MADRID (EP). El inspector del Banco de España (BdE) Ángel Regúlez ha apuntado este miércoles en el juicio que acoge la Audiencia Nacional contra la excúpula de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) que el exdirector de la entidad Roberto López Abad se prejubiló poco antes de la intervención del supervisor y su posterior venta al Banco Sabadell, con unas condiciones especiales para la alta dirección pese a haberse acogido al ERE acordado para toda la plantilla.
En esta nueva sesión de vista oral, el perito judicial ha precisado a preguntas de las partes que los directivos de la entidad que acordaron su prejubilación están al mismo nivel que el resto de empleados de la caja y por tanto tendrían que haberse acogido a las condiciones comunes y no a la pactada para la cúpula en el Consejo de Administración de 2005. "En las actas de gobierno previas a julio de 2011 y que hacen referencia al tema de jubilación de directivos no aparecen los nombres de altos cargos. Nos choca que se acojan al ERE y lo hagan en condiciones especiales", ha subrayado el experto que se ha referido concretamente al caso del exdirector López Abad que percibió 5.561.000 euros a su salida.
El exdirector de la entidad alicantina no constaba en el listado de prejubilaciones fechado a enero de 2011, siempre según los peritos, que no han pasado por alto que su adhesión se produjo tras la ruptura del Sistema Institucional de Protección (SIP) integrado inicialmente por la CAM y otras tres cajas para formar el Banco Base; proyecto que no prosperó ante las dudas de solvencia de la caja, que acabó recibiendo una inyección del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) de 5.249 millones para reflotarla.
Según apuntó el fiscal del caso Luis Rodríguez Sol en su escrito de conclusiones provisionales, un total de seis altos cargos recibieron estas indemnizaciones por valor de quince millones y medio de euros. Si se hubieran aplicado las condiciones del ERE se habrían pagado 5,7 millones de euros menos, como ya indicó ayer Regúlez. Frente a este tesis, algunos de los ocho peritos que han vuelto a comparecer ante el tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo han mostrado sus discrepancias al entender que los directivos se acogieron a unas condiciones aprobadas por el Consejo de Administración en 2005 y convalidadas cinco años después.
Operaciones ficticias
Las partes se han referido también a las titulizaciones -uno de los mecanismos empleados por la cúpula para simular aumento de beneficios en las cuentas de 2010 y 2011, según el fiscal- y al respecto han apuntado que se trató de un producto financiero que no tuvo inversor por lo que en realidad no se transmitieron ni los riesgos ni beneficios del mismo. Consecuentemente la caja asumió la totalidad de la pérdida esperada.
Tampoco aportaron liquidez a la entidad porque en realidad "nadie invirtió" por este producto, según ha apuntado el perito Germán López Espinosa, propuesto por la defensa del exdirector de información financiera Salvador, Ochoa, acusado en el procedimiento. El experto ha matizado que el objetivo era bajar la tasa de mora de acuerdo con la tesis del Ministerio Fiscal que apunta que estos contratos se ocultaron al auditor externo para aparentar esa ficticia transferencia de riesgos de los activos que permitió darlos de baja del balance y liberar provisiones constituidas, por lo que a final del ejercicio de 2010 se generaron resultados positivos falsos en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Ocho exdirectivos de la entidad se sientan en el banquillo de los acusados por los delitos de fraude, apropiación indebida y falsedad en las cuentas y se enfrentan a penas que van desde los diez meses a los siete años y medio de prisión.
Roberto López Abad, entre María Dolores Amorós y Modesto Crespo, en la primera sesión del jucio. EFE
