ELCHE. Como está ocurriendo en la mayoría de empresas, y también en el sector del textil, donde las grandes marcas, si no aplican ya el ERTE, lo harán a partir del 15 de abril como el caso de Inditex, están también en esta situación. La última firma importante en acogerse a un Expediente de Regulación de Empleo Temporal ha sido Primark, que lo ha hecho para prácticamente el 100% de su plantilla en todo el territorio nacional, es decir, alrededor de los 6.300 trabajadores que registra Primark Tiendas SL, de los que más de la mitad son personal de tienda. A nivel autonómico son alrededor de 900 personas y a nivel de la provincia de Alicante, 400.
En territorio alicantino, la compañía tiene presencia en el Centro Comercial Gran Vía de Alicante, en el Centro Comercial L'Aljub de Elche, que afecta a unos 100 trabajadores, en el Centro Comercial la Zenia de Orihuela Costa. A escala autonómica, también tenía presencia con dos tiendas en València, con unas 350 personas entre Aldaia y Ruzafa y otro centenar en Castellón. En total, alrededor de 900 personas —contando indefinidos, con personal eventual podría llegar al millar— a las que se suspenderá el contrato temporalmente hasta que finalice la causa de fuerza mayor. En este caso, el coronavirus.
La firma presentará el ERTE de forma retroactiva a fecha del 15 de marzo, un día después de que se decretase el Estado de Alarma, e irá revisando con el comité de empresa intercentros la situación conforme se vaya evaluando la situación. A priori, se reunirán con la representación de los y las trabajadoras próximamente para ver la situación que se abre a partir del 1 de abril para ver hasta cuándo se alarga este expediente, que no tiene fijado una fecha de fin ya que este está ligado al fin del decreto del Gobierno. No obstante, su decisión ha sido criticada por sindicatos como CCOO, que hacían público el mismo día de la presentación del ERTE, que Primark no ha aceptado aplicar una licencia retribuida como pedía el sindicato.
A ese respecto, denuncian que "empresas como Primark no se pueden comparar al pequeño y mediano comercio, por lo que el patrimonio empresarial puede asumir el coste salarial de este periodo y no es necesario cargar al Estado los costes salariales de siete mil empleados". En este sentido, según información oficial, la compañía textil ingresó en 2018 más de 1.400 millones de euros y un resultado de explotación de 130 millones. Así pues, las condiciones del expediente son la prestación por desempleo del 70% de la base reguladora salarial, y la empresa completará el resto hasta el 100% del salario.
Desde el sindicato explican que habían solicitado que la empresa completase la totalidad de la base reguladora y señalan qué condiciones sí ha aceptado la firma irlandesa: no descontar del salario anual la cantidad que pertenece al tiempo que el contrato queda suspendido, no descontar los días de vacaciones devengados durante dicha suspensión y que las vacaciones no disfrutadas durante este periodo se acordarán de nuevo con la dirección de las tiendas.