Las instalaciones de IFA, que pasarán a formar parte de la nueva sociedad pública. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Cuenta atrás para la refundación de IFA (también de Feria Valencia) como empresa pública bajo la denominación Sociedad Feria Alicante. El pleno del Consell prevé aprobar en el margen de las dos próximas semanas (si no en su reunión del próximo viernes, en la siguiente) el acuerdo de constitución de dicha sociedad que absorberá el activo y el pasivo de la institución ferial con el fin de sanearla y relanzar su funcionamiento. En ese camino, se pretende reforzar la representación empresarial en su comité de dirección de modo que los sectores vinculados a las actividades de la feria puedan tener mayor presencia (voz y voto) en la toma de decisiones en el futuro del complejo ferial.
La hoja de ruta que maneja la Conselleria de Economía para que esa transformación se materialice arrancará, así, con el acuerdo del pleno del Consell por el que se debe dar carta de naturaleza a la transformación de IFA en sociedad pública, integrada en el Sector Público Instrumental de la Generalitat. A partir de entonces, se producirá la subrogación de su plantilla actual, formada por una veintena de trabajadores, que pasarán a depender de la administración autonómica.
Además, como informó Alicante Plaza, en ese momento, tanto los inmuebles que conforman el recinto ferial, como los terrenos anexos para la ampliación de pabellones y su aparcamiento (a caballo entre los términos municipales de Alicante y Elche), pasarán a ser de titularidad autonómica al integrarse de manera efectiva en el inventario de patrimonio de la Generalitat. Como se preveía, con ello se saldará el grueso de la deuda arrastrada por IFA: unos 50 millones de los 76 adeudados a la propia Generalitat, que avaló la compra de los terrenos necesarios para acometer futuras ampliaciones, a través del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).
Parte de esas propiedades (fundamentalmente, el propio recinto empresarial, su zona de aparcamiento y algunos de los terrenos anexos) quedarán adscritos a la Conselleria de Economía, a la que quedará ligada el funcionamiento de IFA. El resto, se adscribirán a la Conselleria de Hacienda, con la pretensión de que puedan ponerse en manos de la Sociedad Proyectos Temáticos (SPTCV) para desarrollar el Centro Internacional de Investigación sobre el Envejecimiento anunciado por el Consell en ese entorno.
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Los cerca de 26 millones restantes de la deuda pendiente quedarán absorbidos por la propia Generalitat, de modo que la empresa pública Sociedad Feria Alicante nacerá ya sin agujeros, en un proceso administrativo que debe completarse antes del mes de agosto, según fuentes de Economía consultadas.
Al tiempo, con la constitución de la nueva empresa pública se dará pie a la creación de su consejo de administración o comité de dirección que, en principio, estará formado por 16 miembros. Nueve de ellos serán representantes de la Generalitat, que dispondrá de mayoría como titular de los bienes de IFA. Además, se prevé que la Diputación y los ayuntamientos de Alicante y Elche designen un representante cada uno, mientras que la Cámara de Comercio nombrará a otros dos y la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), otros dos.
Con todo, la pretensión del departamento que coordina el conseller Rafa Climent es ampliar la representación empresarial en ese órgano de dirección. Para ello, ya se está evaluando una revisión de los estatutos de modo que su composición pueda extenderse a unos 21 miembros. De este modo, se conseguiría ampliar los cuatro consejeros propuestos en representación del sector privado hasta ocho. En esa hipótesis, se contemplaría que la Generalitat siguiese teniendo mayoría, aunque podrían introducirse otros mecanismos para que la administración pública siguiese procurándose el control de las decisiones, sin necesidad de ampliar sus representantes, con la introducción de fórmulas similares a la reserva de una acción de oro o la concesión de capacidad de veto, por ejemplo.
Al margen de ello, también se pretende canalizar la participación empresarial en la gestión del calendario de actividades de IFA mediante la constitución de comités organizadores específicos para cada uno de los eventos que se acuerde programar. Esos comités funcionarían como órganos de consulta con representantes de los sectores asociados a cada tipo de actividad. Con ello, se contaría con la experiencia y el punto de vista del tejido productivo para mejorar el desarrollo de esos certámenes.
Con la constitución de esa sociedad pública para IFA se dará, así, un paso similar a la actuación impulsada por la Conselleria de Economía respecto a otro proyecto que acabó encallando por las deudas contraídas con la Generalitat: el centro de oficios de la extinta Coepa. Como avanzó Alicante Plaza, el pleno del Consell aprobó este viernes el convenio de colaboración entre Labora, el Servicio Valenciano de Empleo y Formación, el Ayuntamiento de Alicante y el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) para reactivar esas instalaciones del polígono de Babel, con el fin de que pueda volver a impartir formación en el horizonte de 2024.
Fuentes de la Generalitat indicaron que "la colaboración entre estas tres instituciones permitirá dotar de un destino acorde con el interés general a esta infraestructura, que se rehabilitará con recursos públicos provenientes de diferentes administraciones públicas (local y autonómica)". Así, las mismas fuentes confirmaron que el proyecto tiene un presupuesto que en total asciende a 5.050.000 euros que se distribuirá en tres anualidades: 313.500 euros durante el presente año 2022; 2.523.500 euros en 2023; 2.163.000,00 euros en 2024 y 50.000 en 2025.
En el marco de este convenio, el Ayuntamiento de Alicante cede gratuitamente durante 50 años a Labora "el derecho sobre el suelo y edificación construida para que pueda crear un Centro de Formación Labora, un recurso destinado a las personas desocupadas o empleadas a fin de mejorar sus habilidades y capacidades profesionales. También se va a prestar apoyo al emprendimiento o la ejecución de cualquier otra política activa de ocupación", explica el comunicado. Por su parte, "el Ayuntamiento se reserva la nuda propiedad y los otros derechos no cedidos de las parcelas, como el aprovechamiento de la superficie de las cuales se ceda. Transcurrido el plazo, y si procede la prórroga, estas parcelas revertirán en el Ayuntamiento gratuitamente y en su integridad, incluidas las obras e instalaciones realizadas".
