considerar "que no estuvo a la altura" y que culpó a la plataforma antidesahucios de lo sucedido. 


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