BENIDORM. El Defensor del Pueblo ha trasladado al Ministerio de Trabajo y Economía Socia la queja emitida por la plataforma de 'las kellys' de España. En ella reclaman que las ayudas económicas lleguen a las camareras de piso con contratos eventuales en las mismas condiciones que al resto de los que han entrado en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). En un escrito al que ha tenido acceso Alicante Plaza, este órgano estatal responde a la petición del colectivo asegurando que "no resulta irrazonable y merece ser examinada".
Así, deriva la petición al Ministerio para que "se estudie la situación en que se encuentran estas trabajadoras del sector hotelero y se valore la procedencia de introducir medidas que mejoren su marco de protección frente al desempleo mediante la adopción de las medidas que estime que puedan resultar más adecuadas".
La queja emitida por la plataforma de camareras de pisos hablaba de "una clara discriminación a las eventuales y externalizadas, despedidas de manera improcedente en época de la covid-19 y como consecuencia de esos despidos no han sido incluidas en ningún ERTE por fuerza mayor".
Según señalan en su queja, antes de que se decretara el estado de alarma, algunos hoteles comenzaron a emitir despidos improcedentes a sus trabajadores, entre las que se encontraban las eventuales. Éstas solicitaron la ayuda en el SEPE, pero a diferencia del resto de sus compañeros, no están incluidas en los ERTE y sí que les están contando los días en los que están recibiendo el desempleo.
"Y es aquí donde consideramos que existe una clara discriminación con respecto, no solo al personal indefinido de su departamento si no al resto de los profesionales que conforman la plantilla de los hoteles, pues se encuentran con la desventaja de que sí se les va a contabilizar su prestación contributiva por desempleo, agravado además por la imposibilidad de trabajar por estar inactiva su actividad económica", explican en su queja.
A continuación, recalcan que no van a volver a trabajar esta temporada "debido a la prolongación de los ERTE ya aprobados", una situación que se agrava sabiendo que "no podrán acumular cotizaciones suficientes para solicitar ninguna otra prestación contributiva y se verán abocadas a la solicitud de una subvención que mermará su bienestar familiar y en riesgo, a la postre, de exclusión social", augura la organización.
Por todo ello, piden que las prestaciones contributivas no sean contabilizadas. Por último, exponen la dificultad de aflorar estos casos en los juzgados por miedo a perder el trabajo. Así, reclaman cierta protección del Defensor del Pueblo.