VALÈNCIA. (EP)El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado poner fin a la investigación sobre la contratación por parte de Repsol y CaixaBank del comisario José Manuel Villarejo para, presuntamente, espiar al entonces presidente de Sacyr, Luis del Rivero, y ha decidido exonerar a ambas empresas, al presidente de la primera, Antonio Brufau, y al expresidente de la segunda, Isidro Fainé.
En un auto de este mismo jueves, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 dicta el pase a procedimiento abreviado procesando como máximos responsables del presunto encargo ilegal a Villarejo a los exjefes de Seguridad de sendas empresas en el momento de la contratación: Rafael Araujo (Repsol) y Miguel Ángel Fernández Rancaño (CaixaBank). Y lo hace, explica, por hechos que pueden ser descritos como un delito de cohecho activo.
Además, el magistrado también procesa a Villarejo y a su socio Rafael Redondo por la posible comisión de delitos de cohecho pasivo y de descubrimiento y revelación de secretos. Por último, sitúa a un paso del banquillo al ex subdirector de Seguridad Corporativa de Repsol Rafael Girona y al exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño por delitos de cohecho activo y de descubrimiento y revelación de secretos respectivamente.
Por otro lado, y en vista de que "no existen elementos suficientes para atribuir la comisión de delitos", decreta el sobreseimiento para los ejecutivos de Repsol Luis Suárez de Lezo, Juan de Amunátegui y Joaquín Uris, y al ex director general de Medios de CaixaBank, Antonio Masanell.
Este movimiento se enmarca en la pieza 21 de 'Tándem', en la que el juez investiga si Repsol y CaixaBank habrían pedido en 2011 a CENYT que espiara a Del Rivero y su entorno para evitar que Sacyr y su aliado mexicano Pemex se hicieran con el control de Repsol.
Para argumentar el archivo para Fainé, el magistrado explica que el directivo "no conoció los pormenores de la contratación, ni del proveedor concreto ni del detalle de los servicios prestados", como ha quedado confirmado en las "declaraciones practicadas" hasta la fecha y en la investigación llevada a cabo por Auditoría Interna.
En esta línea, el juez recuerda que Araujo confirmó en su declaración de este martes en la Audiencia Nacional que "la iniciativa de la contratación de CENYT fue exclusivamente suya y que no informó a ningún directivo de su organización del nombre del proveedor externo" que, en este caso, fue el grupo empresarial de Villarejo.
Y es que, continúa el instructor, el hecho de que Fainé "haya reconocido en su declaración como investigado la preocupación que le generó el pacto Sacyr-PEMEX, al considerarlo altamente perjudicial para Repsol, de la que CaixaBank era accionista, es una afirmación razonable, dado el contexto en el que se produjo dicho pacto".
Sin embargo todo esto "no es indicativo de nada" para el juez, que incide en que el hecho de que Fainé "estuviese al tanto de la contratación de un servicio externo de seguridad, del cual no conocía los pormenores, no es un elemento incriminatorio aceptable en este momento procesal".
Con respecto a Brufau, el magistrado deja claro que "no hay indicios ni sospecha de los que puede desprenderse que la iniciativa de llevar a cabo la contratación de CENYT partiese" de él, "ni que este fuese informado con detalle de los resultados de las gestiones" del grupo de Villarejo. "Mantener esto serían meras conjeturas sin soporte alguno en documental o declaración practicada", añade.
Para García Castellón, como en el caso de Fainé, el "hecho de que Brufau estuviese al tanto de la contratación de un servicio externo de seguridad de la que no conocía no es un elemento incriminatorio aceptable en este momento procesal".
"Por tanto", concluye el magistrado, "no hay indicios ni sospechas de que la orden de contratar a CENYT fuese conocida por la presidencia de Repsol ni de que el presidente fuese informado de sus resultados". "Además de que no tuvo participación tampoco en el pago del proveedor, algo realizado por el señor Araujo con su presupuesto y en el ámbito de sus funciones", concluye.
En lo que respecta a Repsol y CaixaBank como personas jurídicas, el juez afirma que de las testificales practicadas se ha podido acreditar que "ambas compañías habían evaluado los riesgos propios de su actividad e identificado los delitos de cohecho y de descubrimiento y revelación de secretos como riesgos concretos de su actividad".
Además, tanto la petrolera como la entidad "contaban con controles eficaces para la prevención" de sendos delitos, tenían "un canal de denuncias adecuado y conocido por los empleados para la comunicación de cualquier infracción del marco de control y prevención", y contaban con "una Unidad de Cumplimiento encargada de la vigilancia y control del modelo implantado".
"En definitiva, ambas compañías, reguladas, supervisadas y auditadas, cumplían con sus obligaciones de supervisión y control sin que se pueda achacar a un déficit en esta materia la presunta comisión de los delitos que han sido investigados por este instructor", justifica.
En su descripción de los hechos, el magistrado hace un repaso a cómo los procesados participaron en el presunto espionaje al entonces presidente de Sacyr. En concreto, después de que Del Rivero llegase a un acuerdo con Pemex "para aumentar su participación en Repsol".
El instructor señala que "la finalidad de esta contratación" de Villarejo por parte de los exjefes de Seguridad "era frustrar el acuerdo". "A raíz de este encargo conjunto, el grupo CENYT confeccionó el denominado 'proyecto WINE'. En su encargo participaron Araujo y Fernández Rancaño", sostiene.
Estos "tuvieron varias reuniones con Villarejo y con Redondo, entre finales de 2011 y la primera mitad de 2021". "A su vez, también tomó parte en la gestión del encargo y en las reuniones" el ya mencionado Rafael Girona.
Los servicios de investigación contratados se centraban, apunta el juez, en obtener información sobre Del Rivero, su mujer, el jefe de seguridad de Sacyr y sobre el antiguo director financiero de Repsol Fernando Ramírez Mazarredo. "Como resultado de este encargo se confeccionaron varios informes y documentos", precisa.
En concreto, relata, "se accedió a información referida a llamadas telefónicas realizadas por Luis del Rivero y otras personas de su entorno, lo que constituyen datos de carácter reservado, a los que no se tiene acceso por fuentes abiertas ni registros públicos".
Por estos encargos, concluye en su relato el juez, el comisario jubilado facturó un total de 413.600 euros, de los que 218.900 euros se abonaron con cargo a Repsol y 194.700 euros con cargo a CaixaBank.
