El fraccionamiento de contratos que 'persigue' a la futura directora de Agencia de la Energía

BIAR. El pleno municipal de Biar lleva varias sesiones intentando aprobar unas obras de la renovación de red de agua potable de la etapa de Magdalena Martínez Martínez, alcaldesa del PP hasta 2015 y actualmente propuesta para ser la directora general de la Agencia Provincial de la Energía de la Diputación de Alicante. Y las obras no se aprueban porque hay un informe de la secretaria de la corporación, con fecha de febrero de 2017, que viene a concluir que esas obras, que ascienden a 51.245 euros, por un lado, y 26.270 euros, por otro, están plagadas de irregularidades en su contratación. Según la secretaria de la corporación, "se eludieron los controles de fiscalización dado que la facturación de la obra se fraccionó presentando una factura en diciembre de 2015 con apariencia de obra menor de mantenimiento y conservación, sin que en ese momento se entregara a Intervención la certificación de obra propia de las obras mayores. Las siguientes facturas se presentan en 2016 y es ahí cuando se detecta el fraccionamiento del contrato". A ello se añade que las obras se hicieron sin tener encargo de nadie. "No consta en los expedientes documento alguno de Alcaldía ni de ningún otro órgano colegiado del Ayuntamiento que hiciera pensar que se había procedido a la contratación de las obras anteriores", añade la alta funcionaria del Consistorio de Biar.

En concreto se trata de dos proyectos de obras. La primera de ellas es la obra de Rebombeo depósitos y Cerro la Virgen, que, según el informe, fue objeto de compensación con cargo al canon de la concesión de ese año. El importe de las obras ascendía a 29.975,50 euros, más el IVA, es decir, 36.270,36 euros. Sobre su financiación, la secretaria de la corporación recuerda que "en atención a los antecedentes resulta que en abril de 2014 se contrataron las obras para la ejecución de un rebombeo entre depósitos de agua por importe de 29.975,50 euros". A su juicio, esas obras deben considerarse obras de inversión, por lo que en el momento de la contratación debían de contar con consignación adecuada y suficiente para la ejecución íntegra de las mismas, algo que al parecer no sucedió, de ahí que advierte que "no existía partida alguna en el capítulo 6 que consignara el importe de la obra de inversión contratada, por lo que éstas se adjudicaron sin consignación adecuada y suficiente". 

A la falta de consignación se añade que esas obras tuvieron una duración superior a un año: se certifican en diciembre de 2015 y en febrero de 2016. Según la secretaria, "no podrán tener una duración superior a un año los contratos menores definidos en el artículo 138.3, ni ser objeto de prórroga". Por esta razón, añade la técnica, los contratos de obra que tengan una duración superior a un año, aunque no superen la cuantía de 50.000 euros, "deberán adjudicarse por alguno de los siguientes procedimientos; procedimiento negociado, abierto o restringido, pero nunca procederá la adjudicación directa propia de los contratos menores". 

Así, en este caso, el de las obras del rebombeo, la secretaria concluye que "se adjudicó con ausencia total y absoluta de los informes de secretaría e intervención, informe preceptivo y previo a la adjudicación de estos contratos, por lo que resultó imposible la fiscalización previa del acto" y que "el objeto del contrato fue fraccionado creando la apariencia de contrato menor de mantenimiento y conservación, además de no haber sido facilitada la documentación necesaria junto a la factura de 2015".

Sobre la otra obra, la de la renovación de la red de agua potable en la Avenida de Alicante de Biar, que se debía realizar en cuatro fases, también se detectan varias anomalías, siempre según el informe de la secretaria. Entre ellas, que "no hay constancia de que se presentara memoria para la renovación de las infraestructuras y tampoco consta en los expedientes documento alguno de Alcaldía ni de ningún otro órgano colegiado del Ayuntamiento que hiciera pensar que se había procedido a la contratación de las obras anteriores".

En cuanto a la financiación, la secretaria llega a la conclusión de que "se eludieron los controles de fiscalización dado que la facturación de la obra se fraccionó presentando una factura en diciembre de 2015, correspondiente a las obras de la Fase I, con apariencia de obra menor de mantenimiento y conservación, sin que en ese momento se entregara a Intervención la certificación de obra propia de las obras mayores. Las siguientes facturas se presentan en 2016 y es ahí cuando se detecta el fraccionamiento del contrato". Sobre la contratación de las obras, la alta funcionaria reitera lo dicho con las anteriores obras. La obra nunca debió contratarse como contrato menor.  Y, por tanto, la secretaria vuelve a enumerar las irregularidades, pone reparos al expediente y exige su paralización "por insuficiencia e inadecuación de crédito y por la omisión en el expediente de requisitos y trámites esenciales". 

Por todo ello, de esto este proceso, la secretaria de Biar accede a que se pague la liquidación del servicio del agua de 2016, pero no así las obras hasta que se solvente el trámite administrativo, lo cual ha obligado al Ayuntamiento de Biar a la aprobación de reconocimiento extrajudiciales de crédito, sobre todo, en el primer caso, el de las obras del rebombeo, pero no así, en las de la renovación de la red de agua potable porque no existe encargo de nadie.