La Torre Placia, que forma parte del BIC de las Torres de la Huerta. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El traslado del edificio de la Torre Placia, al que obliga una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) para respetar la integridad del Bien de Interés Cultural (BIC) de las Torres de la Huerta del que forma parte, puede volver a quedar en el aire. El desarrollo de la operación está ahora en manos de una comisión técnica de expertos formada por tres arquitectos (uno elegido por designación municipal, otro por parte del Colegio Oficial de Arquitectos y otro en representación del Ministerio de Cultura), después de haber superado la fase que, a priori, se presumía más compleja: que el desplazamiento fuese autorizado por el Ministerio de Cultura y que el Ayuntamiento de Alicante cerrase un acuerdo de compra con sus hasta ahora propietarios particulares.
La adquisición se formalizó en noviembre de 2017 bajo la etapa de gobierno del PSOE en solitario, por un importe final de 1,7 millones, lo que permitió que se planificase el concurso de redacción de proyecto y ejecución del traslado propiamente dicho desde la calle Campoamor hasta el emplazamiento autorizado por el ministerio que ahora coordina José Guirao: una parcela municipal concebida como zona verde que se sitúa entre las avenidas Pintor Pérez Gil y Conrado Albadalejo y la calle Juan Francés.
El actual equipo de Gobierno, del PP, aprobó la licitación de los trabajos a finales de noviembre por un importe de 1,7 millones (impuestos incluidos). Y la mesa de contratación abrió este miércoles los primeros sobres de las seis ofertas presentadas por empresas o alianzas empresariales (UTEs) interesadas en llevarlos a cabo. Se trata de las registradas por Estudios y Métodos de la Restauración; la UTE compuesta por Avala Infraestructuras y Pinturas y Decoraciones SA; Albaida Infraestructuras; Grupo Bertolín; la UTE formada por Construcciones y Desarrollos Tudmir y Patrimonio Inteligente; y la UTE que integran P. Selva Obras y Servicios y Alebús Patrimonio Histórico.
No obstante, el progreso de la adjudicación queda supeditado ahora a la evaluación que la citada comisión de expertos debe efectuar sobre la propuesta técnica planteada por cada uno de esos seis licitadores. Los tres arquitectos que integren esa comisión (al parecer, todavía no se ha designado el representante del Ministerio de Cultura), deben analizar si el procedimiento de desmontaje, traslado y reconstrucción de la torre que plantean esas empresas resulta viable o si, por el contrario, puede poner en riesgo la conservación del baluarte.
Los paneles informativos sobre el baluarte.Las fuentes consultadas precisaron que se trata de una operación muy compleja, ya que, además de la dificultad que entraña el desmontaje y reconstrucción de los muros por el material empleado en su construcción, se debe respetar también el aljibe subterráneo que existe en su interior. De hecho, según las mismas fuentes, podría darse el caso de que la convocatoria se declarase desierta si ninguna de las propuestas presentadas superase ese análisis técnico y se concluyese que la conservación el edificio no está garantizada. ¿Qué sucedería entonces? En ese caso, fuentes municipales llegaron a apostar por plantear al TSJ que su sentencia generaría un impacto económico y cultural mayor del que pretende proteger.
Como viene informando Alicante Plaza, la propuesta de traslado fue la solución alternativa planteada por el Ayuntamiento de Alicante frente a la demolición de las 40 viviendas que se construyeron en el perímetro de protección que preserva la Torre. El TSJ aceptó ese plan B siempre que se respetase la integridad del bien, tras aceptar que la demolición de las viviendas obligaría a indemnizar a los propietarios (lo que implicaría un coste mayor que el de la operación de traslado) y generaría su desarraigo.
En su sentencia, dictada en 2004, el alto tribunal declaró nula la licencia concedida bajo el mandato del Partido Popular (PP) a una promotora para levantar 40 viviendas en una parcela colindante con el edificio en cuestión. Siete años después, en 2013, el mismo tribunal ordenó la ejecución de esa sentencia con una resolución en la que forzaba a demoler las viviendas construidas de modo indebido en el entorno de protección de un BIC. Esa resolución afectaba a 11 de los 40 inmuebles levantadas en un radio de 25 metros de la Torre. Sin embargo, la representación legal del Ayuntamiento promovió una fórmula de ejecución alternativa a los derribos (el traslado) y el TSJ la aceptó.
