ALICANTE. El traslado del edificio de la Torre Placia, al que obliga una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) para respetar la integridad del Bien de Interés Cultural (BIC) de las Torres de la Huerta del que forma parte, puede volver a quedar en el aire. El desarrollo de la operación está ahora en manos de una comisión técnica de expertos formada por tres arquitectos (uno elegido por designación municipal, otro por parte del Colegio Oficial de Arquitectos y otro en representación del Ministerio de Cultura), después de haber superado la fase que, a priori, se presumía más compleja: que el desplazamiento fuese autorizado por el Ministerio de Cultura y que el Ayuntamiento de Alicante cerrase un acuerdo de compra con sus hasta ahora propietarios particulares.

La adquisición se formalizó en noviembre de 2017 bajo la etapa de gobierno del PSOE en solitario, por un importe final de 1,7 millones, lo que permitió que se planificase el concurso de redacción de proyecto y ejecución del traslado propiamente dicho desde la calle Campoamor hasta el emplazamiento autorizado por el ministerio que ahora coordina José Guirao: una parcela municipal concebida como zona verde que se sitúa entre las avenidas Pintor Pérez Gil y Conrado Albadalejo y la calle Juan Francés. 

El actual equipo de Gobierno, del PP, aprobó la licitación de los trabajos a finales de noviembre por un importe de 1,7 millones (impuestos incluidos). Y la mesa de contratación abrió este miércoles los primeros sobres de las seis ofertas presentadas por empresas o alianzas empresariales (UTEs) interesadas en llevarlos a cabo. Se trata de las registradas por Estudios y Métodos de la Restauración; la UTE compuesta por Avala Infraestructuras y Pinturas y Decoraciones SA; Albaida Infraestructuras; Grupo Bertolín; la UTE formada por Construcciones y Desarrollos Tudmir y Patrimonio Inteligente; y la UTE que integran P. Selva Obras y Servicios y Alebús Patrimonio Histórico.