El juicio de los 'zombies' en Imelsa y Ciegsa arrancará en 2023

VALÈNCIA (EP). El juicio por los presuntos 'zombies' en Imelsa y Ciegsa, dentro del conocido como caso Imelsa, arrancará en enero de 2023 y se extenderá hasta el mes de marzo.

Así se desprende del acuerdo alcanzado este lunes entre las diferentes partes del procedimiento --acusaciones y defensas--, que se han reunido para fijar calendario de estas piezas, la B y F, en las que se ha investigado contrataciones presuntamente irregulares en las empresas públicas Imelsa y Ciegsa, según ha podido saber Europa Press.

En este procedimiento figuran como acusados, entre otros, el expresidente de la Diputación y del PP de la provincia de Valencia Alfonso Rus --para quien Fiscalía reclama 12 años de prisión--; y el exsubdelegado del Gobierno en Valencia y exdiputado Rafael Rubio --quien se enfrenta a seis años de cárcel--.

Junto a Rus y Rubio --este último investigado en el caso Azud, por supuestamente cobrar sobornos a cambio de adjudicaciones públicas a diferentes mercantiles--, otros procesados son el ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla y el exdiputado del PP Salvador Enguix.

La jueza instructora abrió juicio oral en esta causa por delitos de pertenencia a organización criminal y delitos continuados de malversación, prevaricación administrativa y falsedad en documento oficial cometidos por funcionarios públicos.

Tal y como recogía el auto de procesamiento, Alfonso Rus, su entonces jefe de gabinete, Emilio Llopis, el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, y Máximo Caturla utilizaron dicha mercantil "en beneficio propio" y contrataron a trabajadores "para responder a favores solicitados por terceras personas".

En muchos de esos casos los empleados tenían la condición de asesores de miembros del consejo de administración de Imelsa pero no desarrollaron ningún trabajo para la empresa.

En la realización de estas contrataciones colaboraron presuntamente otros investigados como la entonces directora de Recursos Humanos y el director financiero de Imelsa, María Gracia Escrihuela y José Enrique Montblanc, respectivamente.

Según consta en un informe de la Intervención General de la Administración del Estado unido a las actuaciones, esas incorporaciones de personal "se hicieron obviando el procedimiento que garantiza los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad, transparencia e imparcialidad" y tampoco respetaron las limitaciones impuestas en las Leyes de Presupuestos Generales entre los años 2009 y 2014.

La juez enumera a 12 personas contratadas en este periodo en Imelsa por orden de Alfonso Rus que percibieron salarios sin haber desarrollado ningún trabajo efectivo para esa empresa de la Diputación.

Entre esas 12 personas, que están igualmente encausadas, figuran desde el alcalde de la localidad de Cofrentes, Raúl Mateo Ángel Balufo, hasta un jugador del Club Deportivo Olímipic de Xàtiva, el club de fútbol que presidía el propio Rus.

Como ejemplo, el jugador del club fue contratado en Imelsa en dos periodos, de septiembre de 2008 a junio de 2009 y de julio de 2009 a julio de 2010 sin que realizara trabajo alguno. Cobró un total de 57.325,55 euros y fue jugador de Xàtiva durante cuatro temporadas, coincidiendo estos periodos con las dos últimas temporadas que jugó para el club.

Otra contratada era una ama de casa que cobró un total de 89.243,98 euros de la empresa pública desde septiembre de 2012 hasta abril de 2015. Figuraba como asesora. En su declaración reconoció que tenía dificultades económicas, que pidió ayuda a Benavent, porque los dos eran de Xàtiva, y que empezó a cobrar un sueldo sin trabajar nunca. Se mostró arrepentida.

Respecto a Raúl Mateo Ángel, fue contratado desde marzo de 2008 hasta febrero de 2011 como asesor de Emilio Llopis. Percibió en concepto de salarios y de indemnización la suma de 109.441,32 euros "sin haber desarrollado trabajo alguno en Imelsa". 

De igual modo, existen otras cinco contrataciones presuntamente irregulares en Ciegsa, la empresa de la Generalitat Valenciana dedicada a la construcción de colegios e institutos, cuyo consejero delegado entre 2003 y 2007 fue el también secretario autonómico de Educación Máximo Caturla.