El juicio excúpula del PP valenciano por financiar actos electorales con Gürtel empieza este lunes

VALÈNCIA (EFE).- La excúpula del PP valenciano, con Ricardo Costa y Vicente Rambla a la cabeza, será juzgada a partir del lunes en la Audiencia Nacional por la financiación irregular de actos de campañas electorales de 2007 y 2008 pagados a la trama Gürtel con dinero b obtenido de comisiones de una decena de empresarios.

Veinte acusados se sentarán en el banquillo por estos hechos -que engloban tres piezas de la rama valenciana de Gürtel-, de los que cinco fueron cargos del PP valenciano, seis son integrantes de la trama Gürtel y nueve son empresarios.

Se trata del segundo juicio de Gürtel en la Audiencia Nacional, que recientemente ha juzgado la primera época de la red (1999-2005) -pendiente de sentencia-, y del tercero a la trama, que fue condenada en València por el caso Fitur tras la absolución de Costa y el expresidente Francisco Camps por el caso de los trajes.

En su escrito de acusación, la Fiscalía explica que entre 2003 y 2005 el Grupo Correa se expandió a Valencia para "aprovechar las posibilidades de negocio mediante el acceso a determinadas personas que desarrollaban su actividad política en aquella comunidad, con el objetivo de conseguir una posición ventajosa en la adjudicación de contratos en actos del partido, de la Administración o entidades dependientes".

La Fiscalía atribuye dos delitos electorales en las municipales y autonómicas de 2007 y otro en las generales de 2008 a 4 políticos (Costa, Rambla, David Serra y Cristina Ibáñez), 6 empresarios (Antonio y Alejandro Pons, Enrique Gimeno, Rafael y Tomás Martínez y Gabriel Alberto Batalla) y a 4 responsables de Gürtel (Francisco Correa, Pablo Crespo, "El Bigotes" y Cándido Herrero).

A los integrantes de la trama les imputan también varios delitos fiscales, por lo que se enfrentan a las mayores penas, que oscilan entre los 17 y los 27 años y medio, que pide para "El Bigotes".

El pasado febrero, los nueve empresarios acusados en esta causa pactaron con la Fiscalía, que les pedía penas de entre 4 y 6 años de cárcel, para eludir la prisión. Suscribieron con este fin un documento en el que reconocen haber financiado al PP valenciano en campañas electorales y se comprometen a reparar el daño.

En busca también de un pacto con Fiscalía o de que el juez central de lo penal de la Audiencia Nacional, José María Vázquez Honrubia, al que corresponde juzgar esta pieza, le conceda atenuantes, Correa ha confesado en un escrito que el PP de Valencia pagó en b a la trama, en concreto a Orange Market, trabajos en campañas electorales o mediante facturas ficticias a empresarios por trabajos no realizados.

Si bien admite que estaba al corriente de esa forma de pago, asegura desconocer los detalles y explica los roles de cada uno: "El Bigotes" se dedicaba a la captación de los eventos y su desarrollo, Crespo y Cándido Herrero supervisaban desde Madrid los costes y José Ramón Blanco Balín llevaba la contabilidad y la fiscalidad de Orange Market, ya que él nunca se ocupaba de las declaraciones tributarias.

Según su confesión, ese dinero b de Valencia se trasladaba a Madrid a la caja b de la red que él controlaba y de la que pagó a Álvaro Pérez, "El Bigotes", un sueldo por no poderle meter en nómina por sus problemas con Hacienda.

Tras expresar su intención de colaborar para "esclarecer los hechos" y asegurar que son "ciertos" los que le atribuye la Fiscalía en su escrito de acusación, relata que la sociedad Orange Market -de la que era responsable "El Bigotes"-, fue creada por la trama cuando dejaron de trabajar para el PP en Génova.

A través de un contacto de "El Bigotes", prosigue el escrito, llegaron hasta Francisco Camps -llamado como testigo en este juicio- y comenzaron a trabajar para el PP en Valencia.

Hasta el momento, Correa ha conseguido que el juez Vázquez Honrubia accediera en diciembre a su petición de desbloquear dos cuentas en Suiza en la entidad Crédit Suisse "para proceder a la reparación del daño" mediante la extracción de los algo más de dos millones que se le reclaman.

"La petición es plenamente atendible", exponía el juez, porque la repatriación de los fondos "no solo posibilita la pronta recuperación de la suma defraudada (...) sino que puede fundamentar la atenuante de reparación antes mencionada con la consiguiente disminución de la pena a imponer al acusado".

Esa rebaja en la pena es posible por "existir un alto grado de probabilidad además que el encausado Francisco Correa extienda su colaboración" para "el total esclarecimiento de los hechos y la determinación de los responsables criminalmente de los mismos".