Momento de la firma de la compra de los juzgados de Orihuela. Foto: APORIHUELA. Un notario. La Consellera de Justicia, Gabriela Bravo. El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana. El Conseller de Hacienda, Vicent Soler. El Concejal de Patrimonio y Hacienda, Rafael Almagro. Y cinco minutos, que llegan quince años tarde. La primera unidad de tiempo corresponde al tiempo que ha tardado el Consell y Orihuela en rubricar el acuerdo de compra venta de los juzgados. El segundo, es el tiempo que ha transcurrido desde la construcción con fondos municipales hasta que su competente, la Generalitat, lo ha adquirido en propiedad.
Esos escasos cinco minutos no han llegado ni de forma arrebatada, ni esporádica, ni tampoco corresponde al tiempo empleado para llegar hasta ahí. Tan solo es la ejecución literal de un acto esperado desde 2005. La predisposición del Consell viene desde 2016. Ayer se escenificó, bajo la mirada del Oriol en su homónima sala destinada para acoger los actos más importantes, la compra de los juzgados por 4.616.532 euros. El pago se hará fraccionado a partes iguales. El primero será este mismo año y el último en 2023, a razón de 1.154.133 euros por año.
Bascuñana resaltaba "la buena disposición y sintonía institucional por parte de las dos consellerias para resolver esta cuestión enquistada durante tantos años". Con esta compra, "se da por concluido el proceso de regularización de este edificio" afirmaba la Consellera, que a continuación recordaba que "también acabamos con un problema enquistado que el Consell del PP creó".
En 2005, el consistorio construyó unas nuevas dependencias de 1.601 m2 en la Plaza Santa Lucía destinado a reubicar los juzgados. La construcción era necesaria debido a que las antiguas instalaciones se había quedado sin las prestaciones que requerían. En diciembre de 2016, un año después de la llegada del Botànic al Consell acordó la compra al ayuntamiento de este edificio. Tras meses de negociación, en noviembre de 2017 se formaliza la firma de un convenio con el cual se acuerda el pago de un arrendamiento de 75.000 euros anuales, durante los primeros cincos años, y de 125.000 euros hasta el décimo año, máximo contemplado. También se incluyó la opción de compra, valorado en 4.766.532 euros. Tres años después el Consell se ha acogido a esa cláusula y de esta forma regulariza unas instalaciones que son de su competencia. De ese total se han descontado las anualidades de arrendamiento de 2018 y 2019, 75.000 euros cada, con lo que se cierra la compra en los más de 4,6 millones de euros.
El convenio firmado en noviembre de 2017 también recogía la ampliación de los nuevos juzgados. La Consellera, en las declaraciones a los medios de comunicación dejaba la pelota en el tejado del equipo de gobierno para que comiencen los trabajos precisos para la cesión de espacios contiguos con los que llevar a cabo la amplicación. Bascuñana cogía el guante en instaba al edil de Urbanismo, José Aix, y el de Patrimonio, Rafael Almagro -presentes en las declaraciones a los medios- para que desde ya se inicie el proceso de adquirir los terrenos necesarios.
Estas instalaciones sufrieron las consecuencias de las inundaciones del año pasado, pero desde hace años viene arrastrando una importante carencia en infraestructuras. Algunos órganos judiciales están dispersos por locales alquilados y la fiscalía carece de espacio suficiente. Orihuela se hará cargo de los trámites y costes para contar con el terreno sobre el que la Generalitat proyectará la ampliación. Se inician a partir de ahora estos trabajos y el análisis de la figura que será necesaria para adquirir los terrenos. Hasta el momento se desconoce si será necesaria la compra o la expropiación. Bascuñana no ha descartado ninguna opción y ha señalado que se llevará a cabo la que sea precisa.
En cuanto a plazos, la Consellera fija el fin de la legislatura -2023. Antes de que finalice el mandato quiere disponer del proyecto de obra. Esta ampliación pretende concentrar a todos los órganos y las sedes judiciales en unas mismas instalaciones. "Necesitamos albergar nuevos servicios como la cámara Gessel, la unidad de valoración integral, necesitamos que todos los órganos judiciales y todos los servicios estén en un único edifico y por eso queremos dotar a Orihuela de una única sede judicial tal y como se merecen como los profesionales que trabajan en los juzgados y la propia ciudadanía", ha explicado Bravo.
En el plano del corto plazo, la consellera de Justicia ha anunciado que este mismo año comenzarán las actuaciones para reparar los desperfectos ocasionados por la DANA de septiembre de 2019. El presupuesto fijado es de 560.000 euros. También se llevarán a cabo obras de ampliación en la última planta que permitan, a la Fiscalía mientras se ejecuta la ampliación del edificio, disponer de espacios adecuados a sus necesidades.
En cuanto a los antiguos juzgados, Bascuñana ha adelantado que el proyecto está muy avanzado. Falta la autorización de la Conselleria de Cultura, que ya ha sido trasladada de forma verbal, asegura el primer edil, pero están a la espera de la comunicación oficial.
