El IVF adjudica a 'SGS Tecnos' la redacción de la 'due diligence' técnica y legal del estadio Rico Pérez

ALICANTE. El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) ha adjudicado a 'SGS Tecnos' el servicio 'due diligence' técnica y legal del estadio Rico Pérez.

El banco del Consell anunciaba este martes la adjudicación de este contrato de auditoría por 28.899,37 euros (IVA incluido), siendo el plazo de redacción de la misma de 16 semanas no prorrogables y debiendo el adjudicatario presentar a las ocho semanas un borrador de su informe de auditoría.

Como contó Alicante Plaza, la mesa de contratación del IVF había propuesto la adjudicación a la citada mercantil (por su tamaño tiene naturaleza de 'pyme'), después de valorar su oferta con 100 puntos, por los 86,61 que otorgó a la de 'IDOM Consulting, Engineering, Architecture', la otra interesada.

El presupuesto base de esta licitación ascendía a 36.124,21 euros (29.854,72 euros, más 6.269,49 en concepto del 21% de IVA), mientras que la oferta económica de SGS era de 28.899,37 euros (IVA incluido) y de 32.886,00 euros (IVA incluido) la de IDOM.

Por medio de esta auditoría el IVF aspira a conocer el estado del Rico Pérez, su grado de cumplimiento de los requisitos legales y normativos aplicables, con el fin último de determinar si puede o no, a día de hoy, albergar competiciones deportivas o eventos y la existencia de posibles riesgos. Además, SGS se ha comprometido a realizar sin coste adicional (también lo hacía IDOM) un estudio de la situación actual de la instalación ante su hipotética reconversión en un 'Arena' o espacio multiusos.

Desinversión del IVF en el Hércules

El estadio Rico Pérez fue tasado el pasado mes de octubre en 11,3 millones de euros, es decir, en 2,2 millones menos que en 2017, cuando fue valorado con carácter previo a su subasta judicial junto a otros bienes y derechos de Aligestión Integral, en el marco del proceso de liquidación de esta.

Tras ser el adjudicatario de la citada subasta, el IVF se marcó como objetivo la enajenación de los bienes (el estadio y un paquete que representaba entonces el 15,07% del capital social del Hércules) que había hecho suyos para compensar la deuda que había contraído con él la Fundación del Hércules (de la que Aligestión era fiadora), como consecuencia de la ejecución en 2012 por el Banco Sabadell del aval público prestado a este ente dos años antes para que obtuviera de la desaparecida Caja de Ahorros del Mediterráneo un préstamo de 18 millones de euros. 

Primero se deshizo, no sin dificultad (por medio de una adjudicación directa, después de dos subastas fallidas, la primera quebrada y la segunda desierta), del mencionado 15,07% de las acciones del club blanquiazul, al formar con ellas y la deuda (el derecho de crédito) que mantenía con él todavía la Fundación (cuyo importe ascendía en ese momento a 15,4 millones) un paquete que a cambio de 508.150 euros terminó en manos de Zassh Tecnológica, una mercantil de Enrique Ortiz y Juan Carlos Ramírez. Dicho derecho de crédito tenía (y tiene) importancia para ambos empresarios, pues en virtud del impago del mismo el banco del Consell había embargado judicialmente las acciones del Hércules titularidad de la Fundación y que representaban (y representan) la mayoría accionarial (hoy el 53% del capital social). Es decir, subrogarse al IVF como acreedores de la Fundación les confería automáticamente la condición de dueños oficiosos del club, pues la Fundación del Hércules seguía siendo titular de la mayoría de las acciones, pero si Zassh ejecutaba el embargo pasaban a sus manos.

Y ahora, el banco del Consell va a conseguir deshacerse del Rico Pérez gracias al interés de la Generalitat en adquirirlo para desarrollar en él un proyecto bautizado como 'Arena Alicante': reconvertirlo en un espacio que acoja también eventos socioculturales, no solo acontecimientos deportivos. Como necesita ponerle un precio de 'venta' (realmente será una cesión onerosa), el IVF ha tasado la instalación y ahora adjudicado la redacción de la mencionada 'due diligence' (para saber cómo está y qué necesita para cumplir con la función que quiere la Generalitat que tenga).