Echávarri, Salvador, González y Ferrando, durante la presentación del Plan de Acción Territorial. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El plan que impulsa la Generalitat para ordenar y diseñar la expansión territorial y económica de Alicante y Elche -además de otros 18 municipios que orbitan en sus áreas de influencia- no contempla, en principio, la creación de la zona franca que reivindica la Diputación de Alicante -con el concurso necesario de Alicante y Elche, precisamente- como elemento dinamizador de la provincia. No es un descuido ni un olvido, sino una decisión consciente. La iniciativa para habilitar una demarcación libre de impuestos en el Puerto de Alicante y en los terrenos de la ampliación del parque empresarial de Elche no figura entre los puntos reflejados en el documento de partida -y al menos por ahora no se cuenta con ella- porque hasta la fecha "no conocemos ni se nos ha presentado ningún proyecto concreto al respecto", según apuntó a Alicante Plaza la consellera de Vertebración del Territorio, María José Salvador, al anunciar el inicio de los trámites para redactar ese Plan de Acción Territorial, este lunes.
Para Salvador, "se trata de una iniciativa que requiere de un respaldo del Gobierno central que hasta ahora parece que no tiene y de la que tampoco ha trascendido la existencia de ningún inversor interesado que pueda ejercer como elemento tractor para la instalación de otras empresas", añadió. En esta línea, señaló, tampoco está claro que esa zona libre de impuestos especialmente pensada para sociedades dedicadas a la importación y exportación de productos y mercancías resulte beneficiosa para el tejido productivo local. "¿Es bueno para el sector del calzado, por ejemplo, que en esa zona franca se instale un empresa china y se dedique a importar y exportar zapatos o puede suponer que se favorezca a su competencia?", reflexionó. En todo caso, dijo, si finalmente existe ese inversor y se presenta un proyecto como tal "lo estudiaremos".
De hecho, como publicó este diario, el último paso registrado por la Diputación, en noviembre, fue la contratación de la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) para que, además de prestar asesoramiento sobre la iniciativa, buscase inversores interesados en asentarse en ese espacio libre de aranceles. Ese trabajo todavía no ha concluido o, al menos, no se han dado a conocer sus conclusiones. No obstante, este mismo lunes sí trascendió el nombre del que podría ser el primer interesado en participar en el proyecto: el presidente del holding Ying Tay y de la Asociación de Empresarios de Shenzhen y, Wailin Deng, como representante de los industriales de una de las principales ciudades del país asiático, con la segunda bolsa en importancia de China, justo detrás de Shanghai. Deng expresó ese interés en el transcurso de una reunión con la junta directiva del lobby Ineca (que realizó la primera memoria sobre el proyecto a instancias de la Diputación) al reclamar certidumbres que pudiesen avalar una inversión de 27 millones de euros.
Como avanzó este diario, Deng protagoniza una gira en varios puntos de la provincia de Alicante desde la semana pasada y, según las fuentes consultadas, también ha mantenido contactos con representantes de la Generalitat en Valencia. En ese contexto, cobra especial significado la alusión directa de Salvador a un inversor chino a la hora de plantear un ejemplo sobre las repercusiones de la zona franca.
El Plan de Acción Territorial (PAT) del área Alicante-Elche (como el que ya se ha presentado por Castellón y Valencia) trata de ordenar y definir las posibilidades de desarrollo para un ámbito que incluye a veinte municipios y a una población de 800.000 habitantes. Un entorno que cuenta con núcleos para canalizar y atraer inversiones tan importantes como IFA, la EUIPO, El Altet, el Puerto o Elche Parque Empresarial. Se trata de un documento básico para planificar el territorio hacia un horizonte de unos 15 o 20 años, según manifestaron la consellera del área, María José Salvador, y el director general de Urbanismo, José Luis Ferrando.
El plan, cuya redacción saldrá a licitación en un plazo de un mes por unos 350.000 euros, podría quedar completado en 2019, antes de que las próximas elecciones municipales y autonómicas. Una vez aprobado, su contenido será vinculante. O lo que es lo mismo, de obligado cumplimiento como otros instrumentos de planificación territorial del nivel del Patricova (plan de prevención contra indundaciones) o el Pativel (plan de protección del litoral). Los municipios a los que engloba deberán ceñirse a sus determinaciones a la hora de ordenar sus respectivos términos municipales. Es más, Salvador invitó a Alicante y al resto de ciudades incluidas en el PAT que estén en proceso de revisión de sus planes de ordenación urbana a "empaparse" de los criterios que se recogen en el documento de base que sirve como punto de partida para su redacción y que ahora está en fase de estudio de impacto ambiental.
El plan será vinculante, de modo que los ayuntamientos deberán ajustarse a sus determinaciones a la hora de planificar la ordenación de sus términos municipales
Ferrando detalló que el PAT pondrá el foco en tres aspectos básicos. El primero, la creación y puesta en valor de una red de infraestructuras verdes preexistentes (El Palmeral de Elche, el parque natural de El Hondo, etc.) y de otras nuevas que permitan enlazar varios municipios, como el corredor que se pretende en paralelo al río Monnegre. Se trata, dijo, de potenciar un elemento nuclear que contribuirá a potenciar la industria turística. El segundo, será la determinación de un sistema de asentamientos con el fin de definir -en base a criterios objetivos- qué espacios son los más indicados para la implantación de dotaciones y equipamientos públicos, empresas o plataformas logísticas. En definitiva, zonas de oportunidades para el desarrollo de un nuevo modelo económico y productivo basado en la innovación, la especialización y la tecnología. Y el tercer punto, las infraestructuras de movilidad necesarias para organizar los desplazamientos entre esos veinte municipios. En este punto cobra especial importancia, por ejemplo, la unión entre AVE y Cercanías, entre Alicante y Elche.
Tanto Salvador como Ferrando insistieron en que todo queda sujeto a un ambicioso plan de participación pública al que ya se pueden presentar aportaciones por parte de administraciones, empresas o particulares. Entre ellas, se esperan las de Alicante y Elche, con quienes, dijeron, ya se viene trabajando.
Ahora bien, durante el transcurso del acto de presentación, sus dos alcaldes coincidieron en reclamar autonomía municipal en ese proceso en sendos discursos de carácter reivindicativo. El primer edil alicantino, el socialista Gabriel Echávarri, resaltó que el plan constituye una buena oportunidad para coordinar actuaciones en territorios con objetivos comunes pero reclamó que se tenga en cuenta que Alicante es una ciudad con mayoría de edad para decidir sobre su futuro, sin imposiciones.
Su homólogo de Elche, Carlos González (también socialista), compartió ese análisis pero rechazó que su municipio pueda quedar diluido en un área metropolitana como ya se ha pretendido con una ley autonómica hace menos de una década. En esta línea, abogó por establecer una cooperación competitiva entre la segunda y la tercera ciudad de la Comunitat.
Salvador y Ferrando insistieron en que la mejor manera de evitar que se produzcan imposiciones y de que un municipio pueda quedar diluido en un área supramunicipal consiste, precisamente, en presentar aportaciones, de modo que no se deje nada al albur de lo arbitrario. Ambos admitieron que algunas de las necesidades que se contemplen en el documento final pueden depender del Gobierno central al que "este Consell ha reivindicado múltiples actuaciones sin que hasta ahora hayamos obtenido respuesta". "Si no se cuenta con sus aportaciones, al menos tendremos un documento que vuelve a plasmar negro sobre blanco las inversiones que necesitamos para insistir en reivindicarlas", apostilló Salvador.
