El exalcalde de Calp, Javier Morató, junto a su abogado, a su llegada al edificio judicial de Pardo Gimeno en la jornada inaugural del juicio. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. El proceso sobre el presunto fraude de la basura de Calp, investigado en una de las ramas despiezadas del caso Brugal, quedó visto para sentencia este lunes en la Audiencia de Alicante tras la exposición de los últimos informes de conclusiones por parte de las defensas de los acusados. A grandes rasgos, los letrados de los procesados que todavía no habían expuesto sus alegatos finales, como el del exalcalde Javier Morató, negaron la existencia de los delitos que se les atribuyen y volvieron a repetir parte de los argumentos que ya usaron en la exposición de las cuestiones previas.
Entre ellas, apuntaron las anomalías que -según consideran- se habrían cometido a lo largo de la instrucción como la indefensión a las que se les habría sometido al no aclarar los términos de sus imputaciones; la petición de nulidad de las escuchas en los que se sustenta el origen de la investigación (la adjudicación del contrato de recogida de la basura del municipio de Orihuela) o la exposición de la prescripción de los presuntas infracciones que se dirimen en el proceso.
De igual modo, insistieron en que, en todo caso, el fondo del asunto a discernir debería ser si hubo o no una manipulación del pesaje de las toneladas de residuos facturadas al Ayuntamiento, lo que -según esgrimieron- sería objeto de un procedimiento contencioso-administrativo y no de un juicio penal, como es el caso.
En este sentido, incidieron en que la prueba practicada a propuesta de la Fiscalía Anticorrupción a lo largo de toda la vista no había conseguido demostrar la existencia de un enriquecimiento ilícito por parte de los ocho acusados, de modo que no podía considerarse que los hipotéticos errores en el pesaje quedasen asumidos a cambio del cobro de presuntas dádivas. En concreto, los cien millones de las antiguas pesetas que, según la Fiscalía, habrían percibido por parte de los responsables de Colsur (ahora Sirem): la empresa adjudicataria del servicio de tratamiento de residuos.
Como era esperable, la versión de las defensas fue, así, completamente opuesta a la defendida por la Fiscalía y por la acusación particular (ejercida por el Ayuntamiento de Calp) el pasado viernes. Entonces, ambas acusaciones ratificaron sus solicitudes de condena por los delitos investigados (cohecho, prevaricación, malversación y blanqueo de capitales), a los que la Fiscalía añadió, además, otro ilícito adicional: el de fraude.
Así, será el tribunal el que determine ahora qué hechos se consideran probados, en una sentencia que no se espera para antes de la próxima primavera. Es decir, 24 años después de que el ayuntamiento calpino aprobase la adjudicación del contrato a Colsur. Como viene informando este diario, el proceso se dirige contra los expolíticos del PP de Calp, Javier Morató, Fernando Penella y Juan Roselló; contra dos allegados o familiares de este último, Francisco Artacho y Amparo Femenía; contra el funcionario municipal Juan Cervantes y contra los empresarios de la mercantil Colsur, Ángel Fenoll y su hijo, Antonio Ángel.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que los políticos pactaron con el contratista el pago de comisiones a cambio de esa adjudicación. Unas comisiones que, presuntamente, se hicieron efectivas durante los años siguientes. Según el escrito de acusación inicial de la Fiscalía, en su distribución, los expolíticos pudieron repartirse 100 millones de las antiguas pesetas (600.000 euros), mientras que otros 20 millones (120.000 euros) fueron destinados al club de fútbol local y 4 millones (24.000 euros) a un intermediario.
Según la Fiscalía, Colsur incrementó supuestamente de forma fraudulenta el número de toneladas de basura tratadas para hinchar la factura que debía abonar el ayuntamiento y, así, obtener los recursos necesarios para poder cubrir el reparto de esas comisiones. Así, solicita para los ocho procesados penas que oscilan entre los dos y los 14 años de prisión.
La causa sobre el servicio de tratamiento de los residuos de Calp es una de las veinte piezas desgajadas del caso Brugal que todavía permanecían pendientes de juicio. Tras su desarrollo, todavía debe celebrarse el proceso relacionado con la adjudicación de la planta de tratamiento de residuos de la Vega Baja a la oferta presentada por una UTE liderada por el empresario Enrique Ortiz. La vista respecto a esta última causa se inició en noviembre, con la exposición de las cuestiones previas. No obstante, como en el juicio sobre la rama de Calp, su resolución también quedó demorada al dictado de la sentencia. El proceso se retomará en enero con la declaración de los acusados, entre los que figura el expresidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, además de Ortiz y del propio Ángel Fenoll.
