BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm tendrá que retrasar las obras del colegio público Leonor Canalejas. El motivo no es otro que el recurso interpuesto por el Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante, que ha dilatado el proceso de adjudicación del contrato. Como se recordará, el Consistorio había recibido ayuda económica por el Plan Edificant para la construcción de un pabellón multiusos. Ahora, piden a la Conselleria de Educación una modificación del presupuesto para no perder la subvención.
En este sentido, reclaman que el grueso de la ayuda se traspase a 2020, ya que es imposible que se ejecute en lo que queda de año. Así lo refieren los informes técnicos a los que ha tenido acceso este diario, que indican que estuvo paralizado por el recurso alrededor de un mes. Tras esto, se formalizó la adjudicación el 6 de junio de este año, que tiene que redactar el proyecto y posteriormente construirlo.
"En la actualidad [por el 27 de agosto] se espera que la empresa contratada entregue el proyecto de construcción, si bien en conversaciones mantenidas con la mercantil nos han anticipado los criterios que ya están establecidos por la misma", recoge el informe de los técnicos para justificar el cambio en las anualidades del presupuesto.
En este sentido, los 2.960.446,88 euros proyectados para este 2019, se quedarán en 150.000 euros, que es lo que prevén gastar antes de finalizar el año. Mientras que para 2020 va el grueso del importe, con 2.689.429,58 euros. Eso implica que las obras, previstas para su finalización en 2020, se prolongarán ahora también durante el 2021, para el que han dejado un montante de 900.031,23 euros.
Como ya contara este diario, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales declaró legal la licitación de la asistencia técnica para la redacción del proyecto del nuevo pabellón del CEIP Leonor Canalejas. No vieron probado que hubiera ilegalidad alguna respecto a los criterios de adjudicación de este contrato, como así denunciaba el Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante.
El Colegio de Arquitectos alicantino recurría la adjudicación porque entendía que los criterios para haber elegido a la empresa ganadora estaban pensados para que solo fuera decisivo el precio que ofertaran las mismas.
Por ese mismo motivo defienden desde el Tribunal que esta "circunstancia debe hacerse evidente desde el momento de su aprobación, pues si su constatación depende realmente del resultado de la licitación es, precisamente, porque existe la necesaria incertidumbre que garantiza que sean las ofertas de los competidores las que, en libre concurrencia, determinen quien realiza la proposición que conduce a una mejor relación calidad precio".
